Después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó su detención, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, recuperó su libertad.
A 48 horas de su detención y posterior destitución del cargo de rector, que se dio en medio de los diferendos que ha sostenido con la gobernadora del estado Layda Sansores, Abud Flores fue liberado, al concluir la audiencia inicial en el proceso penal que enfrenta, aunque la diligencia judicial continuará el próximo domingo en la Sala de Juicios Orales.
- El Dato: UNAS DE LAS PRIMERAS palabras del exrector tras su liberación fue expresar su sentir: “Me siento mejor, voy a ver a mi familia”, dijo, tras salir de su audiencia.
El martes, en una maniobra opaca y considerada una “inadmisible vulneración e intromisión” a la autonomía de la UACAM, el rector fue destituido de su cargo menos de 24 horas después de ser detenido por policías de Campeche en supuesta posesión de droga.
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Luego del término de la audiencia del miércoles, no se emitieron medidas cautelares en contra del exrector y su defensa solicitó la duplicidad del plazo legal para fortalecer su estrategia.
CUMPLIMIENTO DE LEY. El exfuncionario universitario fue retenido junto con dos personas durante más de 48 horas, acusado de posesión de cinco gramos de cocaína, y puesto en libertad ocho horas después de que la Presidenta Sheinbaum puso en entredicho su aprehensión, al advertir que la justicia no puede ser una vía de represalias políticas.
“Pedí una nota el día de hoy (miércoles) al secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) y a la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) sobre cuáles son las… digamos, de qué se le acusa y cuáles son las pruebas para su detención... No se puede usar la justicia como una vendetta política. Eso no puede existir, no puede existir”, dijo la Presidenta.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal dijo que, sin importar el cargo, si alguien comete un delito tiene que haber cumplimiento de la ley y tiene que haber justicia.
“Cuando revisemos, les puedo dar mi opinión. No puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto público. No debe haber. Si hay una detención de un personaje relevante, como un rector o alguna otra persona que tenga un espacio en la vida pública, periodistas —que lo hemos visto aquí que se dedican a difundir y a garantizar la libertad de expresión—, no debe haber nada que tenga que ver con un asunto público”, dijo.
No obstante, agregó que nadie está exento de la justicia y la ley es una norma social que garantiza la democracia, por lo cual el gobierno la tiene que garantizar.
“Ahora, hay personas, personajes, como un rector, como un periodista, que pueden haber cometido un delito no… También al revés: no por ser rector estás exento de la justicia o no por ser periodista, pues estás exento de la justicia, si cometiste un delito; o no por ser presidente municipal, gobernador, diputado, senador o cualquier puesto de elección popular. Si cometes un delito, pues tiene que haber cumplimiento de la ley, tiene que haber justicia”, declaró.
Tras recalcar el dicho de que “nada ni nadie puede estar por encima de la ley”, refirió que el gobierno es quien debe garantizar esto. Y bajo este contexto, dijo confiar en la gobernadora Layda Sansores, al definirla como una “mujer que ha luchado toda su vida por la democracia”.
EL DEBIDO PROCESO. La defensa legal de Abud Flores dijo que en la detención del exrector no se siguieron los protocolos correspondientes y no existen pruebas que acrediten que la presunta droga estuviera dentro del vehículo en el que se transportaba.
“Me compartió la carpeta de investigación el Ministerio Público y sustancialmente el tema es que se encontró droga al interior del auto en el que viajaba el doctor Abud, presuntamente una cantidad de cinco gramos —de cocaína, distribuidos en 10 bolsitas—. Desde luego, ese narcótico no lo traía el doctor y no se encontraba en el vehículo; nosotros, su defensa, vamos a sostener que esa droga no la traía”, dijo.
En entrevista, el abogado Edwin Trejo explicó que los policías trasladaron la unidad hasta la fiscalía junto con los detenidos, cuando los protocolos periciales establecen que el vehículo debía permanecer en el lugar de los hechos para su procesamiento por personal especializado de la fiscalía, con el fin de documentar con certeza el origen y ubicación de cualquier evidencia.
Al preguntarle si fue legal que el exrector fuera destituido de su cargo por ser detenido, dijo que, una vez que fue liberado Abud Flores, el tema será estrictamente universitario y se tendrá que analizar con el Consejo Universitario si la sesión en la que fue removido fue legal.
“Como universitarios, ellos van a tener que resolver ese tema porque cualquier persona puede ser detenida por circunstancias diversas, hasta un hecho de tránsito, pero ninguna persona que se ve sometida a una situación así merece que le quiten el trabajo. El doctor Abud tendrá que ver si fue procedente o legal esa sesión y lo hará valer ante el propio Consejo”, expuso.
El abogado también apuntó que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) mandó una representación de dos abogados a las salas orales para mostrar su respaldo al doctor Abud.
“Para la ANUIES, el doctor sigue siendo el rector, porque este incidente que está sufriendo pues no había razón para que no cumpliera su mandato”, afirmó.
EMBATES A CASAS DE ESTUDIO. La tarde del miércoles, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González, dijo en entrevista que recibió el testimonio de la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen, Sandra Martha Laffon Leal, quien habría sido contactada por funcionarios del Gobierno estatal para solicitarle su renuncia.
Agregó que la académica no aceptó dicha petición y advirtió que ambas universidades públicas del estado están en una situación de “riesgo institucional”.
El titular de la ANUIES señaló que este caso se suma a otros conflictos recientes en universidades públicas del país, ocurridos en momentos cercanos a procesos de reelección de sus autoridades, lo que la asociación ha identificado como posibles intentos de interferencia de gobiernos estatales en la vida interna de las instituciones; sin embargo, el caso de Campeche es muy particular, ya que implica el uso del sistema de justicia penal contra un rector en funciones.
“Nos preocupa que esta circunstancia sea un patrón. Tenemos casos de otros rectores que, muy cercanos a la fecha en la que tendrían que iniciar sus procedimientos de reelección, pues han vivido conflictos internos en las universidades que han provocado que tengan que, digamos, desistir de ir por las reelecciones, que es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, el caso en Zacatecas también, y algunos amagos en otros estados”, advirtió.
