Daniel Juárez García, abogado de los participantes en las protestas contra las obras inmobiliarias en playa Las Cocinas, en Punta Mita, Nayarit, dijo que hay mucha “suspicacia” y un manejo “político” en la investigación que realiza la Fiscalía contra los manifestantes y quienes ya tienen orden de aprehensión.
El miércoles pasado se dio a conocer que un juez de primera instancia liberó órdenes de aprehensión contra seis manifestantes que están en contra de los impactos ambientales negativos del desarrollo turístico exclusivo de la empresa Cantiles de Mita, filial del Grupo Dine.
- El Dato: Pobladores reclaman la restricción del libre tránsito costero y la falta de garantías sobre el consumo de agua potable, que pone en riesgo suministro de la comunidad.
El abogado, que representa a cuatro de ellos, dijo que desconoce el motivo por el cual la Fiscalía de Nayarit no ha ejercido las órdenes de aprehensión y todavía no pide ante un juez el inicio de la audiencia de formulación de imputación.
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Reveló que uno de los detenidos tras las protestas del pasado 29 de abril ya contaba con una orden de aprehensión otorgada por un juez dos días antes; sin embargo, la Fiscalía no la ejecutó “por miedo a la presión social”.
“Hay mucha suspicacia. Podría decir que tal vez las están ahí guardando para sacarlas y calentarlas cuando se necesite política o socialmente, o tal vez porque la misma presión social los tiene en la mira y los tiene nerviosos y por eso no las quieren ejecutar, pero sinceramente son puras suposiciones: el porqué no le dan para adelante con el proceso.
“Además, si ya giraron la orden de aprehensión, entonces ya debería estar judicializado el proceso también, ya nos deberían notificar la audiencia de imputación a proceso para conocer los datos de prueba que tienen en contra de nuestros defendidos, cosa que todavía no ha ocurrido”, refirió.
También cuestionó la rapidez con la que el Ministerio Público integró las carpetas de investigación, al señalar que el proceso judicial avanzó con una velocidad inusual frente a otros casos similares.
“Ésa es otra cuestión curiosa, porque los hechos que se denuncian son del mismo 27 de abril y ese mismo día integraron la carpeta y se giró la orden de aprehensión, cosa muy rara, porque en nuestra experiencia como penalistas, por lo menos, y si bien te va, el agente del Ministerio Público tarda un mes en integrar los suficientes elementos para que un juez acceda a quitarle la libertad a un ser humano, pero aquí en menos de 12 horas ya tenían la orden de aprehensión”, remarcó.
Además, la defensa legal de los manifestantes de playa Las Cocinas aseguró que todo apunta a que hay “una cuestión parecida” a fabricar delitos por parte de la Fiscalía de Nayarit, en contra de los ambientalistas.
Juárez García acusó que, en palabras de la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, la investigación contra los manifestantes era por el delito de lesiones; sin embargo, en las órdenes de aprehensión en contra de los cuatro manifestantes que defiende no aparece ese delito.
“Antes de que salieran las suspensiones, ellos ya tenían las indicaciones de que se escondieran, porque la misma fiscal del estado salió a declarar a finales del mes de abril que había investigaciones en contra de varios manifestantes, porque los manifestantes, ojo, según palabras de la fiscal, le habían roto el brazo a un elemento policiaco de la Fiscalía, cosa que en las órdenes de aprehensión no aparece el delito de lesiones; entonces, ése fue un hecho falso que declaró la fiscal en contra de los manifestantes”, aseguró.
También, la falta de recursos económicos ha sido un factor por el cual los manifestantes ambientalistas no han podido solicitar un amparo orientado a saber si tienen orden de aprehensión para posteriormente obtener una suspensión definitiva y evitar ser detenidos.
“De hecho, las personas que están amparadas hasta el día de hoy siguen consiguiendo el dinero para poder pagar su suspensión, porque a uno de ellos se le impusieron de ocho mil pesos, a los otros tres se las impusieron de tres mil 500; todavía está un poquito más accesible, pero de todos modos sigue siendo un golpe fuerte porque son personas que han dejado de trabajar por las amenazas de que los van a detener y no tienen la forma de generar recursos”, mencionó.
Agregó que hay la posibilidad de que más personas que se manifestaron puedan tener una orden de aprehensión, pero la única forma de saberlo es promover un juicio de amparo indirecto.
“Pues es una posibilidad; son muchísimos manifestantes. No sabemos si nada más se fueron en contra de estos cuatro o hay alguien más. No tenemos certeza por el momento; podríamos saberlo, si todos los demás manifestantes quisieran ampararse para ver si hay algo en contra de ellos, pero, por lo pronto, nada más tenemos a estos cuatro”, dijo.
El conflicto
Defensa ambiental causa choque entre gobierno y población.
- El Grupo Dine levantó muros de piedra e intervino la zona federal costera.
- Pobladores de Punta Mita, en Bahía de Banderas, denuncian privatización y destrucción ecológica en la playa Las Cocinas.
- Señalan falta de Manifestación de Impacto Ambiental y que la maquinaria destruye manglares y playas de anidación de tortugas marinas.
- El gobierno de Miguel Navarro acusa intereses delictivos detrás de las protestas.
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