Luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informara que tras una revisión técnica se identificaron irregularidades en las obras de enrocamiento y contención ejecutadas en playa Las Cocinas, en Punta Mita, Nayarit, dentro de una superficie concesionada de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), defensores del entorno pidieron a las autoridades que se haga público el dictamen, así como toda la documentación relacionada con el caso.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer los fundamentos técnicos, jurídicos y ambientales de las decisiones que afectan a un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos”, argumentó Efraín López, vocero del Comité Puntamitense.
- El Dato: Punta de Mita es una comunidad ligada a la pesca y el boom turístico ha generado presión territorial y limitaciones al acceso de espacios utilizados por la población local.
En entrevista con La Razón, agregó que habitantes de Punta Mita también solicitaron que se deslinden responsabilidades de quienes no actuaron, a pesar de tener atribuciones legales y conocimiento de los hechos.
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“Queremos la aplicación irrestricta in dubio pro natura (que es un principio jurídico que obliga a los jueces y autoridades a elegir siempre la interpretación o medida que más favorezca la protección y conservación del medio ambiente) para que cualquier duda o incertidumbre se resuelva siempre a favor de la protección de los ecosistemas y del interés público”, aseguró.
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El vocero de los ambientalistas aseguró que la población merece claridad jurídica sobre la postura asumida por la Semarnat frente a la empresa Grupo Dine, responsable de las obras que se realizan en la zona de playa Cocinas.
“Es fundamental saber si nos encontramos ante una determinación formal de la autoridad o una posición institucional aún sujeta a negociación”, dijo.
Al respecto, el abogado de los defensores de playa Las Cocinas, Luis Daniel Juárez, dijo que el comunicado que dio a conocer la dependencia federal es más un texto “con tintes políticos” que algo que dé certeza jurídica.
“Semarnat habla de dos actos de autoridad muy específicos: una solicitud de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y una investigación técnica por parte de Semarnat; sin embargo, a nosotros la historia nos dice que cuando la autoridad está emitiendo ese tipo de comunicados, regularmente cita los números de expediente, los números de carpeta de investigación, el proceso administrativo, cualquier cosa que le dé más certeza al ciudadano; y en este caso no cita nada, lo que genera la suspicacia de que tal vez no existen esas solicitudes de manera formal”, expuso.
En entrevista con este diario, añadió que la Semarnat “se quedó muy corta” en materia jurídica respecto al comunicado que emitió.
“No digo que no se estén ejecutando materialmente, pero mientras no haya una formalidad al respecto, nosotros no podemos acceder, como ciudadanos, a esa transparencia, a esa información; consideramos que en la parte jurídica se quedó muy corta”, dijo.
Aunque la Semarnat reconoció que se detectaron incumplimientos de las condicionantes establecidas y posibles afectaciones a la dinámica natural de la playa, y aseguró que “avanza” en el proceso de revisión de la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre, derivado del uso indebido del bien público concesionado por parte de la empresa, no se informó qué medidas tomará al respecto.
El abogado advirtió que, en caso de que la empresa inicie un litigio contra las autoridades, éste podría alargarse años y el acceso a playa Las Cocinas podría verse limitado.
“Yo espero —y ojalá que no pase— que la empresa no empiece a litigar contra Semarnat, porque si la empresa no jala a este llamado de buena onda, Semarnat va a tener que iniciar procesos administrativos, mercantiles, civiles e incluso penales en contra de ésta y pues la compañía lo va a litigar.
“La historia nos ha dicho que incluso hay mineras de Canadá que han litigado asuntos durante 20 años aquí en el país y lo malo para la playa Las Cocinas es que durante todos los litigios que se abran, va a estar suspendida, no se van a poder hacer actos de rehabilitación o no se va a hacer aprovechamiento incluso por los mismos pobladores del lugar, porque va a estar en litigio”, advirtió.
Además, mencionó que los responsables de “primer nivel” en autorizar la obra, difícilmente serán juzgados y se van a ir por el eslabón más débil, que son los burócratas.
“Van a responsabilizar al supervisor categoría C de Semarnat Delegación Nayarit, porque era la persona facultada legalmente para ir a revisar que la concesión que se le dio de urgencia a la empresa se estuviera ejecutando de la mejor manera y pues ahí no se va a ir el delegado, ni el subdelegado; no se va a ir el gobernador, presidentes municipales; se van a ir por el eslabón más débil, que es prácticamente el burócrata que hizo su trabajo, pero muchas veces ellos no hacen su trabajo porque sus jefes les dicen que no lo hagan”, afirmó.
Señalamientos de la autoridad
- La Semarnart determinó que las obras desarrolladas exceden las condiciones autorizadas en la concesión federal, que no contremplan construcciones permanentes.
- Se detectaron incumplimientos a las condicionantes establecidas y posibles afectaciones a la dinámica natural de la playa.
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