Alcalde debe 15 años de pensión alimentaria

Nancy Martinez y Cynthia Bravo son dos de las miles de mujeres en nuestro país que sufren de violencia vicaria, forma en la que los deudores alimentarios buscan dañar a una mujer a través de sus hijos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre del 2021 en México se abrieron 23 mil 285 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, un aumento de 31.7 por ciento respecto al 2020, cuando se presentaron 17 mil 678 casos de deudores alimentarios.

Nancy Martínez, expareja del presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, Humberto López Parrazales, lleva 15 años peleando que el edil le pague pensión alimenticia para su hija, quien padece del corazón.

Pese a que recientemente el Poder Judicial de la Ciudad de México determinó que el alcalde debe pagarle 630 mil pesos correspondientes a los 15 años de la manutención y cuidados de su hija, lo que más le preocupa a ella en este momento es la seguridad de la menor, quien vive con su padre.

Y es que el pasado 13 de febrero López Parrazales fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba circulando en su automóvil por el municipio que gobierna.

“Un mes después del atentado fui a buscarla (a su hija) para que regresara conmigo y el señor no me la quiere dar hasta que yo no ceda en el juicio o le firme un convenio de pensión de 12 mil pesos mensuales, a lo cual pues yo no accedí”, explicó a La Razón.

El pasado 22 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ordenó al director del Registro Civil de Oaxaca, la inscripción del alcalde en el registro Público de Deudores Alimentarios Morosos del Estado.

Por otro lado, Cynthia Bravo tiene ocho años peleando la custodia de Camila, quien fue sustraída por su padre Carlos Velázquez en 2014 para llevarla a vivir con la abuela de la menor.

Cynthia narró a este diario que su expareja hizo lo anterior como una maniobra para no tener que pagar la pensión alimenticia ni la renta del lugar donde vivían. Incluso a la madre la amenazó con hacerla pasar por drogadicta si no le firmaba un acuerdo bajo sus términos, a lo cual ella accedió.

“Era algo falso y como él es abogado sentí que me volvía loca porque me quitó a mi hija. Solamente firmé un convenio, pero Carlos me había dicho que el acuerdo no iba a ser así, yo la iba a ver la mitad de la semana y al final de cuentas no fue así”, expresó.

Lo que ha sufrido durante la pelea legal por la guarda y custodia de su hija llevó a Cynthia a impulsar la Ley Camila, encaminada a crear una alerta similar a la Amber, que sea activada cuando uno de los padres sustraiga a un menor sin autorización del otro y lo oculte para chantajear.

Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que abre la puerta a la despenalización de las omisiones en el pago de pensión alimentaria.

Colectivos consultados por este medio coincidieron en que la aprobación del proyecto representaría una regresión en la lucha por los derechos de las mujeres y los menores de edad.