Ante los adeudos en el servicio de agua en Baja California, el gobernador Jaime Bonilla lamentó que algunas empresas busquen diálogo con la autoridad sólo para comprar tiempo.

“Hacen promesas de pago con el fin de comprar tiempo”, aseveró durante una videoconferencia en redes sociales tras la actualización sobre las irregularidades como corrupción, malo manejos, daños a medidores para pagar el mínimo y adeudos por conexión, drenaje o suministro.

Recordó que un caso similar es el del Walmart, cuyo representante acordó realizar el pago correspondiente, pero sólo fue para alargar el plazo, pues se comprometió a liquidarlo, aunque sólo pagó 10 millones de pesos, pese a que se adeudo asciende a 18 millones de pesos.

Al respecto, la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa, informó que ya son casi mil los casos irregulares detectados, lo que asciende a un daño al erario de dos mil 324 millones de pesos.

A la fecha, indicó, sólo se han recuperado 756 millones de pesos, lo que representa poco más de 30 por ciento del total; por lo que aún faltan más de mil 200 millones de pesos.

Avanzan cobros

Asimismo, admitió que hay resistencia de gente que pese a la evidencia mostrada insiste en que no tiene ningún adeudo, por lo que insistió que se les están otorgando plazos para mostrar pruebas, pues aseveró que el gobierno “no actúa de mala fe”.

Previamente, el director de Fisamex, el ingeniero Manuel García, dijo que aún hay casos que sorprenden, pues algunos empresarios o dueños de predios con estas anomalías insisten en que están al corriente cuando siguen pagando los mínimos, pese a que son terrenos más grandes a los reportados con el suministro o tiene servicio como vivienda, cuando su razón social es de empresa.

El enemigo en casa

Al presentar la actualización de las irregularidades, la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa, indicó que se identificó a un empleado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) que dañó su medidor para pagar la tarifa mínima.

Sin dar información del servidor, dijo que por 10 años esta persona ha pagado la cantidad más baja de suministro, esto luego de que se hallara enterrado en su casa el medidor, mismo que fue golpeado para alterar el registro de agua total.

Advirtió que esta acción es un delito que es castigado de tres meses a tres años de prisión y puede aumentar la pena con hasta cinco años por ser funcionario del sector; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado a laborar, pues se encuentra de vacaciones.

Al respecto, el gobernador Jaime Bonilla lamentó que ante estos casos de corrupción “el enemigo esté en casa”.

srv