Casos Morelos, Zacatecas y Colima

Estados con alza en desapariciones castigan fondos para búsqueda

Entidad a cargo de Cuauhtémoc Blanco arranca el año sin presupuesto y 1,225 personas ausentes; en la de David Monreal le dan 10 mdp y a oficina del gobernador 20 veces más; con Indira Vizcaíno no localizados suben 22.9% y asignan sólo 2 mdp a comisión; insisten en críticas por cambios en CNB; expresa inquietudes coordinador de proyecto

Protesta de colectivos de búsqueda frente a Palacio Nacional, el pasado 11 de enero.
Protesta de colectivos de búsqueda frente a Palacio Nacional, el pasado 11 de enero.Foto: Cuartoscuro
Por:
  • Cristina Ceja, Yulia Bonilla

En tres estados en donde se presenta una importante alza en desapariciones forzadas a manos de la delincuencia, las respectivas comisiones de búsqueda trabajan con escasos recursos económicos y materiales, debido al bajo presupuesto que reciben.

En Morelos, la Comisión Estatal de Búsqueda arrancó este año sin recursos para realizar su trabajo, ya que aún no le es asignado su presu puesto para el 2024, mientras la desaparición de personas va en aumento.

En lo que va de la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo han desaparecido mil 238 personas, casi tres veces más que lo registrado en todo el sexenio anterior, que fueron 440.

Cabe mencionar que el aumento de víctimas fue creciendo a partir del 2020 en la entidad, cuando el repunte fue drástico al pasar de 52 en 2019 a 289; para 2021 se tuvieron 285 casos; en 2022, 300, y el año pasado fueron 277.

En entrevista para La Razón, la titular de la Comisión, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, indicó que el presupuesto asignado para el año pasado fue de apenas cinco millones 675 mil pesos en 2023, lo cual fue insuficiente para realizar las labores de búsqueda que demanda la entidad.

Otro caso es el de Zacatecas, en donde el Programa de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas recibió este año 10 millones 631 mil 512 pesos, mientras que la Oficina del Gobernador recibió 210 millones 896 mil 230 pesos, lo que representa 19.8 veces más.

Gráfico
Gráfico

Esto, a pesar de que en los 27 meses transcurridos del gobierno encabezado por David Monreal se han reportado más de mil 400 desaparecidos —siendo el año pasado el que más casos se reportaron, con 799—, cifra que ya rebasó el registro de todo el sexenio de su antecesor, Alejandro Tello, cuando fueron mil 393.

En tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda de Colima recibió para este año sólo dos millones de pesos, mientras que a la oficina de la gobernadora le fueron asignados 117 millones 680 mil 985 pesos, es decir, 58.8 veces más que lo destinado a las búsquedas.

En esta entidad, en lo que va del gobierno de Indira Vizcaíno se registra un aumento de 22.9 por ciento en desapariciones, en comparación con el mismo lapso de la administración anterior, ya que las víctimas pasaron de 74 a 91 entre un periodo y otro.

Al inicio de su administración, en noviembre del 2021, registró 10 desapariciones, para el siguiente año repuntó el delito 500 por ciento, al documentar 60 casos y en 2023 se tuvieron 21.

En Morelos, la Secretaría de Hacienda de la entidad no le ha notificado a la Comisión Estatal de Búsqueda de cuánto será su presupuesto asignado para la gestión de este año.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco gastó 980 millones de pesos en imagen y publicidad el año pasado —con corte a octubre—, lo que representa 172.6 veces la cantidad de cinco millones 675 mil pesos destinados a la Comisión.

Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez consideró que esta instancia tiene uno de los presupuestos más bajos del país, por lo que en diferentes ocasiones han pedido un aumento, pero no ha habido respuesta.

Indicó que con el dinero que les asigna el Congreso local, a propuesta del gobernador, “se deben pagar salarios, renta de inmueble, luz, gasolina, todos los indispensables y, pues no es suficiente”. Ruiz Ramírez también reveló que la Comisión sólo cuenta con 11 personas, de las cuales cinco se dedican a las labores de búsqueda.

En Morelos hay un acumulado de mil 756 personas desaparecidas sin ser localizadas desde que se tiene registro —10 de noviembre de 1961— por lo que a cada trabajador de la Comisión le corresponde buscar a 351.2 ausentes en promedio.

El 2023 cerró con 277 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que implica que tan sólo entre las víctimas del último año, cada buscador oficial debe tratar de localizar a 55.4 personas, en promedio.

Al respecto, Guadalupe Ruiz Ramírez aseveró que el ideal de personal para que la Comisión Estatal de Búsqueda de Morelos funcione debe ser un mínimo de 40 personas.

La funcionaria estatal comentó que ante la falta de recursos humanos y económicos, la Comisión se ayuda en buena medida con un subsidio federal, aunque éste está destinado únicamente para acceder a equipo.

Ruíz Ramírez mencionó que, a pesar de la falta de recursos, en la entidad que gobierna el exfutbolista, se realizan cinco búsquedas de campo al día, además del rastreo vía remota y el trabajo de localización de larga data.

Experto: arriesgan continuidad de investigaciones cambios en CNB

Los cambios abruptos realizados al interior de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) arriesgan la continuidad de las investigaciones para dar con las personas desaparecidas en el país, en medio de un contexto que demanda acciones contundentes para las familias.

Así lo consideró Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, quien ve las modificaciones emprendidas por la nueva titular de la Comisión, Teresa Reyes, como cambios “arbitrarios” pues se han caracterizado por no ser transparentes ni contar con una metodología clara, consideró.

“Hemos encontrado que hay algunas simpatías por parte de los colectivos, de los familiares, pero los resultados no han sido del todo claros ni óptimos, entonces, lo que nos preocupa es que, como en todas las entidades de gobierno, no haya continuidad con los programas trazados y con las estrategias que se habían trazado con las víctimas”, dijo, en entrevista con La Razón.

En el contexto de la salida de Javier Yankelevich, encargado del equipo especializado en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, Edgar mencionó que lo ideal es que responsabilidades como ésta no estén sujetas a una sola persona.

“Creemos que todas estas reducciones también de personal no necesariamente están dando una certeza o una confiabilidad con respecto al trabajo trazado y todos los pendientes que tiene la Comisión, no solamente en términos de encontrar a las personas desaparecidas, sino de clarificar las funciones, la propia reglamentación, las propias bases de datos, la instrucción también de trabajar en el mecanismo extraordinario de investigación forense”, agregó.

El experto opinó que el contexto en el que ocurren estos cambios es inadecuado, ya que aunado a que este trabajo es fundamental para la confiabilidad en el Estado, sucede en medio de un proceso electoral.

Desde su perspectiva, indagar las desapariciones ocurridas en el pasado, como lo son las correspondientes al periodo de la Guerra Sucia, son tan relevantes como los casos recientes, debido a que permiten identificar las implicaciones que pudieron tener actores políticos y la incidencia de factores ideológicos de organizaciones clandestinas o de tipo armado.

Como parte de esto, también es indispensable, refirió, indagar las desapariciones que se dan según sus causas; por ejemplo, las cometidas contra grupos disidentes.

Explicó: “Hay muchos ambientalistas, muchos defensores de derechos humanos y periodistas desaparecidos que tienen una implicación no muy distinta y que a lo que nos debería llevar es a hacer un análisis de contexto de las desapariciones y de su continuidad durante varias décadas”.

Y agregó: “Yo creo que las desapariciones del pasado son tan importantes como las desapariciones del presente y la prueba de ello es el caso que nos plantea la misma posibilidad de que sean elementos de las Fuerzas Armadas quienes estén implicados en algunas y que un común denominador es el ocultamiento de información de diferentes archivos que no terminan de ser mostrados y, de nueva cuenta, lo que ya hemos visto en muchas ocasiones, con la movilización y organización de familiares de personas desaparecidas que se tiende a dividirlos desde el propio Estado”.

Dado el proceso electoral por el que atraviesa el país, el investigador llamó a los candidatos presidenciales a buscar un cambio “drástico” en la estrategia nacional de búsqueda, bajo el respeto y reconocimiento a las víctimas, a escucharlas y a no revictimizarlas como ha ocurrido, dijo, en cada gobierno que ha pasado.

Ceci Flores pide “piedad” a captores de buscadora

La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores Armenta, pidió “piedad” a los grupos que tengan secuestrada a Lorenza Cano para que la dejen en libertad, tras su rapto el pasado lunes en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

A través de un videomensaje en sus redes dijo que ya tienen lo más valioso para ella, que fue su familia, luego de que reportes locales aseguraron que, tras su plagio, asesinaron a su esposo e hijo.

“Este video es para pedir e implorar por la vida de una madre buscadora, Lorenza Cano, de Guanajuato. Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida porque lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos”, dijo.

Señaló que, como miles de madres, ponen su vida en riesgo al realizar las búsquedas de sus familiares, pues aseveró que el “amor de una madre” hace eso y más, a pesar de los riesgos que haya en sus recorridos.

Flores Armenta detalló que como madres buscadoras no desean incomodar a nadie, pues no buscan culpables o justicia, sino que sólo desean saber dónde están sus familiares ya que necesitan un lugar donde descansar. “Suplicamos cuidar a esa madre buscadora que su único pecado era buscar a sus familiares”, detalló.

Ceci Flores ha insistido a los grupos del crimen organizado que detengan la ola de violencia que hay en el país, debido a que no pueden realizar sus búsquedas en diversos estados, ya que las amenazan o las levantan, además que siempre en sus recorridos son vigiladas por ellos.

Lorenza Cano fue secuestrada por un grupo armado en Salamanca, Guanajuato, y en su domicilio fueron asesinados su esposo e hijo, pero al momento no hay reportes de su paradero; sin embargo, la Fiscalía de Justicia del estado abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento al caso.

Por Cristina Ceja y Yulia Bonilla