Al alza, impago de pensión alimentaria en 19 estados

Hace 15 años Verónica Gómez logro conseguir el divorcio de su expareja, tras un largo proceso. Después de esto, el hombre desapareció y la dejó con un niño de tres años y un bebé por nacer.

“Es un desgaste emocional estar en los juzgados, es muy caro, y pues yo preferí darle de comer a mis hijos que seguir peleando”, comentó la mujer a La Razón.

Tras el duro proceso de divorcio y ser revictimizada reiteradamente por las autoridades, Verónica prefirió “trabajar duro” en una estética para sostener a sus hijos, ya que su exesposo se mudó de casa y se cambió de trabajo constantemente, con tal de no hacerse responsable de la manutención de sus hijos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 19 entidades del país presentaron aumento en el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar durante el 2022.

Campeche está a la cabeza con un aumento del 610 por ciento, toda vez que en el 2021 se abrieron 39 carpetas de investigación, pero para el 2022 la cifra se disparó a 277.

En segundo lugar está Nayarit con el 71 por ciento, ya que los expedientes pasaron de 470 a 804 entre un año y otro.

Más abajo se ubicó el estado de Michoacán, con 34.2 por ciento de aumento, debido a que en el 2021 se iniciaron 140 expedientes, cifra que llegó a 188 al siguiente año.

Prácticamente en la misma proporción se colocó Quintana Roo, en donde se registró un alza del 33.8 por ciento en la incidencia de este delito, ya que las averiguaciones previas pasaron de 549 a 735 entre un periodo y otro.

En quinto lugar está Durango, con un crecimiento del 27.9 por ciento, toda vez que durante el 2021 se abrieron 111 carpetas de investigación, mientras que en el 2022 la cifra fue de 142.

En un dato que llama la atención, Jalisco fue la única de las 32 entidades federativas que no reportó carpetas abiertas ni en 2021 ni en 2022.

El caso de Verónica Gómez es un reflejo de lo que viven miles de mujeres en su lucha por lograr que los padres de sus hijos cumplan con su obligación de darles pensión.

“Tuve alrededor de ocho abogados, era muy caro, tenía que pagar para que lo buscaran y cuando lo encontraban él se volvía a cambiar de trabajo. Un licenciado me dijo que lo podíamos boletinar, pero después me dijo que no, pues por los cambios de trabajo no se le había podido notificar de la demanda de pensión, por lo que boletinarlo iría contra sus derechos”.

Verónica comentó que su exesposo “incluso me intento pelear la patria potestad de mis hijos con tal de no pagar la pensión, pero no procedió”.

Al día de hoy, ni Verónica ni sus hijos han vuelto a saber de este hombre. “Sabemos que existe y que anda por ahí, pero no se nos volvió a acercar”, dijo.

Avanza Ley Sabina

El miércoles de la semana pasada, el Congreso de Oaxaca aprobó un paquete de reformas a la Constitución Política local y a diversas leyes secundarias para que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no puedan acceder a cargos públicos.

Con esto, ya son tres los estados que han aprobado la llamada Ley Sabina. El pasado 17 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las reformas emitidas por el Congreso de Yucatán mediante las cuales se impide que padres morosos accedan a cargos públicos.

El estado de Hidalgo cuenta con una legislación similar, aprobada el pasado 30 de noviembre, pero en este caso, a quienes incurrieron en incumplimiento del pago de pensión sólo se les impide acceder a cargos de nombramiento estatal y dentro del órgano de transparencia local.