Se requiere la aprobación de 17 congresos
Atoran Ley 3 de 3 en 23 Congresos
Impedimento para que deudores alimentarios se postulen a cargos sólo se ha avalado en BC, CDMX, Edomex...
La reforma constitucional que el Congreso de la Unión aprobó para impedir que algún agresor o deudor alimentario ocupe un cargo público, se mantiene atorada en 23 congresos estatales que no la han aprobado y con lo que se ha frenado su entrada en vigor.
Así lo dieron a conocer las diputadas federales del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, quienes fueron las encargadas de crear el proyecto que hoy se conoce como "Ley 3 de 3 contra la violencia" y que avanzó con los votos de todos los grupos parlamentarios en las cámaras de Diputados y Senadores.
Ley 3 de 3 requiere la aprobación de 17 congresos
En conferencia de prensa, la priista Blanca Alcalá Ruiz recordó que se requiere la aprobación en por lo menos 17 de los 32 congresos estatales a la reforma al artículo 38 constitucional, con la que se impide que quien tenga sentencia firme por violencia o sea moroso en la pensión alimentaria no obtenga un cargo de elección popular o público.
Sin embargo, señaló que hasta este lunes únicamente se ha logrado el avance en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Veracruz, y que 20 congresos tienen las condiciones para deliberar sobre la reforma en las próximas semanas, antes de que cierren sus periodos ordinarios de sesiones.
Por esta situación, las legisladores hicieron un llamado a las diputadas de cada entidad faltante a que impulsen el proyecto. El llamado también fue para colectivas y organizaciones feministas, a que ejerzan presión.
La diputada Aleida Alavez señaló que esta reforma no implica una medida coercitiva ni punitiva sino que busca inhibir la violencia contra las mujeres en el país, mediante la persuasión, sobre todo a quienes pretendan ocupar algún cargo en el servicio público.
Ley 3 de 3 para 'limpiar' y dignificar la política mexicana
Además, señaló que este tema ya formaba parte de los lineamientos que dicta el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos, pero que no obligaba a estos a cumplirlo.
La perredista Gabriela Sodi calificó a este proyecto como una forma de 'limpiar' y dignificar la política mexicana.
María Clemente Moreno García, una de las dos primeras mujeres transexuales en llegar a una diputación, mencionó que la reforma impulsada por el grupo podría dar pie a incluir que personas que hayan discriminado a otras no puedan contender por un cargo.
DAN
