SCJN analiza inconstitucionalidad de delitos de ultraje a la autoridad en Veracruz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá este lunes la validez de los artículos 331 y 371 del Código Penal de Veracruz, que permiten detenciones arbitrarias bajo el delito de ultrajes a la autoridad.

El proyecto de sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 66/2021 a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone declarar inconstitucionales ambos artículos del código veracruzano.

Lo anterior, porque considera que son violatorios a los derechos al imponer sanciones de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Este domingo, en sesión extraordinaria virtual, el Congreso de Veracruz aprobó con 33 votos a favor, 15 en contra, y una abstención la permanencia del delito de ultrajes en la ley local pese a la recomendación emitida por la CNDH para que fuera derogado. En contra votaron los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

El congreso local veracruzano derogó únicamente las fracciones II y IV del artículo 331, en las que se establecía que el delito se aplicará cuando se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima.

Además, en la segunda fracción se determinaba que se aplicaría cuando el delito se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García consideró que la derogación de este delito podría permitir que los presuntos delincuentes presos en el Estado queden libres, por ello en una carta hizo un llamado a los ministros de la Corte a no declarar este delito como inconstitucional.

“De declararse inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrán sancionar con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos”, se lee en la misiva.

lemm.