Ven desprotección a la niñez, tras robo de bebé

El caso de Tadeo, el bebé cuyo cuerpo fue exhumado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, y encontrado en días pasados en un basurero del Cereso de San Miguel, Puebla, además de evidenciar la fragilidad de los sistemas de seguridad y protección a la niñez en México, enmarca un contexto alarmante por el incremento de la violencia contra este sector poblacional y la falta de acción oportuna por parte de los gobiernos.

Así lo consideró Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales en Save The Children México, quien afirmó que hay una alarma por el aumento de los crímenes cometidos contra niñas, niños y adolescentes, y que, a pesar de ello, no hay una estrategia nacional para prevenir, atender y sancionar dichos delitos, de los cuales no se llega a conocer todos por la falta de difusión.

“Creo que es inadmisible tener que estar repitiendo que en el país están siendo asesinados siete niñas, niños y adolescentes todos los días, justamente porque no se están estableciendo los sistemas de protección”, comentó en entrevista con La Razón.

Nancy Ramírez subrayó la tardanza del gobierno del estado de Puebla para revelar información sobre el caso, que finalmente fue gracias a la activista Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, que se supo de él.

Hasta ayer se tenían 21 de 23 órdenes de aprehensión cumplimentadas contra funcionarios del Cereso, acusados de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, así como encubrimiento.

Además, se destituyó al secretario de Seguridad Pública y el subsecretario de Centros Penitenciarios, Rogelio López Maya y Alfredo Vargas Quintanilla, respectivamente, y se designó una nueva directora del centro penitenciario, cuyo nombre no había sido revelado.

Durante la última conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta detalló que los imputados otorgaban el derecho a exentar la revisión a personas y vehículos que ingresaban al reclusorio, por lo que se recurrirá a una renovación completa de todo el esquema de Seguridad Pública.

Sobre los avances, Nancy Ramírez insistió en que se debe continuar exigiendo información “para evitar que pueda haber un mal manejo del caso, porque ya sabemos que muchas veces, ante la presión social, también se toman medidas aceleradas que no necesariamente responden a investigaciones profundas, y que realmente sancionen a los responsables”.

Por separado, Saskia Niño de Rivera comentó a este medio que ahora lo que se espera es que “se haga justicia y no venganza, que no se encarcele gente inocente, que no tenga nada que ver. Ahorita hay 21 personas detenidas por este hecho y habrá que ver que realmente sean personas culpables y que hayan estado involucradas”.

Al recalcar que no se puede hacer política con la seguridad y la justicia, señaló que espera que el gobernador Barbosa Huerta no sólo busque condenar los hechos.

Ambas coincidieron en que este caso refleja que el país ha “desprotegido” a las infancias, por lo que reiteraron el llamado a que, además de que se haga justicia, esto dé pie a la creación de protocolos para garantizar la erradicación de la violencia contra la niñez.