La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó las candidaturas a la elección judicial que propuso a su consideración el Senado tras el proceso de insaculación que éste realizó, por lo que, con dicha determinación, el alto tribunal decidió no presentar aspirantes a juzgadores a los comicios del 1 de junio.
En sesión privada del pleno se expusieron diversos puntos de vista de las y los ocho ministros presentes y, al someterse a votación, no se alcanzó el número de ocho votos requeridos en la Constitución para avalar el listado, ya que sólo las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, identificadas por su vínculo con la Cuarta Transformación, votaron a favor.
Durante la sesión no estuvieron presentes los 10 ministros, ya que Margarita Ríos Farjat está de vacaciones y Javier Laynez Potisek está de comisión.
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Con el resolutivo de la SCJN, todo indica que el Poder Judicial no presentará candidatos para la elección del 1 de junio y los únicos aspirantes en las boletas serán los postulados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, encabezados por Morena.
“¿Qué debería ocurrir? Que el Poder Judicial se quede sin candidatos, conforme a la aplicación literal de la reforma judicial. Pero, como Morena ignora/viola la Constitución y hasta su propia reforma judicial, el Senado enviará al INE (Instituto Nacional Electoral) una lista de candidatos totalmente inconstitucional”, advirtió en sus redes sociales el especialista en derecho constitucional Francisco Burgoa.
Más tarde, dijo a La Razón que podría haber impugnaciones al proceso mediante el cual el Senado pasará al INE las listas, pero reconoció que es poco probable que prosperen, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las desestimará y la Corte no intervendrá.
“Ahora la Corte rechazó y aquí se va a ir directo hacia el INE por vía del Senado de la República y/o la Mesa Directiva del Senado. ¿Quiénes podrían estar impugnando? Para empezar, quienes tienen la legitimación totalmente para hacerlo, es decir, los candidatos que fueron excluidos por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
“Ellos son los que tendrían que impugnar ese envío porque son los que no fueron considerados para ser insaculados. Ellos son los que tendrían que impugnar. Eso es en principio y tendría que ser ante la Sala Superior del Tribunal Electoral; sin embargo, la mayoría que ahí prevalece de los dos magistrados Felipe (Fuentes y De la Mata) y la presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, pues van a estar desechando estas impugnaciones”, estimó Burgoa Perea.
Indicó que quienes también podrían impugnar son los candidatos de los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y del Legislativo, ya que con ellos no hubo equidad, dado que pasaron por los filtros correspondientes y los del Poder Judicial, no.
“Es un proceso inédito y se están presentando muchas situaciones que nunca se habían presentado y, aunque la reforma constitucional es muy clara en algunos aspectos, en otros muchos más no lo es y tenemos que irnos a la reglamentación, y si en la reglamentación tampoco se dice nada, entonces, ¿qué es lo que puede pasar?
“Para empezar, esto no debiese haber ocurrido, que hubiera intervenido el Tribunal Electoral en materia de amparo y haberle ordenado la Mesa Directiva (del Senado) cuando el Tribunal Electoral no tiene facultad para ello; la Mesa Directiva del Senado, que inclusive ni todo el Senado fue; la Mesa Directiva fue la que llevó a cabo esta insaculación”, explicó el jurista.
Sostuvo que la intervención del TEPJF en el proceso de selección es inconstitucional, al igual que las actuaciones del Senado, al realizar el sorteo de nombres.
El resolutivo de la mayoría de ministros, cuya postura ha estado en contra de la reforma judicial, ahora impedirá que participen en las elecciones, en este caso para ser ministra o ministro de la Corte, candidatos como Marisela Morales, titular de la extinta PGR en el sexenio de Felipe Calderón; Sergio Molina, actual integrante del Consejo de la Judicatura, y Paula García Villegas, magistrada e hija de la diputada morenista Olga Sánchez Cordero, aunque, en este último caso, también está inscrita en el listado del Poder Ejecutivo, cuya lista definitiva no se ha dado a conocer.
También quedan fuera Ricardo Sodi Cuéllar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como Édgar Corzo Sosa, constitucionalista de la UNAM.
Este jueves se tenía previsto que la Corte discutiera también un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que plantea ordenar a todas las autoridades acatar las resoluciones de los jueces de distrito que se refieren a la reforma judicial, pero se pospuso para el jueves 13 de febrero, a petición de las ministras Esquivel, Batres y Ortiz.
El proyecto plantea que todos los jueces y magistrados, tanto de amparo como electorales, así como las autoridades que han ignorado sus órdenes, han actuado de manera incorrecta ante la reforma, lo que ha provocado una “grave erosión gradual del Estado de derecho” desde que fue publicada el 15 de septiembre del 2024.
Asimismo, indica que el TEPJF no tiene facultades para eliminar los efectos de una suspensión girada por un juez de amparo.
Sobre este punto, Burgo Perea señaló que no cree que las autoridades obedezcan a la SCJN en el caso de votar a favor.
“Muy difícilmente se va a detener esto (la elección judicial), considerando que no les va a importar lo que diga la Corte, si es que la Corte tomara una votación mayoritaria para aprobar el proyecto”, agregó.
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LMCT
