La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró este miércoles ante el Senado que la medición de la pobreza en México “no ha cambiado desde 2016” y que el traslado de funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al INEGI no alteró la metodología ni comprometió la independencia técnica de los indicadores.
“La medición de la pobreza se funda sobre tres pilares. El primero, el marco normativo. La medición no la definen los grupos parlamentarios, no la define el gobierno, la define la ley”, afirmó Montiel al ser cuestionaba durante su comparecencia, en la que rindió cuentas del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La funcionaria explicó que el INEGI siempre ha levantado la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto (ENIGH), mientras que el Coneval únicamente interpretaba los datos aplicando los indicadores establecidos en la Ley General de Desarrollo Social.
Según Montiel, esta ley —que no ha sido modificada— establece que la medición debe basarse en dos dimensiones: el bienestar económico (ingresos) y el acceso a seis derechos sociales (salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación y educación).
“El traslado del Coneval al INEGI fue en la parte administrativa la más ordenada de todos los órganos autónomos”, aseguró la secretaria, añadiendo que el Coneval “no era un órgano totalmente autónomo porque la reforma constitucional que lo creó quedó a medias” y estaba sectorizado a la Secretaría de Bienestar.
Sin embargo, la senadora del PRI, Anabel Ávalos, exigió una explicación “técnica y científicamente” de cómo se obtienen los resultados “después de que desapareciera el Coneval”, y acusó al gobierno de “sacar a los pobres de las estadísticas” en lugar de sacarlos realmente de la pobreza.
“El pueblo de México se sabe y se siente más pobre, más inseguro, sin empleos, sin un servicio de atención médica”, afirmó.
Montiel presentó cifras que calificó como “contundentes”: 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 35 por ciento mientras que el de los más ricos creció solo 4 por ciento, y actualmente 32 millones de mexicanos reciben algún programa de bienestar con una inversión social para 2025 de 850 mil millones de pesos.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, si bien reconoció estar a favor de los programas sociales, planteó que la medición de pobreza debe actualizarse para incluir “nuevas dimensiones” como la violencia, el desplazamiento forzado y la inseguridad.
También cuestionó la efectividad de los programas más allá de las transferencias monetarias, especialmente en materia de pobreza infantil.
La senadora del PT, Lizeth Sánchez, respaldó a Montiel señalando que “la medición mantiene su independencia, su calidad técnica y su absoluta transparencia”, mientras que el Partido Verde preguntó qué medidas específicas se implementaron para garantizar que la transición entre instituciones fuera transparente.
La secretaría detalló además el alcance de otros programas emblemáticos del gobierno como la pensión para mujeres de 60 a 64 años que beneficia a 3 millones con una inversión de 23 mil 662 millones de pesos, y el programa Salud Casa por Casa con 8.6 millones de consultas domiciliarias realizadas.
La funcionaria agregó que “los programas de bienestar no son de ningún partido político, son del pueblo de México” y que quedaron blindados constitucionalmente para garantizar su permanencia. Se comprometió a enviar respuestas por escrito a las preguntas pendientes y documentos técnicos para análisis de los senadores.
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MSL
