El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso penal por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La resolución se emitió este domingo durante una audiencia celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
Durante la diligencia judicial, la jueza federal Jazmín Ambríz López determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra el exmandatario estatal y, en este sentido, ordenó que permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuará internado en el penal de máxima seguridad del Edomex mientras avanzan las investigaciones.
- El Dato: La orden de captura, emitida el 16 de mayo de 2024, tardó más de un año en ejecutarse debido a que dependía del permiso de EU, ya que Duarte fue extraditado por otros delitos.
De acuerdo con la imputación presentada, Duarte Jáquez habría participado en un esquema para ocultar y mover recursos de origen ilícito, presuntamente provenientes del desvío de fondos públicos durante su administración al frente del gobierno de Chihuahua entre 2010 y 2016. Las autoridades estimaron que el monto involucrado en el caso supera los 73 millones de pesos, los cuales presuntamente fueron canalizados a través del sistema financiero con el objetivo de encubrir su procedencia.
La jueza otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGR deberá fortalecer su carpeta de investigación, mientras que la defensa podrá aportar pruebas a favor del imputado. Con ello, el proceso penal continuará en los próximos meses bajo la supervisión del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Durante la audiencia, los abogados defensores del exgobernador rechazaron las acusaciones y sostuvieron que no se configura el delito de lavado de dinero; además, señalaron presuntas irregularidades en la obtención de algunas pruebas. Asimismo, argumentaron que el proceso tiene un trasfondo político y reiteraron que su cliente se considera inocente de los señalamientos.
- 100 pruebas de la FGR se desahogaron en la audiencia
La autoridad judicial concluyó que, en esta etapa del procedimiento, los datos presentados por la FGR son suficientes para vincular a proceso a Duarte Jáquez y justificar su permanencia en prisión, al considerar que existe riesgo procesal.
César Duarte fue detenido recientemente por autoridades federales en la ciudad de Chihuahua, tras cumplimentarse una orden de aprehensión relacionada con esta nueva investigación por lavado de dinero. Posteriormente, fue trasladado al penal del Altiplano bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
El exgobernador enfrenta, desde hace varios años, diversos procesos judiciales por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos. En 2020 fue detenido en Estados Unidos y, tras un proceso de extradición, fue entregado a México en 2022 para enfrentar cargos ante la justicia mexicana.
La FGR reiteró que el imputado debe ser considerado presuntamente inocente hasta que se emita una sentencia definitiva en su contra.
Mientras tanto, el caso continuará su curso legal y se prevé que en los próximos meses se desarrollen nuevas audiencias relacionadas con este proceso. La detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Duarte, representa el primer caso de alto impacto para la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
Para el abogado especialista en antilavado y anticorrupción, Michel Levien, director de Streiner, Buró anticorrupción, se trata de un movimiento relevante, aunque rodeado de riesgos legales y políticos. Además, advirtió que el principal reto para la nueva fiscal será conducir el proceso con extremo cuidado, tanto en el ámbito jurídico como en el manejo público del caso.
“Tiene que ser muy, muy juiciosa. Muy higiénicas en cómo se manejan hacia el público”, explicó. Subrayó que un exceso de declaraciones ante los medios puede derivar en violaciones a los derechos humanos de los imputados, lo que impactaría negativamente en la credibilidad institucional.
“Si salen a decir de más ante los medios, puede ser que estén violando los derechos humanos… y eso le hace mucho daño, además de su prestigio y a su reputación, pues lo que hace es crecer la impunidad”, señaló.
El especialista insistió en que los procesos deben desarrollarse sin errores, ya que cualquier falla puede derivar en la liberación de los acusados. “Tienen que ser impecables, porque si no, van a tener que soltarlos”, afirmó.
Descartó que el retraso obedeciera a un proceso de extradición, ya que, explicó, los trámites con Estados Unidos generalmente no impiden la ejecución de órdenes judiciales. En cambio, apuntó a un posible trasfondo político. “Tendríamos que mirar cuáles son unos vientos políticos que no soplan cuando ejercía la fiscalía anterior y que ahora soplan en la fiscalía de Godoy”, dijo.
Levien señaló directamente a la administración pasada de la Fiscalía. “El fiscal (anterior) tuvo todas las pruebas contra el exgobernador y las guardó en un cajón… y hasta ahora se están reviviendo”, afirmó. Para el abogado, esta situación alimenta lo que calificó como un “rumor grande y tóxico del pacto de impunidad”.
Más allá del caso específico, el especialista reconoció que las acciones de la FGR envían un mensaje de posible redirección en la política de justicia del país. Sin embargo, pidió no perder de vista el contexto general y recordó que el propio gobierno ha reconocido que la corrupción no ha sido erradicada.
Levien concluyó que la detención de Javier Duarte será una prueba determinante para la nueva fiscalía. Advirtió que el interés por enviar un mensaje contundente no puede estar por encima de las garantías legales, y que el caso permitirá evaluar si la FGR logra equilibrar la presión política con la pulcritud procesal.
