La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Tadei, realizó movimientos exprés en dos de las áreas más sensibles del organismo: las direcciones de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos, al designar de manera directa a nuevos titulares sin pasar por el Consejo General.
De acuerdo con documentos internos, las consejerías fueron notificadas de la salida de David Ramírez Bernal y Juan Manuel Vázquez Barajas, así como del nombramiento de Mario Alberto Alejo García al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización y de Anahí Silva Toscana en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Ambos asumieron funciones de inmediato.
- El Dato: El senador Javier Corral dijo que “el escenario de riesgo (de elecciones concurrentes) es mayúsculo y poco el ahorro”, y llamó a ahondar en el análisis antes de decidir.
Los cambios se realizaron con base en las atribuciones que la reforma judicial otorgó a la presidencia del INE, que le permiten hacer nombramientos directos en la Junta General Ejecutiva.
Antes, estas designaciones requerían mayoría calificada del Consejo General.
Los nuevos titulares, además de no contar con el aval del Consejo General, son originarios de Tabasco y señalados como cercanos al consejero Jorge Montaño.
En el caso de Alejo García, la ley exige una experiencia mínima de cinco años en materia de fiscalización para encabezar el área, sin embargo su trayectoria pública refiere funciones como asesor parlamentario así como dentro del INE y colaborador en gobiernos municipales.
En el caso de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Silva Toscana cuenta con experiencia en el gobierno de Tabasco, donde se desempeñó en la Consejería Jurídica durante las administraciones de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino Campos.
Los movimientos ocurrieron de forma paralela a la llegada de nuevas consejerías al INE. Mientras se realizaba su presentación oficial, se concretaron las destituciones y nuevos nombramientos, que entraron en vigor de inmediato. Se prevé que el Consejo General del INE fije postura en los próximos días, así como las nuevas consejerías.
MÁS CARO. Por separado, la consejera Rita Bell López Vences advirtió sobre los riesgos operativos y la complejidad logística de realizar de manera concurrente la elección judicial con los comicios federales de 2027, y sostuvo que este esquema no generaría ahorros presupuestales, sino un incremento en los costos, por lo que planteó posponerla a 2028.
Al participar en el Foro Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México, organizado por del Senado, explicó que el análisis técnico del INE indica que la concurrencia de ambos procesos implica sumar gastos.
“En efecto, no hay un ahorro, lo que estaríamos haciendo solamente sería juntar estas elecciones con cada uno de los costos que ya tienen de por sí”, señaló.
Detalló que, mientras la elección del Poder Ejecutivo requirió más de ocho mil millones de pesos y la del Poder Judicial alrededor de seis mil millones, una proyección conjunta podría alcanzar “15 mil millones en este momento”.
Subrayó que la organización simultánea obliga a duplicar tareas clave como la capacitación, la supervisión electoral y la logística territorial: “Ése es el costo más grande de la elección, porque son personas que son contratadas de manera temporal para hacer este trabajo y ese es uno de los costos más grandes que se tiene”.
También alertó sobre limitaciones en la impresión de boletas electorales, debido a la capacidad instalada de las empresas especializadas. Ante este panorama, recordó que la integración anterior del Consejo General del INE había coincidido en la conveniencia de posponer la elección judicial, previo a la llegada de los tres nuevos consejeros.
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MSL
