LA ESTRATEGIA de repliegue aplicada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo la confrontación directa, pero dejó una “zona ciega” en la medición de la violencia: el avance de la extorsión y el reclutamiento de jóvenes como formas de control criminal, planteó Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia.
El problema del repliegue, explicó en la presentación del Índice de Paz México 2026, fue que no contuvo al crimen organizado; por el contrario, permitió que ampliará su presencia en otros delitos menos visibles. Esa decisión, dijo, pudo modificar las características de la crisis, porque la violencia no sólo debe medirse por homicidios.
Explicó que la baja en enfrentamientos o asesinatos no necesariamente refleja una pérdida de control criminal, pues bajo una menor presencia directa del Estado, los grupos delictivos pudieron avanzar hacia actividades con menor visibilidad pública, pero con fuerte impacto en comunidades, comercios y jóvenes.
“El aumento o la penetración del crimen se dio en delitos como extorsión y reclutamiento de jóvenes, cosas que no se ven en los índices de homicidio”, afirmó. La abogada constitucionalista añadió que esos fenómenos obligan a revisar la forma en que México mide la seguridad y los efectos reales de cada política pública.
Bajo esa lectura, la extorsión aparece como un delito que altera la vida económica sin generar siempre denuncias o registros completos. El reclutamiento, en tanto, es una forma de control social que tampoco se refleja de forma clara en las cifras tradicionales de violencia letal.
Magaloni trazó una línea entre las estrategias de los últimos cuatro gobiernos federales: Felipe Calderón llevó al Ejército a las calles sin un sistema judicial capaz de frenar abusos; Enrique Peña mantuvo esa ruta sin colocar la seguridad en el centro de su narrativa; Andrés Manuel López Obrador eligió el repliegue. Respecto al Gobierno actual, sostuvo que Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch no reproducen el modelo de fuerza indiscriminada: su apuesta se concentra en personas específicas, identificadas como generadoras de violencia.
“Sheinbaum no llega con el uso indiscriminado de la fuerza”, dijo. La diferencia radica en que ahora la acción pública busca detener y llevar a proceso a objetivos concretos, en lugar de sostener una lógica de confrontación abierta. Desde su perspectiva, esa modificación ayuda a entender el aumento de la población penitenciaria y de las detenciones: “Estamos ante una estrategia organizada y que piensa que hay que detener y encarcelar”.
Magaloni consideró que el nuevo enfoque ofrece mejores señales que los modelos previos, aunque advirtió que ninguna ruta podrá consolidar la paz si el país mantiene fiscalías y juzgados sin capacidad suficiente. En su diagnóstico, el sistema de justicia sigue como el punto débil de todas las administraciones.
“El sistema de justicia cumple la tarea de estabilizar la verdad”, dijo al hablar de víctimas, personas desaparecidas y familias que no encuentran respuestas institucionales. Afirmó que México necesita órganos capaces de establecer responsabilidades de forma creíble y sancionar abusos cometidos por autoridades.
Para ella, la reducción de homicidios constituye una buena noticia, pero no resuelve la crisis de seguridad. El reto, dijo, consiste en impedir que oculte la expansión de delitos menos visibles que mantienen el miedo y la presión criminal.
