Durante dos horas y media, César Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado de Chihuahua, compareció ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez como testigo en la investigación por la intervención y muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), un caso que también arrastró una movilización panista afuera del inmueble.
La diligencia giró en torno a un cuestionamiento del Ministerio Público Federal (MPF). Al salir con su abogado, el exfuncionario dijo que atendió el requerimiento y no recibió una nueva cita: “Espero que sirva para aclarar las cosas”, expresó a los reporteros presentes, antes de sostener que sus respuestas darán mayores elementos para determinar qué ocurrió.
- El Dato: La entidad es la segunda con mayor promedio diario de homicidios dolosos, de acuerdo con datos del SESNSP.
Ante preguntas sobre si estaba tranquilo tras acudir al llamado, Jáuregui Moreno respondió: “por eso vine”. Al ser consultado sobre la imparcialidad de la FGR, evitó una valoración directa. “Más allá de ese tipo de consideraciones, lo que hay que tener claro es que, cuando alguien es requerido por una autoridad, tiene la obligación de venir a responder”. Sin embargo, dejó ver que, desde su consideración, “es probable” que el caso por el que acudió a comparecer esté politizado.
Jáuregui Moreno dejó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) el 27 de abril, ocho días después del accidente que expuso la presencia de personal de la CIA en territorio estatal. Al anunciar su salida, reconoció que los resultados contra el crimen organizado, incluida “la destrucción de uno de los laboratorios de drogas más grandes en la historia del país”, no justificaban acciones fuera del estricto apego a la ley.
También admitió inconsistencias en la información inicial y fallas en los mecanismos de control, comunicación y gestión institucional que le correspondían como titular de la dependencia: “Reconozco esta responsabilidad política y la necesidad de corregirla”.
Jáuregui Moreno abandonó la delegación federal en una camioneta blanca con antena satelital en el techo. Detrás avanzó una escolta en una camioneta pickup.
Simpatizantes de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron a las oficinas de la FGR en Ciudad Juárez. Entre empujones, consignas y preguntas de la prensa, Ulises Pacheco, líder estatal del blanquiazul, escoltó al exfiscal hasta el acceso.
El citatorio dirigido a Campos Galván elevó el tono del reclamo partidista cuando Pacheco acusó a la institución federal de actuar contra la mandataria y el exservidor público: “La FGR se ha vuelto el brazo armado de un narcopartido”, afirmó.
Un nuevo capítulo interno se abrirá el sábado, adelantó el dirigente, al anticipar que ese día “la estructura” panista se reunirá en la capital de Chihuahua para definir acciones políticas en respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos.
Fuera del edificio, la discusión alcanzó la eventual presencia de agentes de EU en territorio chihuahuense. Uno de los manifestantes defendió la posibilidad bajo el argumento de combatir a los grupos criminales “¡Hasta que vengan los marcianos! Lo que no queremos es que cogobiernen los cárteles. Si es para combatirlos, ¡que vengan hasta los extraterrestres!”, respondió un manifestante.
Ir contra los narcoalcaldes depende de las denuncias
| Por Elizabeth Hernández |
Las investigaciones vinculadas con el Operativo Enjambre parten de las denuncias ciudadanas o querellas presentadas ante fiscalías, no de una revisión general de todos los alcaldes o autoridades estatales, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ante preguntas sobre el alcance del operativo, la mandataria federal explicó que los casos surgen cuando una persona aporta información sobre posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales. Con esos señalamientos, dijo, las áreas correspondientes inician una indagatoria y sólo avanzan si hay pruebas.
Sheinbaum Pardo rechazó que el operativo funcione como una búsqueda masiva desde inteligencia contra todos los presidentes municipales del país, y sostuvo que ese modelo resultaría inviable.
“Lo que tiene que haber es pruebas, porque no es nada más el dicho”, señaló Sheinbaum al explicar que las fiscalías sólo pueden proceder si la investigación reúne elementos conforme al sistema penal acusatorio.
- 14 alcaldes y exediles se han detenido en el Operativo Enjambre
De acuerdo con la mandataria federal, las denuncias pueden llegar por distintas vías. Una persona puede acercarse directamente a ella, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a elementos de seguridad o presentar la acusación directamente ante una fiscalía.
Tras recibir esos reportes, añadió, las autoridades revisan la información y, en caso de encontrar pruebas, el asunto queda en manos de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías estatales, según corresponda a su competencia.
Al ser cuestionada sobre si algún gobernador se encuentra bajo investigación por señalamientos de esa naturaleza, la Presidenta evitó confirmar casos y remitió cualquier información oficial a la autoridad ministerial correspondiente.
“Tiene que decirlo la fiscalía, no me compete a mí”, respondió.
La titular del Ejecutivo también negó haber recibido señalamientos contra mandatarios estatales durante sus recorridos por el país: “No he recibido ninguna denuncia personal sobre eso”, dijo al descartar que alguien le haya señalado a un gobernador o gobernadora por presuntos nexos criminales.
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