La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en la relación con Estados Unidos hay la posibilidad de que el narcotráfico puede operar como mecanismo de presión, que las solicitudes contra políticos mexicanos abren un riesgo electoral y que ninguna agencia extranjera puede intervenir en operativos dentro del país sin sujetarse a la ley nacional.
Ante los recientes desencuentros con Washington, la mandataria defendió la cooperación en seguridad y migración, pero fijó límites sobre la actuación del personal estadounidense. Sostuvo que el intercambio de información puede continuar, siempre que las acciones correspondan a instituciones federales.
- El Dato: El EMBAJADOR Ronald Johnson destacó la colaboración entre México y EU en el descubrimiento de un narcotúnel usado para traficar doga desde Tijuana a San Diego.
El punto de mayor fricción surgió por el caso de Chihuahua, donde elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) ubicaron un laboratorio clandestino sin contar con acreditación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La Presidenta precisó que sólo acudieron a identificar el sitio y que después dieron aviso a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Por cierto, no iban a desmantelar un laboratorio, iban a ubicarlo”, afirmó. Tras ese episodio, el Gobierno federal pidió que regularizaran su presencia, pero, de acuerdo con la mandataria, ellos prefirieron salir del país.
Al hablar sobre los mecanismos de diálogo con la administración estadounidense, la jefa del Ejecutivo afirmó que la comunicación con la embajada de Estados Unidos seguirá por canales institucionales. “No queremos un conflicto, no es nuestra intención”, expresó. Ronald Johnson mantiene reuniones frecuentes con Roberto Velasco, canciller y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En esas conversaciones participan la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), bajo la conducción de la Cancillería. La mandataria dijo que ella ha sostenido encuentros con el embajador, aunque el contacto cotidiano ocurre mediante la SRE.
Rumbo a una eventual nueva conversación directa, Claudia Sheinbaum afirmó que ha tenido alrededor de 20 llamadas con Donald Trump y dejó abierta la posibilidad de otro contacto. “Si es necesario, vamos a buscar la llamada”, señaló.
Sin cerrar la puerta a acuerdos, la Presidenta insistió en que México mantendrá la colaboración con EU bajo límites claros. “Siempre vamos a buscar el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos. Sí tenemos que poner los puntos sobre las íes, pues los ponemos”, afirmó.
Desde Palacio Nacional, la mandataria federal vinculó ese caso con una práctica que, dijo, aparece desde hace décadas en la relación bilateral. Para respaldar su argumento, citó memorias de Miguel de la Madrid. “El narcotráfico va a ser un pretexto para influir en México”, señaló en referencia a ese libro.
Bajo esa línea, aseguró que su administración acepta la colaboración, pero no la intervención. “Nosotros siempre dijimos: denos la información, colaboramos de distinta forma, pero en los operativos participan las instituciones mexicanas”, expresó.
También colocó el debate en el terreno político. La mandataria cuestionó las solicitudes urgentes de detención con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un senador y un presidente municipal en funciones. La FGR, dijo, abrió carpetas propias para revisar si existen pruebas sustantivas sobre los delitos atribuidos.
Con relación a esos expedientes, defendió que cualquier acción debe ajustarse a la Constitución y a las leyes mexicanas. “Tú no puedes detener a una persona sin pruebas, nada más porque en los medios dijeron que era culpable o porque políticamente es conveniente”, dijo.
También advirtió que una autoridad extranjera no puede incidir sobre cargos definidos en las urnas.
Frente a esa posibilidad, planteó que México debe revisar si las solicitudes responden a un asunto penal, a un interés real de seguridad o a cálculos vinculados con las elecciones de Estados Unidos y con los próximos comicios mexicanos. Además, rechazó que su postura dependa del partido de los políticos señalados.
Ante las versiones publicadas por Los Angeles Times sobre el supuesto retiro de visas a otros dos gobernadores mexicanos investigados en Estados Unidos por crimen organizado, Sheinbaum Pardo insistió en que esa información debe aclararse por los aludidos.
Además, cuestionó que una medida administrativa se difunda mediante filtraciones y la presentó como una forma de presión política.
“¿Qué intención tiene quitar la visa y además hacerlo público?”. Según dijo, el efecto sería instalar una amenaza indirecta: “Aguas, van a quitártela”.
Sobre la estrategia interna, afirmó que su administración utiliza investigación, inteligencia, órdenes judiciales y atención a las causas contra grupos delictivos. Y añadió que, por decisión del Consejo Nacional de Seguridad, se han enviado a 92 personas a Estados Unidos. En materia migratoria, la mandataria presentó datos atribuidos a autoridades estadounidenses y aseguró que los cruces irregulares en la frontera norte bajaron 97.5 por ciento.
Gobiernos de Durazo y Villarreal reviran
| Por Elizabeth Hernández |
Las administraciones de Sonora y Tamaulipas rechazaron los señalamientos publicados por Los Angeles Times sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos contra Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya; además, negaron que existan notificaciones oficiales de las autoridades, expedientes o pruebas en contra de ambos mandatarios.
Ante la versión del diario estadounidense, la vocera sonorense, Paloma Terán, calificó como una “completamente falsa” la información relacionada con Durazo Montaño. También aseguró que el mandatario estatal conserva vigente su visa y que no ha recibido aviso alguno de autoridades estadounidenses sobre una indagatoria en su contra.
El gobernador respondió en conferencia que las acusaciones carecen de sustento y defendió su trayectoria pública. “Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”, dijo al rechazar vínculos con grupos criminales. Sobre la versión de que perdió su visa, el sonorense afirmó que no tiene obligación de exhibir el documento ni viajar a territorio estadounidense para demostrar su estatus.
En esa misma respuesta, sostuvo que cualquier dato formal sobre una investigación debe venir de las autoridades correspondientes. También aseguró que su vida pública lo protege frente a los señalamientos y que en Sonora “todos nos conocemos y todos nos sabemos todo”.
Por separado, Villarreal Anaya difundió un video para fijar su postura ante el mismo reporte. El mandatario tamaulipeco negó las acusaciones del medio y las calificó como “falsas, tendenciosas y carentes de cualquier evidencia que las respalde”.
Al referirse a los señalamientos, el mandatario afirmó que no existe resolución, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de alguna autoridad en México o Estados Unidos que sostenga la información divulgada. “Rechazo categóricamente cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley”, declaró.
De acuerdo con el mandatario, su visa estadounidense sigue vigente y no ha recibido avisos sobre restricciones, cancelaciones o procesos relacionados con ese documento. “Jamás he ingresado a Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me acredita para ello”, señaló.
La postura del gobierno tamaulipeco también apareció en redes sociales a través de su vocero, Gerardo Algarín, quien afirmó que no hay “una sola prueba” contra Villarreal. El funcionario añadió que tampoco existen documentos, expedientes, resoluciones o evidencia verificable que respalde lo publicado.
Exige la oposición aclarar estatus legal de señalados
