La Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, respaldó los cambios a la siguiente elección judicial con una defensa del voto popular para jueces, magistrados y ministros, pero también reconoció que el primer proceso dejó problemas operativos que el Gobierno busca corregir con boletas más simples, menos candidaturas por cargo y un examen de conocimientos para aspirantes.
En su conferencia, la mandataria explicó que la elección del Poder Judicial pasará a 2028 porque el calendario del siguiente año concentraría comicios federales, locales y judiciales en una misma jornada.
En varios estados también habrá votaciones para gubernaturas, diputaciones, ayuntamientos y otros cargos, lo que complicaría la instalación de casillas y la emisión del sufragio.
- El Dato: Partidos como Morena, PT y PVEM se colocaron a favor de esta normativa, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron, por segunda vez, en contra.
Sheinbaum advirtió que, bajo las reglas actuales, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que instalar mesas distintas para la elección ordinaria y para la judicial: “Va a ser muy difícil que en el 27 se vote por todo”, afirmó al señalar que la ciudadanía recibiría boletas habituales y otras con cargos del Poder Judicial.
Con el nuevo diseño, el Gobierno plantea que la elección judicial de 2028 pueda coincidir con una eventual revocación de mandato en la misma jornada, sede y casilla. La intención, dijo la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, consiste en facilitar la participación y permitir que los votos se cuenten en el lugar donde fueron emitidos, sin traslado de paquetes a distritos electorales.
Con la reforma, cada comité del Ejecutivo, Legislativo y Judicial propondrá dos aspirantes por cargo y ya no tres, por lo que sostuvo que esa reducción ayudará a simplificar las papeletas, después de las críticas por la cantidad de nombres en el primer ejercicio y por el uso de guías o “acordeones” entre votantes: “Se simplifica la boleta, se simplifica la elección”.
El ajuste también abre la puerta a un examen de conocimientos para quienes busquen participar como candidatos a cargos judiciales. La prueba se sumaría a requisitos como promedio mínimo, trayectoria y documentación académica, por lo que explicó: “Si vas a ser juez de penal, pues tenga ciertos conocimientos sobre lo penal. Si vas a ser juez civil, puedas tener ciertos conocimientos sobre lo civil”.
Ante las críticas que consideran el ajuste como una rectificación de fondo, la consejera dijo que ésta “reitera el carácter democrático de elegir al Poder Judicial”. Defendió ese principio y rechazó los señalamientos que ponen en duda la capacidad del electorado para decidir la integración de tribunales, juzgados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El paquete incluye un mecanismo voluntario para revisar candidaturas frente a posibles vínculos con la delincuencia. Una comisión del INE, integrada por tres consejeros, recibirá listados totales o parciales de partidos y los remitirá a autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero.
Respecto a la intervención extranjera en elecciones, la reforma agrega una consecuencia jurídica cuando actos externos influyan en resultados federales o locales. Aclaró que la prohibición de injerencia existía en el artículo 40 constitucional, pero ahora los tribunales determinarán si procede la nulidad.
El Congreso tendrá un plazo no mayor a 90 días para desarrollar las leyes secundarias, donde se fijarán criterios, estándares de prueba y reglas de aplicación.
Derecho de réplica va contra “narrativas falsas”
| Por Tania Gómez |
En Palacio Nacional, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, presentó ayer el segmento informativo Derecho de réplica, un espacio televisivo que pretende abrirse a medios de comunicación y a la ciudadanía para aclarar, responder y contrastar información difundida en el debate público.
Alcalde explicó que será como un mecanismo para que dependencias y funcionarios puedan ofrecer aclaraciones una vez expuestos determinados temas: “La idea es que, concluidas las exposiciones, nuestros invitados puedan participar para aclarar, detallar y dar mayor información de lo que los medios expongan aquí”.
- El Tip: El programa oficial Derecho de réplica se transmitirá todos los miércoles a las 17:00 horas por Canal Catorce.
Al presentar el contexto jurídico de la iniciativa sostuvo que el “derecho de réplica” se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión, que tiene una dimensión tanto individual como colectiva. Mientras la primera protege el derecho de las personas a expresar ideas, opiniones e información, la segunda garantiza el derecho de la sociedad a recibir información plural.
Recordó que el derecho a la información está consagrado en el artículo 6 de la Constitución y que el derecho de réplica cuenta con reconocimiento constitucional desde 2007 y con una ley reglamentaria específica desde 2015.
La ley establece, dijo, que toda persona tiene derecho a que se publiquen o difundan aclaraciones respecto a información inexacta o falsa que le causen agravio político, económico, moral o a su imagen.
Señaló que los medios tienen la obligación de difundir la réplica “íntegramente en los mismos términos en los que se divulgó la información falsa”.
Afirmó que la interpretación de este derecho ha evolucionado en México a partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para “corregir asimetrías en el acceso a los medios”, preservar el equilibrio informativo y enriquecer el debate público.
“Combate la desinformación no a través de la censura, sino a través de la información fidedigna”, aseveró.
