Así que se siguen sumando solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados, aunque hasta ahora la mayoría de ellas siguen congeladas, porque no se ha instalado la Subcomisión de Examen Previo, encargada de determinar su procedencia y de turnar los casos a la Comisión Jurisdiccional. Lo anterior se conoció a partir de una exigencia planteada ayer por la diputada emecista Laura Ballesteros, que busca dar seguimiento al caso que presentó contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, respaldada por familias de personas desaparecidas. No es el único caso que no ha sido tramitado, nos comentan, en la lista hay solicitudes también contra morenistas como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya o el senador Enrique Inzunza o el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Apenas ayer se incorporó a esta lista un asunto más: el iniciado por el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, contra el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien acusa de haber intervenido en los comicios para elegir diputados locales el pasado 2 de junio.
