Un informe internacional estimó que, en México, 13 por ciento de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años que usan Internet sufrió al menos una modalidad de explotación o abuso sexual facilitado por tecnología en un periodo de un año, lo que equivale a 1.6 millones de víctimas, o uno de cada ocho adolescentes.
La medición forma parte de Disrupting Harm in Mexico, estudio elaborado por la Organización Internacional para Terminar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y la Trata de Niños con Fines Sexuales (ECPAT, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con financiamiento de Safe Online.
- El Dato: Los registros de lesiones 2010-2025 de la Secretaría de Salud demuestran que en los hospitales del país se atendió por violencia sexual a 11,122 menores durante el año pasado.
El proyecto recopiló datos entre 2023 y 2024 mediante una encuesta nacional en hogares, entrevistas con profesionales de justicia, jóvenes que sufrieron estos hechos antes de los 18 años, autoridades policiales y un análisis de leyes. Los datos registraron 99 por ciento de acceso a la red en el grupo de 12 a 17 años que se conectan casi exclusivamente mediante un celular. Además, nueve de cada 10 utilizaron redes sociales o mensajería al menos una vez por semana, arriba de la mitad jugó en línea y vio transmisiones en vivo.
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De acuerdo con el documento, la violencia sexual facilitada por tecnología no se limita a hechos que suceden por completo en espacios digitales.
El concepto abarca situaciones en las que internet, redes sociales, mensajería, videojuegos, dispositivos o plataformas participan en cualquier momento del abuso o la explotación, incluidos casos que empiezan en línea y pasan al contacto físico, o hechos que surgen fuera de Internet y continúan en aplicaciones.
El dato central surge de 124 menores que reportaron al menos una de las modalidades medidas por el estudio durante el año previo a la encuesta. Casi la mitad de ese grupo, 47 por ciento, enfrentó más de una forma de agresión, con lo que el análisis sumó 232 incidentes. La exposición no deseada a imágenes sexuales apareció como la modalidad más frecuente, con siete por ciento.
El estudio registró cuatro por ciento con peticiones no deseadas para hablar sobre sexo o actos sexuales, cifra similar de solicitudes de imágenes o videos de partes íntimas y otro tanto con imágenes o videos sexuales falsos creados con Inteligencia Artificial. Otros casos incluyeron amenazas para difundir material sexual, publicación de imágenes sin consentimiento y ofertas de dinero o regalos a cambio de contenido.
Facebook y WhatsApp concentraron los porcentajes más altos entre los espacios señalados por menores que vivieron explotación o abuso sexual mediante redes sociales o mensajería.
El reporte ubica a Facebook con 52 por ciento de los casos y a WhatsApp con 46 por ciento de los incidentes dentro de esa categoría. Después aparecen Instagram, con 11; TikTok, con ocho; YouTube, con tres, y Snapchat, con dos puntos.
A partir de los casos reportados por los propios menores, 67 por ciento de la explotación o abuso sexual facilitado por tecnología ocurrió de forma exclusiva en línea. De ese total, seis de cada 10 casos sucedieron en redes sociales o servicios de mensajería instantánea y cuatro por ciento en videojuegos en línea. Profesionales entrevistados para el estudio también describieron casos vinculados con Roblox, Fortnite y FIFA.
De acuerdo con testimonios incluidos en el estudio, contenido sexual de niñas, niños y adolescentes puede almacenarse en Google Drive y anunciarse en grupos de compra y venta en Facebook o Telegram. En algunos espacios, la información de jóvenes aparece clasificada por municipio, estado, edad u otras características.
Bajo la legislación mexicana, los servicios en línea no pueden recibir responsabilidad por material de abuso sexual infantil que circula mediante usuarios, lo que deja poco o nulo incentivo jurídico para detectar, reportar o retirar ese contenido de manera proactiva. La ley exige a proveedores de Internet conservar datos hasta dos años para investigaciones, pero esa obligación no alcanza a redes sociales ni aplicaciones de mensajería.
Agresión en línea, por fallas estructurales
| Por Claudia Arellano |
La violencia sexual facilitada por la tecnología contra niñas, niños y adolescentes no es consecuencia del uso de Internet, sino de relaciones de poder, desigualdades de género, impunidad y fallas institucionales, que permiten a los agresores actuar, de acuerdo con una ficha informativa elaborada por Tejiendo Redes Infancia y difundida por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El documento, basado en hallazgos de organismos internacionales como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ECPAT, busca desmontar diversos mitos que persisten en torno a este tipo de violencia y planteó la necesidad de cambiar el enfoque de prevención y protección hacia las infancias.
- 99 por ciento de los menores accede a Internet desde la casa
Entre los principales hallazgos, el documento destaca que la violencia sexual facilitada por la tecnología no constituye un fenómeno exclusivamente digital, sino una extensión de violencias que también ocurren en espacios presenciales como la escuela, el hogar o las relaciones afectivas.
Otro de los mitos que el informe busca desmontar es la idea de que el principal riesgo proviene de personas desconocidas. De acuerdo con los datos presentados, en 64 por ciento de los casos las víctimas conocían a quien cometió la agresión, ya fuera una amistad, pareja o familiar. Sólo 15 por ciento correspondió a personas desconocidas.
El documento destacó que la violencia digital tiene consecuencias graves para la salud mental. Las víctimas registraron mayores probabilidades de autolesionarse, presentar pensamientos suicidas, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y una disminución de la autoestima.
La ficha también advirtió sobre las barreras que enfrentan las víctimas para denunciar, pues 32 por ciento de quienes sufrieron este tipo de violencia no habló con nadie sobre lo ocurrido, mientras que menos del uno por ciento acudió a la policía y apenas el dos por ciento buscó apoyo en líneas de ayuda o servicios sociales.
La Redim cuestionó los enfoques centrados sólo en la vigilancia de niñas, niños y adolescentes y propone exigir plataformas digitales seguras por diseño, fortalecer protocolos escolares y comunitarios, garantizar acceso a la justicia con perspectiva de niñez e impulsar educación integral en sexualidad y ciudadanía digital.
El documento también recomendó a periodistas y medios de comunicación evitar expresiones que responsabilicen a las víctimas, como “se expuso”, “cayó en la trampa” o “mandó fotos”, y sustituirlas por un lenguaje centrado en derechos humanos, protección integral y responsabilidad de las personas agresoras y de las instituciones.
