Al menos 10 políticos mexicanos de Morena, entre ellos gobernadores y legisladores, acudieron ante Estados Unidos para aportar datos e información incriminatoria sobre otros integrantes de Morena, aseguró The New York Times (NYT) en un reportaje publicado este sábado.
El diario neoyorquino sostuvo que integrantes del partido en el poder ofrecieron información discreta al gobierno de Donald Trump, en medio de investigaciones sobre presunta corrupción y posibles nexos de funcionarios y exfuncionarios con cárteles mexicanos. Ocho personas que participaron en esas conversaciones confirmaron los acercamientos.
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Los contactos ocurrieron después de que EU acusó a 10 funcionarios mexicanos, en activo y retirados, de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Varios perfiles, apuntó el NYT, buscan anticiparse a pesquisas que temen en su contra. Tres personas al tanto de los esfuerzos dijeron que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) impulsó parte de esa cooperación mediante contactos privados con servidores públicos mexicanos.
• A dos meses de la solicitud
Tras la publicación del artículo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, atribuyó el señalamiento a una campaña de la ultraderecha. “Nosotros no somos cómplices de nadie, nosotros no vamos a encubrir a nadie”, sostuvo.
El NYT señaló que estos políticos se suman a una lista de informantes mexicanos de alto nivel que han entregado detalles sobre la operación interna de los cárteles y sus presuntos vínculos con figuras públicas. Según el diario, dos de los 10 funcionarios mexicanos acusados en abril ya están bajo custodia de Estados Unidos.
Fiscales estadounidenses también recibieron información de dos líderes criminales encarcelados, hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quienes se declararon culpables el año pasado por delitos relacionados con drogas. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, añadió el medio, México envió a EU a 92 miembros de cárteles mexicanos durante los últimos 18 meses.
Entre quienes han aportado datos, el reportaje ubicó a altos mandos de los hijos del capo, a un piloto y a un asesor.
Una línea central de los interrogatorios apunta a sobornos de cárteles a funcionarios mexicanos. Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, dijo que las colaboraciones elevan la posibilidad de casos penales contra personas de alto perfil de la política mexicana.
La publicación ubica como objetivos de investigaciones por corrupción a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, con base en cinco personas al tanto de esas indagatorias. Ambos negaron vínculos con el narcotráfico.
En el caso de Sonora, su portavoz, Paloma Terán, afirmó que el gobernador “ha ejercido el servicio público con estricto apego a la ley” y que no recibió notificación de una investigación en su contra. El mandatario pidió rectificar las referencias a su persona.
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