La conmemoración de la 48 edición de la Marcha del Orgullo cerró en la Ciudad de México con una demanda que rebasó las consignas de visibilidad. Colectivas lésbicas colocaron en el centro del debate la falta de registros oficiales sobre agresiones, expulsión del hogar, violencia familiar, discriminación laboral y ataques que, según denunciaron, rara vez llegan a investigarse como lesbofobia.
La Marcha del Orgullo 2026 incluyó este 28 de junio un “Tramo del Silencio” para recordar a víctimas de crímenes de odio, desapariciones y otras violencias contra personas LGBT+. Para activistas consultadas por La Razón, ese espacio abrió una discusión pendiente sobre memoria, seguridad y justicia para lesbianas, en un país donde las denuncias suelen quedar bajo categorías generales.
- El Dato: Madres buscadoras se sumaron a la 48 Marcha del Orgullo en la CDMX para exigir justicia y visibilizar los casos de personas de la comunidad LGBTTTIQA+ desaparecidas.
En 2021, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó 5.1 millones de personas LGBTI+ de 15 años y más en México; un año después, la Encuesta Nacional sobre Discriminación mostró que el rechazo no aparece como episodio aislado, sino como parte de la vida cotidiana para esa población. Cuatro de cada 10 personas de este grupo reportaron haber sufrido trato desigual durante los 12 meses previos y, entre mujeres de la diversidad sexual y de género, la proporción escaló a la mitad.
Para colectivas lésbicas, las cifras no alcanzan a dimensionar las agresiones: “Nos cuentan como parte de la diversidad atacada, pero no como lesbianas violentadas. Cuando una familia expulsa a una joven por amar a otra, la autoridad lo trata como pleito doméstico”, denunció Renata Salgado, integrante de la colectiva Archivo Lésbico por la Memoria.
Una de las víctimas, identificada como Laura para proteger su identidad, relató que salió de casa en 2025, después de amenazas de su padre y hermanos: “Me dijeron que me iban a corregir. Fui a denunciar y me preguntaron si había golpes visibles. No hubo una sola pregunta sobre mi orientación sexual o sus amenazas”.
A falta de una estadística nacional sobre asesinatos por lesbofobia, los datos disponibles dependen de reportes ciudadanos, revisión de prensa y registros no gubernamentales. Esa ausencia impide saber cuántas muertes de lesbianas entran a expedientes por homicidio, feminicidio, violencia familiar, ataque sexual o riña, sin que la orientación sexual aparezca como posible línea de investigación.
Los registros civiles ubican tres casos de mujeres lesbianas asesinadas entre los 93 crímenes contra personas LGBT+, con indicios de prejuicio documentados en 2024 por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Para las organizaciones civiles, la diferencia no significa menor riesgo, sino menor visibilidad en las carpetas de investigación que clasifican las agresiones bajo criterios legales generales.
Nadia, de 24 años, narró que perdió su empleo tras acudir con su pareja a una fiesta de la empresa: “Mi jefa me pidió no llevar mi vida privada al trabajo, aun cuando era una reunión abierta. A la semana me cambiaron turnos, me quitaron comisiones y después me dijeron que ya no encajaba con la imagen del negocio”.
Colectivas afirmaron en entrevista que los casos de violencia correctiva, acoso en espacios públicos y amenazas intrafamiliares no siempre se clasifican como denuncias formales y que muchas mujeres no acuden ante fiscalías por miedo a represalias, revictimización o burlas.
Otra activista, Jimena Torres, de la red Lesbos Seguras México, sostuvo que el problema no empieza en la ausencia de leyes, sino en la forma en que las instituciones clasifican los hechos: “Si una agresión contra una lesbiana queda como riña, amenaza común o conflicto familiar, desaparece el motivo de odio. Sin registro no hay política pública”.
Datos de Inegi y Conapred permiten ubicar la discriminación contra la diversidad sexual como un fenómeno nacional, pero las organizaciones advierten que la experiencia lésbica necesita medición propia. Piden bases de datos con variables sobre orientación sexual, capacitación para ministerios públicos y protocolos que reconozcan ataques por lesbofobia.
Especialistas en derechos humanos consultadas por colectivas locales también han señalado que la visibilidad durante eventos masivos, como la Marcha del Orgullo o el Mundial, no sustituye medidas de seguridad cotidiana. La demanda central, dijeron, incluye acceso a justicia, refugios seguros, atención psicológica y rutas de denuncia sin prejuicios.
Frente al “Tramo del Silencio”, familiares y activistas colocaron flores, fotografías y carteles con nombres de personas LGBT+ asesinadas o desaparecidas. Entre las consignas, un claro mensaje: “También nos matan, también nos borran”.
Anunciaron que entregarán un informe ciudadano a autoridades capitalinas y federales con testimonios de agresiones en diversos entornos.Su exigencia apunta a que el Estado nombre, mida e investigue la violencia contra lesbianas como una forma específica de odio, no como un dato perdido entre otras categorías.
ONU DH pide ir contra crimen
Por Elizabeth Hernández
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades investigar con perspectiva de género el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, buscadora e integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido el 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato.
De acuerdo con ONU-DH México, en lo que va de 2026 ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras de derechos humanos en el país.
Dentro de ese registro, tres víctimas eran buscadoras de diferentes municipios de Guanajuato, dato que coloca a ciertas ciudades de esta entidad en el centro de la alerta emitida por la representación internacional.
También llamó a garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan acciones de defensa, acompañamiento y búsqueda en territorio nacional.
Con este llamado, colocó el asesinato de Negrete Tafoya dentro de la violencia contra personas defensoras y mantuvo su exigencia de protección para quienes participan en labores de búsqueda.
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