Jaime “N”, exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, ubicada en el estado de Michoacán, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en el sector público por un año, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso la sanción luego de que una investigación de la Secretaría Anticorrupción demostró que el exservidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT) faltó a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial.
Exfuncionario ocultó incremento de su patrimonio
Específicamente, Jaime “N” ocultó un incremento de un millón 532 mil 452 pesos en su patrimonio, monto que no fue justificado.
Según el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés".
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, ocultar información en las declaraciones de situación patrimonial se considera una falta grave, y las sanciones están contempladas en los artículos 78 y 79 de la citada ley, que establecen de tres meses a un año de inhabilitación si no existen daños ni beneficios económicos.
Sin embargo, la inhabilitación puede ser de hasta de 20 años si se obtuvo un beneficio económico, y se impondrá una indemnización si la falta causó un daño a la Hacienda Pública Federal, local o municipal.
Aunque Jaime “N” tiene derecho a impugnar la sanción, la Secretaría Anticorrupción advirtió que “defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fue investigado”.
Anticorrupción llama a denunciar
“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, sostuvo la dependencia federal, que exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: denuncias.gob.mx.
“El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Denunciar cuando se es testigo de un no solo es un derecho: es también un deber cívico para proteger los recursos públicos”, apuntó.
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