Cartas de respaldo apócrifas, constancias fiscales alteradas, registros sanitarios irregulares y certificados que nunca fueron emitidos forman parte de las anomalías detectadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en contrataciones federales durante 2026.
Tan sólo entre enero y marzo, la dependencia sancionó a 32 personas físicas y morales con multas que sumaron 15 millones 677 mil pesos y 28 inhabilitaciones, mientras que en los meses siguientes continuó anunciando nuevos castigos contra proveedores del Gobierno.
- El Dato: Durante el primer año del actual Gobierno, las 100 empresas que más recibieron contratos públicos acumularon 49.8% del total de recursos mediante contratación pública.
Las penalizaciones mantienen una tendencia que ya se observó en 2025, cuando la dependencia acumuló 103 sanciones e inhabilitaciones contra 99 empresas, con multas que en conjunto rebasaron los 60.5 millones de pesos.
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La secretaría reportó 32 sancionados durante el primer trimestre. Posteriormente, informó nuevas sanciones contra al menos nueve proveedores más entre abril y mayo, por lo que el número de casos continuó creciendo durante el segundo trimestre. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvió a concentrar la mayor cantidad de expedientes.
- El Tip: El gobierno sanciona a una empresa para garantizar el cumplimiento de las leyes, mantener una competencia justa y asegurar que las contrataciones se manejen con integridad.
Entre las empresas sancionadas por los órganos internos de control del IMSS figuran CDC Pharma, Green@w, HIMA Promotions, Puerta del Sol Capital, Musa del Pacífico, Corporativo Dijech, Farmacias Nacionales, Lavandería y Tintorería de la Península, Proveedora Integral de Empresas y Centro de Estudios Prital, además de la persona física Belén Olvera Jiménez.
La autoridad detectó documentación apócrifa presentada en procesos de contratación relacionados principalmente con medicamentos e insumos médicos.
- 32 número de personas físicas y morales sancionadas
No es casual que el sector salud concentre buena parte de las irregularidades. David Montaño, especialista en contrataciones públicas, explicó que las compras médicas de la Federación suelen desarrollarse bajo condiciones que facilitan los riesgos de corrupción.
“Cuando existe desabasto o una situación considerada urgente, las instituciones recurren con mayor frecuencia a adjudicaciones directas o a procedimientos con controles menos estrictos”, dijo.
- 15.6 mdp Monto total de las multas
El experto agregó que el tema de salud es especialmente vulnerable, pues “combina contratos de enorme valor económico con la presión permanente de garantizar atención médica inmediata, lo que puede derivar en la flexibilización de requisitos y verificaciones”.
Las propias resoluciones de Anticorrupción mostraron cómo operan algunas de estas prácticas. Durante 2026, las autoridades detectaron cartas de respaldo falsas, constancias fiscales alteradas, registros sanitarios irregulares y certificados de análisis que no fueron reconocidos por quienes supuestamente los emitieron.
La sanción económica más alta del periodo señalao anteriormente recayó en Corporativo Mexicano Revelor, que recibió una multa de 953 mil 556 pesos y una inhabilitación de 21 meses.
De acuerdo con la resolución oficial, la empresa presentó cuatro escritos y una orden de compra para acreditar experiencia y cumplimiento de contratos previos. Los documentos no fueron reconocidos por su supuesto emisor y llevaron a error a la entidad contratante.
Corporativo Mexicano Revelor ha sido señalada en diversas investigaciones periodísticas como una empresa vinculada al senador Adán Augusto López Hernández, debido a que comenzó a obtener contratos públicos de manera recurrente durante su administración como gobernador del estado de Tabasco y continuó recibiendo adjudicaciones en gobiernos emanados de Morena.
Las irregularidades no se limitaron al ámbito sanitario. Soluciones Militares Tácticas Superior y West Armor fueron multadas con 236 mil 527 pesos e inhabilitadas por cuatro meses debido al incumplimiento de un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Construcciones Arjato recibió una sanción de 165 mil 26 pesos y tres meses de inhabilitación por no formalizar un contrato de obra con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
También fueron castigadas Gas Azul de Nogales y Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana por incumplimientos detectados por los órganos internos de control de Defensa y Semarnat.
El especialista en contrataciones explicó que las multas administrativas suelen ser relativamente bajas frente a las ganancias potenciales que representan los contratos públicos.
“Mientras algunas sanciones ascienden a cientos de miles de pesos, los contratos en disputa pueden alcanzar montos de cientos o incluso miles de millones, lo que no es acorde, y al final, aunque las empresas sean multadas, salen ganando”, señaló.
Además, muchas compañías recurren a amparos o impugnaciones para combatir las resoluciones. Durante esos procesos legales, que pueden extenderse durante años, algunas continúan operando, participan en nuevas licitaciones o reaparecen mediante filiales, representantes o razones sociales vinculadas.
Aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha incrementado la detección de irregularidades y la imposición de sanciones, el debate de fondo sigue abierto: si las multas que rara vez superan el millón de pesos son suficientes para desalentar conductas indebidas en contrataciones que pueden involucrar decenas o cientos de millones.
Para el especialista, el reto pendiente es fortalecer el marco legal para que las consecuencias económicas y administrativas resulten proporcionales al daño potencial causado al erario.
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