La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó cualquier motivación política en la investigación contra Ernesto Ruffo Appel. La institución aseguró que el expediente reúne 96 datos de prueba sobre su probable participación en la mayor red de contrabando de hidrocarburos por ferrocarril detectada en México.
El exgobernador panista de Baja California, reconocido como el primer mandatario estatal de oposición en México, aparece en la indagatoria por su relación societaria con Ingemar, S.A. de C.V., compañía que habría intervenido en operaciones irregulares que causaron un posible daño al erario superior a los cuatro mil millones de pesos.
Tras exponer la secuencia de las diligencias, la institución rechazó que la militancia partidista o los antecedentes públicos del exmandatario hayan motivado la acusación: “Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”.
Sobre la prisión preventiva, el Ministerio Público federal explicó que la Constitución establece esa medida de manera oficiosa para el delito de delincuencia organizada. La FGR añadió que el procedimiento debe respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de los involucrados, mientras un órgano jurisdiccional determina la responsabilidad penal de los imputados.
Según fuentes de la fiscalía, la investigación no comenzó con Ruffo Appel ni con su trayectoria pública. El caso tuvo su origen en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales representaban un riesgo por las altas temperaturas y el desconocimiento de la sustancia almacenada.
Desde ese punto, peritos e investigadores reconstruyeron la cadena logística del combustible. La revisión permitió localizar unidades relacionadas en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde las autoridades detectaron que los documentos de importación reportaban apenas 10 por ciento del contenido real.
La revisión de pedimentos, facturas, cartas porte, registros ferroviarios y archivos corporativos ubicó a Ingemar como la principal importadora relacionada con las operaciones bajo investigación. Los documentos señalan que José Merino Valdés Cuervo, junto a las empresas: Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, constituyeron dicha sociedad en agosto de 2018.
Dos meses más tarde, Ernesto Ruffo Appel se incorporó al capital variable de Ingemar, como se observa en las actas societarias. Tres años después, ya figuraba como accionista y ocupaba la Secretaría del Consejo de Administración, desde donde intervino, junto con Merino Valdés Cuervo, en decisiones clave.
La FGR ubicó la participación de ambos en modificaciones corporativas, otorgamiento de poderes, representación legal, comercio exterior, trámites fiscales, gestiones aduaneras y decisiones relacionadas con la operación de la compañía.
Ingemar amplió su objeto social hacia el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos. Agregó actividades vinculadas con terminales ferroviarias y servicios auxiliares del sector energético.
En los 96 datos de prueba existen dictámenes químicos para identificar gasolina o diésel, análisis mecánicos y eléctricos, destinados a calcular la capacidad de los ferrotanques, estudios fotográficos, evaluaciones criminalísticas, documentos financieros y registros de la ruta comercial.
CSP rechaza el uso político en caso del exgobernador
| Por Yulia Bonilla |
LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es “absolutamente falso” que se le esté dando un uso político al caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido y acusado de participar en una red de contrabando de combustible mediante la empresa Ingemar, en la que es accionista mayoritario.
Durante la última semana, políticos de oposición acusaron al Gobierno Federal de montar acusaciones en contra del exmandatario bajacaliforniano por motivaciones políticas.
Al plantearse el asunto durante la conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con las pruebas necesarias para acreditar los señalamientos legales contra Ruffo Appel, al enfatizar: “No. Falso, absolutamente falso. Y la fiscalía (FGR) dio muchísimas pruebas de este caso, muchísimas. Pero, además, no es solamente el exgobernador, sino por lo menos ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano. A las y a los mexicanos”.
El fin de semana, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que no hay pruebas que sostengan las acusaciones contra Ruffo Appel ni que justifiquen su permanencia tras las rejas.
Además, cuestionó que no se emprendieran acciones del mismo calado en contra de personajes que militan o simpatizan con el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) y que también son acusados de involucrarse en actividades delincuenciales.
“Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, insistió Romero.
El llamado a la liberación del exgobernador también emanó de otras voces como el expresidente panista Vicente Fox, así como del nuevo partido político Somos México, del cual era consejero hasta su detención.
Grupo IDEA le da respaldo y acusa criminalización
| Por Elizabeth Hernández |
Veinticinco exmandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) respaldaron a Ernesto Ruffo Appel y calificaron el proceso legal contra el exgobernador de Baja California como un caso de “criminalización política en México”. El pronunciamiento alertó sobre riesgos para el Estado de derecho.
El bloque sostuvo que “la situación de Ruffo Appel reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder”. También afirmó que usar la justicia para castigar la disidencia o intimidar adversarios convierte la expresión “preso político” en una denuncia sobre el deterioro institucional.
- El Tip: el comunicado cuenta con el respaldo expreso de líderes de la derecha global como José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Álvaro Uribe e Iván Duque (Colombia).
Los firmantes recordaron que Ruffo encabezó en 1989 el primer gobierno estatal de oposición surgido de una elección en México. Según la misiva, su caso envía “un mensaje inadmisible a toda la sociedad” porque coloca al sistema judicial como instrumento de presión desde el Estado.
IDEA cuestionó la elección popular de jueces, modelo al que le atribuyó un “desmantelamiento, por presión gubernamental, del sistema Judicial mexicano”. A su juicio, la reforma es una colonización partidaria e ideológica que debilita la independencia y las garantías procesales.
Entre los expresidentes firmantes aparecen Felipe Calderón, Vicente Fox, José María Aznar, Mariano Rajoy, Mauricio Macri, Iván Duque y Álvaro Uribe, junto con antiguos mandatarios latinoamericanos.
- 11 años tiene la Iniciativa Democrática de España y las Américas
Al responder al pronunciamiento, Morena y sostuvo que el caso debe resolverse ante los tribunales. Ariadna Montiel, presidenta del partido, expuso que los firmantes carecen de autoridad moral para emitir juicios sobre la democracia del país.
Indicó que una investigación de un año revisó operaciones aduanales, financieras y empresariales y el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques. Una jueza federal escuchó más de 24 horas a la Fiscalía y a la defensa antes de vincular a Ruffo Appel a proceso. Por lo que, destacó, la condición opositora no concede impunidad ni la hace una investigación en persecución.
