La posibilidad de que México cuente por primera vez con una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio abrió un nuevo capítulo en una de las demandas más persistentes del movimiento feminista: homologar la forma en que este crimen se investiga y castiga en todo el país.
El Senado de la República habilitó un micrositio para recibir observaciones, comentarios y propuestas de organizaciones civiles, especialistas, académicas y ciudadanía en general.
La consulta permaneció abierta hasta ayer 9 de agosto, mientras que el 18 de agosto se realizarán mesas de diálogo para analizar las aportaciones, como preámbulo para elaborar el dictamen que podría discutirse durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
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Aunque los colectivos feministas consideran que abrir el proyecto al escrutinio ciudadano representa una señal positiva, también advierten que la consulta sólo tendrá legitimidad si las observaciones derivan en modificaciones reales al contenido de la reforma y no se convierten en un ejercicio meramente protocolario.
El nuevo marco legal busca terminar con las distintas formas de investigar un mismo delito. Actualmente, el feminicidio está tipificado en las 32 entidades federativas; sin embargo, cada estado mantiene criterios diferentes para acreditar el delito, investigar las razones de género y sancionar a los responsables.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno federal, busca establecer un marco jurídico nacional para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, garantizar la reparación integral del daño y protocolos homogéneos para todas las fiscalías.
Entre otros aspectos, propone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio, incorpora 21 agravantes y establece penas de entre 40 y 70 años de prisión.
Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red Nacional de Refugios, Equis Justicia para las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir y colectivos de familiares de víctimas han sostenido una postura común: fortalecer el marco legal es indispensable, pero sin presupuesto, capacitación y combate a la impunidad, las reformas terminan siendo insuficientes.
“Diversos estudios han documentado que uno de los principales obstáculos sigue siendo la baja judicialización de los casos y las deficiencias en la investigación ministerial. Incluso investigaciones académicas advierten que endurecer las penas o crear nuevas figuras legales tiene un efecto limitado cuando prevalece la impunidad”, expuso la abogada María Vianney Martín del Campo, quien fue parte del movimiento #MeToo.
Para la letrada, el verdadero reto no consiste únicamente en aumentar castigos penales, sino garantizar investigaciones con perspectiva de género, evitar la revictimización de las familias y asegurar que los responsables sean realmente llevados ante la justicia.
“Entre los planteamientos que organizaciones feministas han impulsado en distintos foros durante los últimos años destacan: que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen inicialmente como feminicidio; protocolos obligatorios para policías, ministerios públicos y peritos, y sanciones para servidores públicos que omitan o alteren investigaciones”, señaló.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que el propósito de la consulta que se realizó en el Senado de la República es construir una legislación con las aportaciones de especialistas y organizaciones de la sociedad civil antes de dictaminar la iniciativa.
La senadora aclaró que si el calendario legislativo se mantiene como está previsto, el dictamen podría quedar listo hacia finales de agosto o principios de septiembre, para iniciar su discusión en el próximo periodo ordinario de sesiones.
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