La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó destituciones, suspensiones, multas e inhabilitaciones contra 17 personas servidoras públicas por irregularidades, retiros bancarios sin autorización, uso de documentos profesionales ajenos, contratación de familiares y presentación de certificados escolares inválidos.
Entre las conductas consideradas graves destaca el caso de Edgar “M” y Erick “D”, adscritos a una zona de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Valle de México. Durante la revisión de un servicio eléctrico en 2023 detectaron una falla en el medidor, pero en vez de aplicar la multa correspondiente pidieron 70 mil pesos al usuario. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) les impuso cuatro años de inhabilitación.
Una de las sanciones más altas recayó en José “S”, quien trabajaba en una unidad médica del ISSSTE en Campeche. De acuerdo con la investigación, entre 2019 y 2021 ocupó un puesto como licenciado en Nutrición con una cédula profesional que pertenecía a otra persona y recibió remuneraciones por 180 mil pesos. El TFJA determinó una inhabilitación de 10 años y una multa por la misma cantidad.
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Por otra parte, Alejandro “R”, empleado de una sucursal del Banco del Bienestar en Xochitepec, Morelos, realizó 15 retiros de efectivo entre 2019 y 2022 desde cuatro cuentas sin consentimiento de sus titulares. La autoridad estableció que obtuvo 13 mil pesos y resolvió impedirle ejercer cargos públicos durante dos años, además de aplicar una sanción económica equivalente al monto involucrado.
Dentro de las investigaciones también figura María “N”, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien intervino en 2020 en la contratación de tres sobrinos, firmó las propuestas de ingreso y los contratos, además de quedar como jefa directa de dos de ellos. La resolución fijó tres meses de inhabilitación.
En otro expediente, dos funcionarios del SAT en Tijuana recibieron una suspensión de 60 días por no restablecer a tiempo el Certificado de Sello Digital de una empresa, situación que permitió el uso de uno temporal durante dos años.
Otros procedimientos abarcaron faltas catalogadas como no graves. Cuatro integrantes de la Guardia Nacional adscritos a oficinas centrales perdieron el cargo después de entregar copias de certificados de bachillerato que no eran válidos, requisito necesario para obtener la licencia de portación de armas.
En el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Juan “P” quedó inhabilitado durante un año por no reportar durante seis meses las ausencias de un trabajador, omisión que derivó en el pago indebido de 11 quincenas por 209 mil pesos.
Además, un servidor público de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo recibió una suspensión de 14 días por no efectuar las gestiones presupuestales necesarias para obras de mantenimiento en Puerto Laguna de Cuyutlán, lo que ocasionó el reporte de un pago superior a lo autorizado por 24 millones de pesos.
En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Néstor “B”. fue suspendido 15 días tras solicitar el depósito de dos millones de pesos en una cuenta distinta a la estipulada en un contrato, aunque pertenecía a la misma empresa.
Buen Gobierno informó que las personas sancionadas pueden recurrir las resoluciones. La dependencia señaló que, en caso de impugnación, defenderá los fallos “con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.
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