La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó sanciones contra 41 servidores públicos por irregularidades que abarcan un quebranto de 20 millones de pesos, enriquecimiento injustificado, cobros indebidos, uso irregular de vehículos oficiales y contratación de familiares. Las multas superan 22.4 millones, mientras que las inhabilitaciones alcanzan hasta una década.
El caso de mayor cuantía surgió en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México; dos funcionarios autorizaron cinco facturas entre 2018 y 2019, pese a que no existían pruebas sobre la prestación de servicios contratados para un sistema de gestión gubernamental. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) les impuso restricciones por 10 años y sanciones de 12.2 y 8.7 millones de pesos.
Dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un trabajador omitió cuentas bancarias y el origen de recursos en sus declaraciones patrimoniales de 2017, 2018 y 2020. La revisión detectó un “incremento inexplicable e injustificado” de 5.4 millones de pesos en el patrimonio personal y familiar, por lo cual recibió una inhabilitación de una década.
“No habría bienestar sin soberanía”
Otro expediente corresponde a un empleado de Coatzacoalcos, Veracruz, quien ingirió bebidas alcohólicas y condujo a exceso de velocidad una unidad institucional en 2020. El vehículo volcó y quedó destruido junto con el equipo hidráulico que transportaba. El tribunal fijó una multa de 450 mil pesos, además de impedirle ejercer cargos públicos durante 10 años.
A esa resolución se sumó la de una trabajadora de la central termoeléctrica Presidente Juárez, en Ensenada, Baja California. Entre junio de 2020 y mayo de 2022 obtuvo 13 pagos excedentes de prima vacacional, sin notificarlos ni devolverlos. La autoridad determinó una penalización de 273 mil pesos y el mismo periodo de impedimento laboral.
Por otras irregularidades, el TFJA destituyó a un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que autorizó gastos de transporte, hospedaje y alimentación a una compañía sin contar con atribuciones. La sanción económica ascendió a 700 mil pesos, acompañada de una inhabilitación por 10 años.
En otro caso, tres funcionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) elaboraron, revisaron y autorizaron una justificación para cancelar la licitación del servicio de limpieza de las terminales 1 y 2, pese a carecer de facultades para ello. Cada uno recibió una inhabilitación de tres meses. Las investigaciones internas reunieron los elementos de los casos y el TFJA impuso sanciones relacionadas con faltas graves.
Otra de las personas sancionadas presentó listas falsas de asistencia en una librería en Cancún para cobrar su salario pese a no haber laborado. Tampoco reintegró el dinero dentro de los 30 días posteriores a su recepción. El tribunal le impuso una inhabilitación de 10 años y una multa de 114 mil pesos.
Un funcionario de archivo de Banjercito aprovechó su puesto para vender a una recicladora 37 mil cajas que contenían documentos de la institución. La lista incluyó a una empleada de Recursos Humanos del IMSS que firmó un documento relacionado con la contratación de su hija.
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