La nueva licencia de Rubén Rocha Moya abrió otro frente de presión opositora sobre el gobernador de Sinaloa. El Partido Acción Nacional (PAN) mantuvo su exigencia de juicio político y desaparición de poderes en la entidad, mientras el Revolucionario Institucional (PRI) reclamó una investigación contra el mandatario y planteó que sea entregado a la justicia de Estados Unidos. Ambos rechazaron que su separación temporal e indefinida cierre los señalamientos en su contra.
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, sostuvo que la salida de Rocha Moya no sustituye los procedimientos que su partido impulsa ante la crisis política y de seguridad en Sinaloa.
“Primero regresa como si nada y ahora vuelve a pedir licencia. Pero eso no borra las acusaciones ni sustituye a la justicia. Lo hemos dicho con absoluta claridad: lo que procede es el juicio político y avanzar en la desaparición de poderes”, afirmó.
- El Dato: En el caso Rocha, es la primera vez que la fiscalía estadounidense imputa directamente a un gobernador mexicano en funciones por narcotráfico y asociación delictuosa.
Desde la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno exigió que el gobernador enfrente una indagatoria. Tras el retorno al cargo y la nueva solicitud para separarse, reclamó que las autoridades mexicanas actúen en su contra: “Exigimos categóricamente que enfrente la ley, que se le investigue y, como aquí no pueden, que sea entregado inmediatamente a la justicia en los Estados Unidos”, declaró.
Acción Nacional centró su reclamo en los procedimientos que ya promovió y demandó que el Congreso los resuelva: “¿Qué ha sucedido con el juicio político que solicitamos? ¿Qué ha sucedido con la desaparición de poderes? Sinaloa no puede seguir atrapado entre licencias, regresos y decisiones políticas mientras los problemas de fondo permanecen intactos”.
- 9 diputados locales dieron la segunda licencia al gobernador
Romero Herrera puso el foco en la reacción del oficialismo después de que Rocha Moya retomara sus funciones, al señalar que distintas figuras de Morena y del Gobierno marcaron distancia del retorno y, luego, llamaron al gobernador a reconsiderar su permanencia: “Morena dijo que no sabía, el Gobierno federal tomó distancia y después todos le pidieron que se volviera a ir. Entonces, la pregunta sigue siendo inevitable: si nadie respaldó su regreso, ¿quién manda en este país?”.
Para el PAN, la segunda separación tampoco resuelve las acciones promovidas contra el mandatario: “Rocha puede pedir una, dos o 10 licencias, pero mientras no exista una resolución de fondo, Sinaloa seguirá en la incertidumbre”.
Por su parte Alito Moreno colocó parte de su demanda en la relación con EU. El presidente del PRI afirmó que un eventual gobierno de su partido mantendría coordinación con Washington en asuntos de seguridad y procuración de justicia.
Durante su mensaje, vinculó el caso de Rocha con investigaciones, imputaciones, retiros de visas y solicitudes de extradición que, según dijo, afectan a integrantes de Morena. También mencionó a Marina del Pilar, Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Adán Augusto López Hernández, además del expresidente Andrés Manuel López Obrador y Andrés López Beltrán.
El priista también retomó declaraciones de Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), a quien atribuyó señalamientos sobre presuntos vínculos entre políticos y narcotraficantes. Según Cárdenas, el estadounidense afirmó que: “funcionarios del actual Gobierno mexicano del más alto nivel trabajan directamente con los cárteles del crimen organizado”.
Adeás, centró sus críticas en el breve regreso de Rocha Moya a la gubernatura y en la nueva licencia solicitada un día después. Sostuvo que ambos movimientos respaldan los señalamientos de su partido contra el mandatario: “Regresar a la gubernatura para huir de nuevo al día siguiente confirma lo que hemos venido señalando”. Además, lo acusó de intentar “burlar a la justicia y salir impune”.
Ambos partidos ligaron sus reclamos con la situación política y de seguridad en Sinaloa, aunque plantearon rutas distintas. Acción Nacional insistió en que el Congreso y las autoridades competentes resolvieran el conflicto mediante una ruta legal, mientras el Revolucionario Institucional reclamó la intervención de la justicia estadounidense. La nueva licencia, coincidieron, no debe sustituir una resolución sobre los señalamientos contra el mandatario sinaloense con licencia.
Encuesta exhibe rechazo y costo político
| Por Elizabeth Hernández |
El intento de Rubén Rocha Moya por retomar la gubernatura de Sinaloa ocasionó rechazo entre la mayoría ciudadana. Casi siete de cada 10 personas encuestadas por la agencia Polister consideraron que el Gobierno federal debería pedirle que se aparte del cargo hasta que se aclaren los señalamientos en su contra.
La distancia entre ambas posturas aparece desde las primeras preguntas del estudio. Seis de cada 10 entrevistados desaprobaron que Rocha Moya intentara regresar, mientras que el respaldo al morenista se limitó a un tercio de los encuestados. El dato mostró que el desacuerdo duplica cualquier otra opción entre quienes participaron en la medición.
- El Tip: Los 23 gobernadores de Morena calificaron públicamente el regreso de Rocha como gobernador como una “desmesura” y le exigieron actuar con madurez y responsabilidad.
Su propia explicación sobre el retorno tampoco encontró apoyo mayoritario. El mandatario dijo que volvía “con la frente en alto”, pero más del 60 por ciento de las personas respondieron que no le creen. Apenas una cuarta parte dio alguna credibilidad a esa expresión.
Más de la mitad de los participantes considera que las autoridades protegen políticamente al mandatario, mientras casi 30 por ciento creen que sí existe una investigación en su contra. La percepción de protección prácticamente duplica a la de quienes ven una actuación institucional frente al caso. Cerca de la mitad de los encuestados consideró que Rubén Rocha contó con apoyo del Gobierno federal o de Morena, mientras tres de cada 10 atribuyeron la decisión únicamente al gobernador con licencia. Otro 11.5 por ciento estima que intervinieron ambos factores.
Para Morena, el intento de Rocha Moya por volver a la gubernatura también dejó un costo en la percepción de los encuestados. Cerca de dos terceras partes consideró que el episodio afecta la imagen del partido, frente a una cuarta parte que no identifica consecuencias. El 53.5 por ciento de los encuestados también cree que Morena adoptaría otra postura si el gobernador perteneciera a la oposición. Según esa respuesta, la mayoría cree que el partido pediría que dejara el cargo.
La preocupación principal no se concentra únicamente en la disputa política alrededor de Rocha. Cuatro de cada 10 participantes señalaron como su mayor inquietud la posibilidad de que políticos tengan vínculos con el narcotráfico. A ese grupo se sumó una cuarta parte que otorgó el mismo peso a una eventual intervención de Estados Unidos.
El nivel de conocimiento sobre el episodio también resulta relevante ya que seis de cada 10 dijeron estar enterados del intento de regreso del gobernador, y un porcentaje menor negó estar interesado en el tema.
Ven ruptura política y presión para dejar fuera al mandatario
