La última semana modificó la posición política de Rubén Rocha Moya dentro de Morena y su propio gobierno. Su regreso al frente del Ejecutivo de Sinaloa duró apenas 34 horas antes de que solicitara una nueva licencia. Para Rodrigo Hernández Limón y Amaya García Ruvalcaba, politólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el caso dejó de representar sólo una disputa jurídica con Estados Unidos y se convirtió en un problema político para la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El punto de quiebre llegó desde Palacio Nacional. La mandataria federal, quien desde abril había exigido pruebas a Washington para proceder contra Rocha Moya, escribió el sábado que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”. Para García Ruvalcaba, Sheinbaum Pardo mantuvo su exigencia de que Estados Unidos presente pruebas contra el gobernador, pero dejó claro que esa postura no implicaba respaldar su regreso a Sinaloa.
Rocha regresó el viernes 21 de agosto, tras 112 días de licencia. Defendió su reincorporación con el argumento de que no existían elementos mínimos para acreditar una conducta delictiva. Hernández Limón consideró que ése fue su principal error, pues interpretó la ausencia de elementos penales como una autorización política que el Gobierno nunca le otorgó.
Durante las primeras horas de su regreso, múltiples aliadoss, desde la Secretaría de Gobernación (Segob), Morena y gobernadores oficialistas marcaron distancia y plantearon que el proyecto político debía estar por encima de intereses personales.
Amaya García identificó en esos mensajes una ruptura con la protección política que había acompañado al gobernador durante meses.
Ninguno de los pronunciamientos lo declaró responsable de algún delito, pero todos separaron la presunción de inocencia de la conveniencia de que continuara en funciones. La señal, explicó, consistió en establecer que defender el debido proceso no obligaba al oficialismo a respaldar su permanencia en el cargo.
Sin embargo, la presión sobre Rocha Moya no comenzó con su regreso. Rodrigo Hernández identificó un primer cambio en Estados Unidos con la situación de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y acusado dentro del mismo expediente, quien dejó de aparecer bajo custodia del Buró Federal de Prisiones desde el 11 de agosto.
Aunque no existe información pública que permita afirmar que colabora con autoridades estadounidenses, el analista consideró que el movimiento introduce incertidumbre sobre el alcance que podría tener cualquier información proveniente del círculo cercano al gobernador.
El especialista remarcó que Gerardo Mérida formó parte del gabinete estatal y su situación mantiene abierta la posibilidad de que EU obtenga información dentro de un proceso que México todavía considera insuficientemente sustentado para proceder contra el mandatario.
Otro cambio vino días después, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Fausto Corrales Rodríguez por encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones. AmayaGarcía sostiene que la captura no prueba responsabilidad de Rocha, pero sí impide considerar cerrado uno de los episodios que más desgaste han provocado alrededor de su administración.
