El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, sintetizó el primer año de la nueva integración del máximo tribunal como un periodo en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) experimentó una cercanía sin precedentes con el pueblo, para garantizar una “justicia real y verdadera”.
En una ceremonia de rendición de cuentas a la que acudió la Presidenta Claudia Sheinbaum, Aguilar Ortiz reportó ahorros por más de cuatro mil 700 millones de pesos durante el primer año de la nueva etapa del PJF, periodo en el que la Corte redujo 10 por ciento su plantilla administrativa, compactó áreas y eliminó seguros y otros beneficios para sus integrantes. El ministro presidente adelantó que el presupuesto de 2027 mantendrá una política de austeridad.
- El Dato: El presidente de la Corte pidió a los diversos sectores del país contar con el máximo tribunal de justicia, pues aseguró que los juzgadores ofrecen certidumbre para invertir.
Sostuvo que la reducción del gasto no debe limitar la operación jurisdiccional ni afectar la calidad de los servicios y definió ese criterio como una obligación para impedir decisiones arbitrarias sobre el erario.
Anuncian alerta en celulares ante posibles desastres
Con los ajustes aplicados desde el inicio de la nueva integración, la SCJN suprimió los seguros de gastos médicos mayores y separación individualizada, además de modificar su estructura administrativa. También estableció que cualquier cambio futuro en esa organización deberá representar un ahorro mínimo de 10 por ciento. “Quiero ser enfático, se acabaron los privilegios”, afirmó Aguilar.
Sobre las remuneraciones, señaló que ministras y ministros reciben ahora el salario previsto por la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también armonizó sus percepciones y consolidó contrataciones, mientras el Órgano de Administración Judicial (OAJ) adoptó medidas para contener compromisos financieros heredados del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La cifra de cuatro mil 700 millones corresponde al conjunto del PJF, no sólo a la Corte.
- 9 ministros conforman el pleno del máximo tribunal
Parte de la estrategia quedó vinculada con la digitalización de expedientes. Desde el 1 de mayo, el máximo tribunal integra los amparos directos en revisión en formato electrónico. Aguilar Ortiz explicó que más de 90 por ciento termina por ser desechado, por lo que imprimir los documentos completos generaba un gasto que la institución decidió eliminar.
Frente a esa política, el ministro sostuvo que la autonomía presupuestaria no equivale a libertad para disponer del dinero público sin límites. Afirmó que ese principio debe relacionarse con la racionalización del gasto y con medidas que permitan una justicia más expedita y eficaz. “Nuestro presupuesto para 2027 continuará siendo austero”, señaló.
Otro frente se concentra en la infraestructura tecnológica. La Suprema Corte digitalizó su oficina de correspondencia y amplió el uso de versiones electrónicas de expedientes, firmas y notificaciones, así como audiciones a distancia. El Tribunal Electoral también avanza en una red nacional de justicia electoral digital.
Además del recorte administrativo, el ministro presidente presentó el desempeño jurisdiccional como parte del balance. La SCJN recibió 15 mil 51 expedientes y resolvió 13 mil 231, equivalentes a 88 por ciento del total. De esa cifra, dos mil 640 asuntos concluyeron en el pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo.
Entre los pendientes que recibió la nueva integración había mil 479 expedientes provenientes de la etapa anterior. De acuerdo con el balance presentado, quedan sólo 44 por resolver. Algunos llegaron al máximo tribunal desde 2014, 2015 y años posteriores, con tiempos de espera que superaron una década. Al responder a las críticas sobre rezago, Hugo Aguilar sostuvo que desde la última semana de julio el número acumulado de resoluciones supera al de nuevos ingresos.
La revisión interna también detectó tres mil 177 promociones sin atender, 345 asuntos sin acuerdo ni trámite, alrededor de tres mil expedientes que no habían llegado al archivo desde 2024 y cerca de 20 mil registros diversos que permanecían activos. A esa lista se sumaron 18 mil 38 razones secretariales que todavía esperaban el cierre de sus respectivos casos.
Como respuesta, la Corte modificó sus controles de gestión y avanzó en la sustitución de registros manuales por herramientas electrónicas. El presidente del máximo tribunal explicó que, antes, cada área administraba sus propias bases de datos y que la institución carecía de un sistema único para conocer cuántos asuntos seguían abiertos.
Explicó que ahora se aplica un criterio técnico-jurídico más estricto para concentrar la actividad del tribunal en asuntos con relevancia constitucional. “Se acabaron las prácticas en donde se admitían los asuntos para guardarse en los cajones del escritorio”, expresó. También acusó que algunos expedientes permanecían en la Corte para retrasar decisiones en beneficio de intereses particulares.
Hacia la segunda parte de su mensaje, defendió la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo y Legislativo. Reconoció conversaciones con autoridades municipales, estatales y federales, así como encuentros con ambas cámaras del Congreso, pero aseguró que esos contactos no condicionan las resoluciones.
Bajo ese esquema, explicó que el pleno ha validado normas y declarado su invalidez por razones constitucionales. Los desacuerdos entre ministras y ministros, añadió, aparecen en debates y votos particulares durante sesiones públicas.
“Se acabaron las sesiones privadas donde se decidían asuntos en la oscuridad. La independencia del Poder Judicial no está en entredicho, se ejerce con firmeza y de cara al pueblo de México”, sostuvo.
Más adelante, insistió en que la coordinación institucional no implica subordinación. Pese al balance presentado, reconoció que la transformación interna aún enfrenta resistencias y prácticas asociadas con etapas anteriores.
Llamó a juzgadores y trabajadores a profundizar los cambios, atender las críticas y acelerar los ajustes necesarios.
En materia de fiscalización, señaló que los órganos del nuevo PJF publican resoluciones, presupuestos ejercidos e indicadores de gestión. Sostuvo que quienes eligieron a sus integrantes tienen derecho a revisar el uso de los recursos públicos.
Evalúan como favorable la labor de 89.5% de nuevos juzgadores
| Por Elizabeth Hernández |
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) calificó como no satisfactorio el desempeño de 89 de las 851 personas juzgadoras electas que evaluó durante el primer año del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF). Otras 762 obtuvieron un resultado favorable, equivalente a 89.5 por ciento del total, informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
Explicó, durante su mensaje por el primer año de la nueva Corte, que la revisión incorporó criterios cuantitativos y cualitativos sobre el trabajo jurisdiccional.
Sin embargo, no identificó a quienes recibieron una valoración negativa, tampoco detalló los parámetros específicos que determinaron esa clasificación ni informó si el resultado dará lugar a alguna medida posterior.
- El Dato: El objetivo principal del TDJ es la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los juzgadores del PJF.
El ministro presidente de la SCJN precisó que, a diferencia del modelo centrado únicamente en cifras de productividad, el Tribunal de Disciplina modificó la forma de examinar el trabajo de quienes imparten justicia.
La evaluación, sostuvo, ahora considera la calidad de la función judicial y no sólo la cantidad de asuntos concluidos.
Frente a los resultados expuestos, el presidente de la SCJN vinculó la supervisión con la obligación de rendir cuentas sobre el funcionamiento de las instituciones surgidas de la reforma judicial. “Quien hemos elegido tiene derecho a vigilarnos todos los días”, expresó al abordar los indicadores de gestión y el ejercicio de recursos públicos.
Como parte de sus nuevas atribuciones, el TDJ también abrió seis visitadurías regionales con cobertura nacional y una oficina de atención ciudadana que recibió a más de mil 200 personas durante el periodo informado. Aguilar Ortiz incluyó esas acciones entre los mecanismos destinados a ampliar la vigilancia y el contacto con usuarios del sistema de justicia.
Otro frente de actuación corresponde a conductas dentro de los centros de trabajo. De acuerdo con el balance, el órgano disciplinario atendió asuntos relacionados con hostigamiento sexual, acoso laboral y discriminación, además de aplicar medidas cautelares en casos que podrían afectar las condiciones en las que trabaja el personal judicial.
Más allá de la revisión a personas juzgadoras, Hugo Aguilar utilizó el informe para exponer deficiencias administrativas que, aseguró, encontró la nueva integración de la Suprema Corte.
Entre ellas ubicó tres mil 177 promociones sin atender y 18 mil 38 razones secretariales que ya contaban con firma, pero permanecían pendientes del cierre de los expedientes correspondientes.
De acuerdo con el diagnóstico presentado, también había 230 piezas postales pendientes, 345 asuntos sin acuerdo ni trámite, cerca de tres mil expedientes que no llegaron al archivo desde 2024 y alrededor de 20 mil registros diversos que continuaban activos. El ministro afirmó que aún existen casos que la integración anterior no incorporó correctamente a sus controles internos.
Además de esos pendientes, la revisión detectó que cada área de la Corte mantenía registros electrónicos propios y que parte de la información se capturaba de forma manual.
El ministro sostuvo que el máximo tribunal carecía de un sistema único que permitiera establecer con precisión cuántos expedientes tenía bajo su responsabilidad en determinado momento.
“No es una acusación, es un hallazgo documentado”, afirmó al describir las condiciones administrativas de los primeros meses. A partir de esa revisión, la SCJN suspendió temporalmente la difusión de sus estadísticas mientras modifica los mecanismos utilizados para recopilar y procesar información.
Para corregir esos controles, la institución comenzó a sustituir los libros y registros manuales por sistemas informáticos. También fijó reglas para la formulación de votos, puso en operación una plataforma de gestión de tesis y avanzó hacia expedientes electrónicos en los amparos directos en revisión.
En ese mismo balance, Aguilar Ortiz sostuvo que una institución judicial necesita medir su desempeño para detectar fallas, planear cambios y rendir cuentas.
“Un tribunal que no se mide no puede planear, no puede saber si lo que cambió sirvió de algo”, destacó el ministro ante integrantes de los nuevos órganos del Poder Judicial, así como de representantes de otras instituciones del Estado.
Encargo
- Funciones y conformación del tribunal.
- 5 Magistrados conforman el pleno del TDJ.
- 6 Años durarán en su encargo, serán sustituidas y sustituidos de manera escalonada y no podrán reelegirse para un nuevo periodo.
- 2 Años durará la presidencia y será rotativa.
- El Tribunal de Disciplina Judicial sesionará en pleno y comisiones, conformadas por 3 integrantes.
- Habrá quórum con la presencia de 4 magistraturas.
Defensoría logra 2,202 preliberaciones
| Por Elizabeth Hernández |
El Instituto Federal de Defensoría Pública reportó dos mil 202 preliberaciones durante el primer año de la nueva etapa del Poder Judicial de la Federación (PJF), además de 57 mil 659 solicitudes de defensa y asesoría, informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, durante la ceremonia “Un año de justicia real y verdadera”.
Las atenciones crecieron en 12 mil 258 frente al periodo anterior y una parte de esos servicios se concentró en personas privadas de la libertad, de acuerdo con el balance presentado ayer. El informe no detalló los delitos, entidades, criterios jurídicos ni características de quienes accedieron al programa de preliberación.
Como parte de la estrategia para ampliar la cobertura, la Defensoría abrió 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural. Aguilar Ortiz colocó esta medida entre las acciones destinadas a acercar representación y orientación a personas que enfrentan obstáculos geográficos, económicos o sociales.
- El Tip: Hugo Aguilar celebró los mecanismos alternos de solución y las políticas internas para lograr la igualdad sustantiva y la inclusión, así como combatir la violencia de género.
Frente al pleno de la Corte y representantes de los poderes públicos, el presidente del máximo tribunal sostuvo que el acceso efectivo a la justicia debe medirse por su alcance entre personas y comunidades, no únicamente a través del número de expedientes.
“Porque el lugar donde una persona nace no debe determinar la justicia que recibe”, expresó.
Respecto a la materia electoral, la Defensoría especializada atendió 78 asuntos relacionados con violencia política por razón de género y brindó 929 servicios gratuitos de orientación, asesoría o representación. Entre las personas auxiliadas se encuentran integrantes de comunidades indígenas, población afromexicana, personas con discapacidad, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, así como miembros de la diversidad sexual.
Más allá de las sedes judiciales, el Tribunal Electoral del PJF llevó a cabo cinco jornadas itinerantes en cuatro entidades, para ofrecer orientación y acompañamiento en zonas donde las distancias, los costos o la falta de información dificultan el contacto con las instituciones.
Por otra parte, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) instaló seis visitadurías regionales con cobertura nacional. Dicho órgano también habilitó una oficina de atención ciudadana que, de acuerdo con el informe, recibió a más de mil 200 personas durante el periodo evaluado.
De acuerdo con los datos expuestos, la Suprema Corte registró más de 10 mil solicitudes de atención durante su primer año y sostuvo reuniones con organizaciones empresariales, gremios, autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y sectores considerados de atención prioritaria.
Hugo Aguilar vinculó estas acciones con el fin de reducir la distancia entre el sistema judicial y la población. “La justicia de puertas abiertas no es un ofrecimiento, es una realidad”, afirmó al presentar las actividades desarrolladas por los distintos órganos que integran el PJF.
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