El pleno del Senado aprobó una nueva ley para homologar y modernizar los sistemas catastrales y registrales del país, pese a las críticas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), que advirtieron riesgos de centralización, invasión de facultades municipales, concentración de datos patrimoniales y posibles aumentos al impuesto predial.
Por su parte, Morena, PT y PVEM defendieron la reforma como una vía para dar certeza jurídica a la propiedad y combatir la corrupción.
El decreto de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral obtuvo 69 votos a favor y 32 en contra en lo general; y 68 a favor y 28 en contra en lo particular.
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El senador del PVEM Gilberto Hernández Villafuerte sostuvo que homologar los procedimientos catastrales permitirá proteger el patrimonio familiar, simplificar trámites y reducir la discrecionalidad administrativa: “Un trámite más sencillo, transparente y accesible representa una forma de combatir la corrupción”.
- El Dato: La ley implementará la Plataforma Catastral Municipal para realizar consultas de mapas georreferenciados, trámites en línea y pagos de impuesto predial con la Llave MX.
La morenista Lizeth Vázquez Ochoa aseguró que la legislación ayudará a corregir inconsistencias, eliminar trámites duplicados y vincular la información física de los predios con los registros públicos de la propiedad. Aclaró que la clave catastral no constituye por sí misma prueba plena de propiedad ni convalida derechos sobre un inmueble.
La panista María Guadalupe Murguía advirtió que la federación podrá imponer obligaciones a estados y municipios mediante lineamientos y herramientas tecnológicas, además de concentrar la información catastral y registral:“Esto, además de significar un centralismo excesivo, de vulnerar el principio del federalismo, representa una grave concentración de información”.
Su compañera de bancada, Ivideliza Reyes Hernández, cuestionó que los ayuntamientos deban adaptar sus sistemas y conectarse a plataformas nacionales sin recibir recursos adicionales. También alertó que las comunidades rurales sin Internet tendrán dificultades para cumplir las nuevas disposiciones.
“Esto no es coordinación. Esto se llama centralización disfrazada de modernización… ¡Qué fácil resulta legislar desde un escritorio y mandarle la factura a los municipios!”, afirmó.
La priista Claudia Anaya Mota acusó una invasión de competencias municipales y cuestionó que no se consultara a las entidades federativas. También criticó la obligatoriedad de utilizar la Llave MX para trámites digitales, sin considerar las diferencias de infraestructura y conectividad y advirtió: “Están obligando a todo el país a meterse a una sola plataforma sin considerar la diversidad municipal, las carencias de muchos municipios y la amplia brecha digital”.
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, en representación de Néstor Camarillo Medina, advirtió que la reforma podría tener efectos recaudatorios y afectar la economía familiar y citó un apartado del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México que plantea actualizar los registros catastrales para acercar los valores de las propiedades a los del mercado inmobiliario:“Éste es un predialazo disfrazado de modernidad”, acusó al anunciar el rechazo de su bancada.
La ley contempla planes nacionales catastrales y registrales, plataformas digitales y mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Tras su aprobación, el proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.
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