Quien se quedó esperando una resolución judicial en su caso fue la periodista Lydia Cacho, pues, nos explican, la última audiencia del proceso contra el exgobernador de Puebla Mario Marín, acusado de tortura contra la comunicadora, fue aplazada por una presunta falla en el sistema de videoconferencias. La ONG Artículo 19 reportó que cuando la defensa de Cacho intentó conectarse, la cuenta en la que debía hacerlo aparecía inhabilitada. El detalle es que esa diligencia debía abrir paso a la sentencia —condenatoria o absolutoria— por hechos ocurridos ¡hace casi dos décadas! Frente a esas circunstancias, dicen que lo mínimo exigible es que el juzgado tenga funcionando el mecanismo para escuchar a las partes. Ahora, al largo expediente contra el también llamado góber precioso se añadió una espera por razones técnicas, un inconveniente que, nos comentan, puede ser menor para el juzgado, pero no para una víctima. ¡Lamentable!
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