La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las instalaciones donde autoridades aseguraron 59 millones de hidrocarburo en Guanajuato, presumido en su momento como el mayor golpe al huachicol, en realidad se encontraban en condiciones de legalidad.
Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí se encontraron anomalías relacionadas con el transporte que ingresaba a las instalaciones, comentó que la empresa solventó las observaciones y toda su operación están dentro de las normas.
“Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía. El conocimiento que tenemos es que -tendría que informar la Fiscalía con todo detalle-, pero en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que estaban entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema pero en general toda la instalación. Era una instalación que tenía sus permisos, había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa”, dijo.
Este aseguramiento se dio a conocer a mediados de septiembre por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), quien reportó un operativo realizado por instancias estatales a un inmueble del municipio de San José de Iturbide. Sin embargo, la empresa encargada Gas Natural del Noroeste emitió un comunicado en el que defendió sus operaciones en cumplimiento de las normas.
Una indagatoria al caso llevó a la destitución del entonces fiscal general de la entidad, Juan Francisco Vera, tras conocerse que el reporte de tal operativo se realizó dos semanas después de que se ejecutó, aprovechando la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Guanajuato y que, a pesar del tiempo transcurrido, no se verificara toda la información.
En una actualización del aseguramiento de un buque en Altamira, que fue el detonante de las indagatorias por el contrabando de combustible en México, la mandataria reportó que hay 17 órdenes de aprehensión pendientes, de las cuales tres corresponden a órdenes de extradición formales que México ya presentó a Estados Unidos.
Sobre estos últimos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se trata de personas que tienen doble nacionalidad.
Hasta ahora ya suman 15 personas detenidas, de las que 11 son elementos de la Secretaría de Marina y cuatro son civiles.
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