El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá imprimir más de 100 millones de boletas en aproximadamente 20 días para las elecciones del 6 de junio de 2027, mientras revisa sus contrataciones y proveedores. A 212 días de la jornada, el reto para el órgano es depurar los procedimientos sin interrumpir la provisión de insumos ni comprometer las etapas de organización de los comicios.
El cruce de los acuerdos del Consejo General con el calendario electoral muestra tareas que deben avanzar en paralelo: revisar adquisiciones, asegurar la producción de documentación, supervisar su calidad y distribuirla. A ello se suma el amago de paro de trabajadores de módulos de atención ciudadana el 9 de noviembre.
La impresión prevista equivale a una producción de cinco millones de boletas diarias. El Consejo General aprobó el 5 de noviembre el diseño e impresión de la documentación para elegir diputaciones federales, además de los modelos y la producción de materiales y líquido indeleble.
Los 20 días corresponden exclusivamente al periodo estimado de impresión, no representan el tiempo disponible para revisar todos los contratos ni abarcan la preparación, la supervisión y los traslados. El calendario prevé entregar documentación y materiales a las presidencias de casilla entre el 31 de mayo y el 4 de junio, antes de la votación del domingo 6.
- El Dato: la presidenta Sheinbaum anunció que presentará una propuesta para que Talleres Gráficos de Méxic concentre la mayor parte de la elaboración de materiales electorales.
La producción requiere coordinar áreas responsables de actualizar candidaturas, supervisar trabajos y dar seguimiento jurídico. Las representaciones partidistas acompañarán la revisión de pruebas de impresión y la producción de documentos, según el informe del INE.
Ante los señalamientos sobre adquisiciones, el INE también avaló el 5 de noviembre elaborar un Plan de Acción Crítico para asegurar la continuidad de las contrataciones indispensables para las funciones del Instituto y la elección en curso.
El acuerdo contempla solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión integral de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 2016 a 2026. Incluye preservar documentos físicos y digitales, integrar un inventario institucional de compras y revisar el padrón de proveedores. Corresponderá a la ASF definir el alcance y los procedimientos de fiscalización. Se trata de dos rutas relacionadas, aunque distintas: investigar posibles irregularidades y garantizar que los bienes y servicios necesarios lleguen a tiempo.
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, ha sostenido que las contrataciones detenidas serán atendidas gradualmente según su incidencia en la organización. El pasado 3 de noviembre señaló que algunas debían resolverse este mismo mes, entre ellas, la adquisición de chalecos, chamarras y mochilas para capacitadores y supervisores electorales.
En esa ocasión descartó retrasos y explicó que se revisaban las características técnicas de los insumos y los procedimientos administrativos. Sobre una eventual rescisión del contrato de credencialización, indicó que tendría que acompañarse de una nueva licitación y garantizar la continuidad del servicio durante la transición.
El calendario sigue avanzando. Los consejos distritales tienen prevista su instalación el próximo 30 de noviembre. El último balance citado, con corte al 16 de octubre, registró 506 actividades: 61 concluidas, 105 en ejecución y 340 cuyo inicio correspondía a etapas posteriores.
Las tareas en marcha no presentaban desfases ni riesgos reportados, aunque ese diagnóstico antecede a la revisión de contratos actualmente en curso.
En otro frente, está el amago de trabajadores de módulos a jornadas de brazos caídos si la autoridad electoral no cumple con sus demandas de nivelación salarial, mejores instalaciones y equipo, respeto a sus derechos y oportunidades de promoción, lo que afectar varias actividades.
Cruz ofrece diálogo ante el amago de paro en módulos
| Redacción |
La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, ofreció diálogo directo al personal de los Módulos de Atención Ciudadana para revisar sus demandas salariales y condiciones laborales, ante el amago de paro del 9 de noviembre.
En entrevista radiofónica, ayer, la consejera garantizó que el trabajo de este sector “no está en riesgo, sus salarios tampoco”, y descartó represalias. Explicó que se identificarán necesidades que pueden atenderse de inmediato y otras sujetas al presupuesto.
Cruz sostuvo que el ajuste de recursos se analizará para proteger las actividades electorales. También reiteró la colaboración con las autoridades fiscalizadoras y señaló que la entrega-recepción está bajo supervisión del Órgano Interno de Control.
Por separado, la consejera Carla Humphrey informó que el INE prevé habilitar un mecanismo de denuncias anónimas para que trabajadores y ciudadanos aporten información sobre posibles irregularidades en contratos.
Indicó que las medidas incluyen acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables, solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades, así como preservar documentos y fortalecer controles internos.
Humphrey planteó privilegiar las licitaciones públicas sobre las adjudicaciones directas y ampliar la participación de proveedores del instituto para recuperar la confianza ciudadana. La determinación de responsabilidades, subrayó Cruz, corresponde a las autoridades competentes.