En medio del paro indefinido de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con dirigentes de dos sindicatos y planteó que las evaluaciones deben fortalecer las capacidades del personal, sin tener un carácter punitivo.
“La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla”, señaló el máximo tribunal a través de un comunicado difundido ayer, cuando trabajadores de juzgados y tribunales mantienen movilizaciones contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño.
Aguilar Ortiz sostuvo encuentros con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), y Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRS-TPJF).
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Durante las reuniones, ofreció abrir espacios de diálogo y escucha para encauzar, junto con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), procesos institucionales que permitan encontrar una solución favorable para la plantilla.
“La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”, destacó el pronunciamiento. Además, reconoció a la base trabajadora como la columna vertebral del sistema de justicia.
El acercamiento ocurre después de que empleados judiciales iniciaran, desde el primer minuto de ayer, un paro por tiempo indefinido con protestas reportadas en al menos 17 estados y la Ciudad de México. Los inconformes exigen evaluaciones objetivas, garantías de continuidad laboral, incremento salarial y redistribución de las cargas de trabajo.
Los trabajadores cuestionan que el mecanismo incorpore valoraciones de superiores jerárquicos y temen que pueda afectar su permanencia. Han solicitado mesas de trabajo y que las evaluaciones sirvan para identificar necesidades de capacitación.
Por su parte, el OAJ sostuvo que las pruebas correspondientes a 2026 serán exclusivamente diagnósticas y que sus resultados no producirán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal. Esa excepción corresponde al ejercicio de este año; el acuerdo contempla consecuencias laborales para evaluaciones ordinarias posteriores.
Trabajadores del PJ, en paro indefinido contra evaluación
