Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantuvieron un paro indefinido de labores, con protestas reportadas en al menos 17 estados y la Ciudad de México, contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño.
Mientras los inconformes exigen garantías de estabilidad laboral y diálogo, la penalista Diana González Obregón advirtió que la suspensión perjudica a víctimas y personas que esperan trámites, audiencias y resoluciones.
En el recinto de San Lázaro, los manifestantes liberaron la calzada Ignacio Zaragoza después de casi cuatro horas de bloqueo, sin haber sido atendidos por las autoridades. La reapertura de las vialidades no supuso el levantamiento del paro iniciado en el primer minuto del viernes 6 de noviembre.
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- El Dato: Los inconformes advierten que las evaluaciones cada dos años podrían derivar en pérdida de plazas, aunque estas consecuencias no son automáticas.
Los trabajadores reclaman evaluaciones objetivas, continuidad en sus puestos, un incremento salarial y redistribución de las cargas de trabajo. También piden mesas de negociación y cuestionan que el mecanismo incorpore valoraciones de sus superiores jerárquicos, además de exámenes de conocimientos.
Entrevistado en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, el jurista Ney Granados sostuvo que las movilizaciones continuarán en el país hasta conseguir interlocución con las autoridades.
El trabajador del PJ cuestionó que las evaluaciones no dependan únicamente de conocimientos, sino también del criterio de los titulares.
Además, señaló que el personal organizó guardias afuera de las instalaciones de los órganos jurisdiccionales para resguardar los inmuebles mientras dure la protesta. Insistió en construir una mesa de trabajo con autoridades para discutir las condiciones de aplicación de las pruebas y las demandas laborales.
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Al comienzo de las movilizaciones, alrededor de un centenar de empleados colocó cadenas en los accesos de la sede de San Lázaro. Entre quienes participaron estuvo Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, quien cuestionó el acuerdo publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.
“No nos estamos negando a que nos evalúen, pero que no sea con el propósito de corrernos. Queremos que nos evalúen, pero que el propósito sea la capacitación”, manifestó Aguayo al explicar la inconformidad de los trabajadores.
La protesta se extendió a sedes de Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la capital también se reportó participación de empleados de las zonas Ajusco, Las Flores y Prisma.
El señalamiento de los inconformes se centra en el temor a que las evaluaciones afecten su permanencia y no reconozcan su antigüedad. Han planteado que la capacitación debe ser el objetivo de las pruebas y han solicitado revisar las disposiciones que consideran un riesgo para sus derechos.
Ante la suspensión, Diana González Obregón llamó a levantar el paro y establecer una mesa de trabajo que permita atender los reclamos sin interrumpir los servicios judiciales.
En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón que se transmite a través de YouTube, sostuvo que el conflicto también debe examinarse desde la situación de quienes necesitan una respuesta de los tribunales.
La abogada penalista advirtió que detener actividades puede frenar trámites, audiencias y resoluciones, con consecuencias para víctimas y otras personas involucradas en procedimientos judiciales. Su planteamiento fue preservar la atención mientras se discuten las condiciones laborales.
La especialista reconoció la importancia de garantizar estabilidad al personal, pero defendió la evaluación de su desempeño y la necesidad de fortalecer los controles internos. Consideró que ambas exigencias deben discutirse mediante negociación, sin prolongar la interrupción de los servicios.
También pidió información clara para los usuarios: cuáles son las demandas de quienes protestan, qué servicios continúan disponibles y qué acciones realizarán después. Propuso publicar las peticiones y habilitar canales de comunicación para evitar incertidumbre entre quienes deben acudir a las sedes.
González Obregón alertó que una suspensión prolongada podría agravar los rezagos ante la cercanía del cierre de año.
Al cierre de esta edición, los manifestantes de San Lázaro y las sedes en los estados mantenían la exigencia de diálogo y las movilizaciones.
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| Redacción |
En medio del paro indefinido de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con dirigentes de dos sindicatos y planteó que las evaluaciones deben fortalecer las capacidades del personal, sin tener un carácter punitivo.
“La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla”, señaló el máximo tribunal a través de un comunicado difundido ayer, cuando trabajadores de juzgados y tribunales mantienen movilizaciones contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño.
Aguilar Ortiz sostuvo encuentros con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), y Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRS-TPJF).
Durante las reuniones, ofreció abrir espacios de diálogo y escucha para encauzar, junto con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), procesos institucionales que permitan encontrar una solución favorable para la plantilla.
“La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”, destacó el pronunciamiento. Además, reconoció a la base trabajadora como la columna vertebral del sistema de justicia.
El acercamiento ocurre después de que empleados judiciales iniciaran, desde el primer minuto de ayer, un paro por tiempo indefinido con protestas reportadas en al menos 17 estados y la Ciudad de México. Los inconformes exigen evaluaciones objetivas, garantías de continuidad laboral, incremento salarial y redistribución de las cargas de trabajo.
Los trabajadores cuestionan que el mecanismo incorpore valoraciones de superiores jerárquicos y temen que pueda afectar su permanencia. Han solicitado mesas de trabajo y que las evaluaciones sirvan para identificar necesidades de capacitación.
Por su parte, el OAJ sostuvo que las pruebas correspondientes a 2026 serán exclusivamente diagnósticas y que sus resultados no producirán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal. Esa excepción corresponde al ejercicio de este año; el acuerdo contempla consecuencias laborales para evaluaciones ordinarias posteriores.
El Poder Judicial descarta despidos por evaluaciones
| Por Elizabeth Hernández |
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) anunció el calendario de pagos de aguinaldo, prestaciones y un incremento salarial de 4.5 por ciento para trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en medio de un paro de labores en distintas entidades del país contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño que entró en vigor el 6 de noviembre.
La institución rechazó que los exámenes previstos para diciembre puedan provocar despidos o pérdida de plazas, después de que empleados de juzgados y tribunales federales suspendieron actividades en al menos 17 estados para exigir que las autoridades dejen sin efectos el acuerdo que regula estas pruebas.
El OAJ sostuvo que la primera aplicación tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que no habrá aprobaciones ni reprobaciones. Además, aseguró que los resultados no determinarán la continuidad del personal en sus cargos y reiteró su disposición al diálogo con quienes participan en las movilizaciones.
- El Dato: El aumento de 4.5% forma parte del acuerdo que se alcanzó el pasado 21 de octubre con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, el acuerdo AG-POAJ-025/2026, que el Diario Oficial de la Federación publicó el 5 de noviembre, contempla consecuencias laborales para las evaluaciones ordinarias posteriores. El artículo 31 establece una escala de cero a 100 puntos, en la cual las calificaciones inferiores a 60 corresponden a un desempeño insuficiente.
Para esos casos, la normativa contempla la posibilidad de solicitar un examen extraordinario de competencias o presentar un recurso de revisión, según las circunstancias. Si el resultado desfavorable queda firme, el pleno deberá resolver conforme a las disposiciones de la Ley de Carrera Judicial, que contempla la separación del cargo por no acreditar la evaluación en los términos legales.
Los artículos transitorios cuarto y quinto excluyen expresamente esas consecuencias para el ejercicio de 2026. El documento señala que los resultados “no implicarán la aprobación o no aprobación de la evaluación del desempeño ni producirán consecuencias individuales en materia de permanencia o separación de la Carrera Judicial”.
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De acuerdo con el calendario, los trabajadores conocerán los temarios los días 17 y 18 de noviembre. La Escuela Nacional de Formación Judicial aplicará exámenes a secretarios el 4 de diciembre, a actuarios el día 8 y a oficiales judiciales el 14 y 15 del mismo mes. Entre enero y marzo de 2027, las autoridades analizarán los resultados y las necesidades de capacitación.
Por otra parte, la administración judicial defendió la aplicación de los exámenes como una atribución constitucional y una obligación que establece la Ley de Carrera Judicial. La institución afirmó que reconoce el derecho del personal a manifestar sus inconformidades, pero insistió en que las pruebas permitirán identificar necesidades de capacitación y fortalecer la impartición de justicia.
En paralelo al conflicto, el OAJ confirmó que la primera parte del aguinaldo llegará el próximo 13 de noviembre, mientras que el segundo depósito tendrá lugar el 5 de enero de 2027, conforme al calendario de prestaciones extraordinarias que difundió este viernes.
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