Alarmante aumento de desapariciones forzadas en México: ONU

En los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y en lo que va del de Andrés Manuel López Obrador se multiplicó casi por seis (384 por ciento) la desaparición de personas en el país, en comparación con el nivel registrado 41 años atrás, de 1964 a 2005.

De acuerdo con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 1964 a noviembre del 2021 se registraron 92 mil 710 desapariciones, de las cuales 15 mil 873 ocurrieron hasta 2005, mientras que del 2006 al año pasado hubo 76 mil 837.

Es decir, en sólo 16 años se acumuló 82.8 por ciento de todos los casos que se han documentado en la historia de México, desde que se lleva un registro.

“Estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ que se produjo durante el sexenio de Felipe Calderón (que va del 2006 al 2012)”, de acuerdo con el comité de la ONU.

Frente al grave panorama que hay en el país por este fenómeno, la ONU instó al Gobierno mexicano a realizar acciones inmediatas para acabar con la impunidad, así como a la creación de una política nacional para prevenir este delito, al que calificó como “tragedia humana”.

Durante la presentación del informe, Carmen Rosa Villa Quintana, jefa del comité que visitó México, dijo que el fenómeno de las desapariciones es responsabilidad directa de servidores públicos y grupos del crimen organizado.

“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, de parte de la delincuencia organizada, y omisión de servidores públicos”, dijo.

Expuso que a ello se suma la actitud pasiva, muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público.

Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados, de acuerdo con la experta.

La experta afirmó que la población mayormente afectada es la de los jóvenes y adultos de entre 15 a 40 años; sin embargo, las cifras oficiales revelan un aumento notable en casos de niños, niñas y adolescentes, desde los 12 años, que tienen por objetivo ocultar la trata de personas, abuso sexual, feminicidio y explotación sexual.

“Preocupa la desaparición de defensores de derechos humanos en su proceso de búsqueda, además de la desaparición de periodistas, que no ha generado sanciones hacia los responsables”, indicó.

Comentó que otros sectores de la población en riesgo de ser víctimas del delito son indígenas y la comunidad LGBTI, y que uno de los factores que contribuyen a la problemática es la falta de información en los centros penitenciarios o durante los traslados de un penal a otro.

En el contexto de la migración, los especialistas condenaron las desapariciones que hay en el país de personas en contexto de movilidad humana, ya que Carmen Rosa Villa Quintana aseguró que los delincuentes usan los teléfonos de los migrantes muertos para llamar y cobrar rescates, aparte de que hay una práctica de abandono de extranjeros en lugares desconocidos y sin recursos.

En este aspecto, resaltó los casos de las masacres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto del 2010; la sucedida en Cadereyta, Nuevo León, en mayo del 2012, donde asesinaron a 42 extranjeros, así como la de Camargo, Tamaulipas, en enero del 2021, en la cual mataron a 19 personas.

En otras partes del país, como en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, reportan desapariciones de choferes y sus acompañantes como patrones de desapariciones específicas, mientras que otras son por temas relacionadas con el tráfico de combustible y en centros de internamiento de adicciones; además, Naciones Unidas externó que le preocupa el riesgo para las mujeres en este contexto de violencia.

El comité señaló que la existencia de impunidad es un rasgo estructural “casi absoluto”, ya que las autoridades cubren todo rastro de desaparición de personas, aparte de que ésta opera como factor de revictimización y no permite que se ataque el delito.

“Al 26 de noviembre de 2021, entre dos y seis por ciento de casos de desaparición habían sido judicializados; sólo se han emitido 36 sentencias a nivel nacional. La actitud pasiva de las desapariciones contribuye a la desconfianza de las personas; por ello hay un alto número de denuncias que no se realizan”, estimó.

Respecto a la crisis forense que existe, Carmen Rosa Villa Quintana dijo que cerca de 52 mil personas no han sido identificadas y los servicios forenses son insuficientes, aparte de que los instrumentos y políticas de identificación humana no son suficientes para avanzar en la problemática.

En vista de lo anterior y después de realizar un análisis exhaustivo de la información recibida, el comité reiteró su profunda preocupación porque se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización.

El país, a punto de alcanzar las 100 mil personas sin localizar

El país está a punto de alcanzar las 100 mil desapariciones desde 1964, lo que expertos han señalado como una crisis humanitaria que no tiene solución, pues se requiere una identificación urgente de los miles de cuerpos que se encuentran en Servicios Médicos Forenses y atacar a las organizaciones criminales responsables.

Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta ayer había 98 mil 943 personas no localizadas, de las que 87 mil 799 se encuentran desaparecidas y 11 mil 144 tienen estatus de no localizadas.

Del total de personas en los dos estatus, 24 mil 558 son mujeres, 73 mil 869 hombres y 516 no han sido identificadas.Los rangos de edad con mayor riesgo históricamente son las mujeres de entre 15 y 19 años, seguido por las niñas de 10 a 14 años.

Cecilia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que las autoridades no han respondido de manera adecuada a la crisis forense, y que lo primordial, que es atacar al crimen organizado, no se ha fortalecido y siguen impunes y desapareciendo personas.

“No han hecho nada, no hay avance en las investigaciones y tampoco se combate a las bandas criminales, que son las principales en desaparecer a las personas. Es muy fuerte lo que pasa en el país y la falta de responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dijo.

Comentó que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MIEF) tampoco ha sido activado, ya que sigue en reuniones y se desconoce cuándo pueda estar en operaciones en terrenos, aparte de que a las autoridades federales les falta mayor entendimiento de lo que pasa en las familias, porque en muchas ocasiones se criminaliza a las víctimas.

“En Sonora es nulo el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda; no tenemos apoyo de las autoridades y eso también entra en la crisis humanitaria de las desapariciones; es un todo, pero es más lento porque no se analizan los casos”, añadió.

El MIEF es una política pública, construida por las familias de personas de-saparecidas, cuyo objetivo es identificar a los más de 52 mil cuerpos que hasta septiembre pasado se encontraban como desconocidos en los diversos servicios forenses ordinarios del país.

Las entidades con mayor problemática son Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

José Ugalde, del Movimiento Nacional de Desaparecidos, dijo que es muy penoso llegar a las 100 mil desapariciones en el país, lo que exhibe la falta de acciones contundentes para erradicar el problema.

El experto advirtió que falta por crear el Banco Nacional de Datos Forenses y homologar en los estados la Ley de De-sapariciones, ya que no hay concordancia, y explicó que el MIEF ha realizado sólo reuniones y hasta el 2023 entrará a campo.

“Son claves la homologación en los estados y la creación del banco, aparte que el MIEF está planeado para iniciar a inicios del próximo año. Sí han trabajado, pero les falta mucho, ya que están realizando diversos convenios con los estados para compartir información de casos”, dijo.

Aseveró que el talón de Aquiles para avanzar son las fiscalías, ya que hay resistencia para compartir información y abatir la impunidad: “no alcanzo a dimensionar la situación que vive el país, ya que casi es el Estadio Azteca. Imagínate todo lo que está oculto detrás de todo el problema que se nos salió de las manos”.

Los activistas esperan que pronto haya una verdadera investigación y puesta en marcha de herramientas para identificar, clasificar y encontrar cuerpos.

Urgen colectivos a atender la situación

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió al Gobierno de la Republica respetar y aceptar las recomendaciones que realizó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para evitar que persista la crisis humanitaria que se vive en México por la desaparición de personas.

Adela Alvarado, integrante del movimiento, dijo que las desapariciones siguen afectando a los hombres de 15 a 40 años, pero también a niñas, ya que las cifras tienen un incremento desde los 12 años, además que las desapariciones entre menores tuvieron un aumento durante la pandemia a pesar de que la gente estaba encerrada.

“A pesar de que no salíamos se sustrajeron a bastantes niños y niñas, aparte que se ve la victimización a las mujeres que se quedan a cargo de las familias, de las víctimas y mermando su desarrollo económico”, indicó en conferencia.

Luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU diera a conocer su informe sobre la visita que realizó a México en noviembre de 2021, señaló que son preocupantes las agresiones a los defensores de derechos humanos, además que hay más de 30 periodistas desaparecidos y no hay sancionados.

“Hay una grave impunidad en el país y las autoridades no dan cuenta de resultados, porque ya casi llegamos a los 100 mil desaparecidos y muchos ni siquiera se enteran, porque no hay información de parte de las autoridades”, dijo.

Hermelinda Ruiz, del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia, señaló que lo más sorprendente fue que durante la visita del Comité desaparecieron 112 personas.

“Lo que me sorprendió fue que dijeron que sólo en su visita se desaparecieron 112 personas. Es la primera vez que visitan a un país y nos tocó a nosotros, por ello esperamos que las sugerencias sean tomadas en cuenta para disminuir el delito”, añadió.

Grace Fernández, del Colectivo Búscame, dijo que es urgente abandonar el enfoque militar en el país, ya que se presta a la infiltración de grupos criminales, además de la necesidad de sensibilizar a las autoridades de lo grave que es el delito de desaparición forzada, ya que es una obligación del Estado buscar a las personas y reconocer los derechos humanos de las víctimas.

La activista dijo que es obligatorio fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación.