Alistan sanción para El Bronco por desvío de recursos

Alistan sanción para El Bronco por desvío de recursos
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El Congreso de Nuevo Léon anunció que dará un “castigo ejemplar” al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por el desvío de fondos para la recolección de firmas que sustentaron su candidatura independiente a la Presidencia de la República el año pasado.

Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción, aseveró que el Legislativo no es tapadera de nadie y analiza las opciones para sancionar al mandatario.

“No va a ser una llamada de atención, ni un regaño, ni un pellizco. Va a ser un castigo ejemplar lo que va a salir del Congreso y ése es un consenso de todas las bancadas”, detalló Bonifacio de

la Garza.

La sanción que el Congreso local determinará, que podría ser la destitución del funcionario, fue mandatada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que sea aplicada antes del 20 de diciembre.

“Debemos obedecer al Tribunal Federal en materia electoral. Un servidor se compromete, en la primer comisión, a sacar el tema y resolverlo antes de la fecha límite”, señaló el diputado.

Por otra parte, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso local, informó que están estudiando qué sanciones se pueden aplicar de acuerdo con las que se han aplicado en situaciones similares en otros estados.

“Estamos viendo cual va a ser la sanción desde el punto de vista jurídico y político”, afirmó De la Fuente.

Cabe recordar que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 25 de julio estableció amonestar al gobernador luego de que se comprobara que 572 empleados estatales recaudaron firmas de apoyo para que Rodríguez Calderón alcanzara la candidatura.

De acuerdo con la sentencia, el actual mandatario tuvo una actuación dolosa por utilizar a funcionarios y fue negligente de acuerdo con las normas internas del Administración Pública de Nuevo León.

El Dato: El artículo 134 de la Constitución federal establece que los recursos de las entidades no podrán usarse para promoción de funcionarios.

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