Bajo amenazas y falsas expectativas, líderes y grupos de choque hunden en la miseria a extrabajadores de Cruz Azul

Luego de su toma ilegal y de haber incurrido formalmente en el delito de despojo, los grupos de choque y líderes que mantienen bajo su control la planta cementera de La Cruz Azul en Tula de Allende, someten a los poco más de 200 extrabajadores de la empresa a condiciones infrahumanas de trabajo, teniendo que laborar diariamente sin el beneficio de pagos regulares, prestaciones, seguridad social o el equipo y las condiciones mínimas de seguridad para el desempeño de sus funciones.

El caso se remonta al 15 de septiembre de 2020, cuando según la denuncia presentada ante la FGR, el grupo que ahora se encuentra en posesión ilegal de la planta, modificó ilegalmente el procedimiento de despacho de cemento de la Cooperativa para que, con el producto de esa venta ilegal, se realizara la dispersión de esos recursos a empresas que facturan operaciones simuladas y/o con recursos de procedencia ilícita.

Según la investigación emprendida en su momento por la FGR, las operaciones de robo de cemento se habrían apoyado para la dispersión de los recursos en Lasoid Group S.A. de C.V., Pestore Comercializadora S.A. de C.V., Estudio Logístico Foráneo S.A. de C.V. y Loasis Connection Services S.A. de C.V. A la fecha, todas ellas presentan cuentas bancarias bloqueadas por la autoridad y lo mismo sucede con más de 30 ex-distribuidores de cemento, todos ellos con fuertes vínculos con la familia de Guillermo “El Billy” Álvarez Cuevas, actualmente prófugo de la justicia y con ficha roja de Interpol.

Al interior de la planta, mientras tanto, los trabajadores veían avanzar progresivamente el deterioro de sus instalaciones, lo mismo que sus condiciones de vida. Según fuente internas, los líderes, apoyados por sujetos armados que custodian día y noche las instalaciones, tácitamente los obligan a cubrir jornales sin pago, así como a tener que asumir la pérdida de sus condiciones formales de trabajo, con la única expectativa de apropiarse en definitiva de las instalaciones. Todo ello, en tanto los recursos provenientes de la planta son dispersados de forma ilícita y aplicados en movilizaciones para mantener el control ilegal de las instalaciones frente a las autoridades.

Asimismo y ante la falta de inversión en mantenimiento, se acentuó el deterioro de la infraestructura productiva, viéndose afectado el horno principal para la producción de cemento, el cual dejó de funcionar pocas semanas después de que el grupo disidente asumiera el control de la planta. Así sucedería también con los vehículos, revolvedoras y demás equipos que a la fecha son empleados para movilizaciones, operaciones ilícitas y la dispersión de recursos.

fgr