AMLO ve 'golpe de Estado técnico'; Piña aparta popularidad de instituciones

Con sus decisiones para frenar las obras del Gobierno federal, el Poder Judicial pretende imponer un “golpe de Estado técnico”, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar el amparo que se otorgó para suspender los trabajos del Tren Maya. 

“Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras, no se puede. Una cosa es que violen la Constitución —a ver, que me digan los ministros si no la están violando cobrando más que lo que cobra el Presidente— y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea, que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”, denunció. 

El juez primero de Distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo, concedió una suspensión definitiva para detener cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos 3 —que va de Calkiní a Izamal—, el 4 —de Izamal a Cancún—, el 5 Norte —de Cancún a Playa del Carmen— y el 6 —de Tulum a Chetumal— del Tren Maya.

El juez advirtió “que no se permita la remoción de la vegetación forestal, en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.

Ante esta resolución, el Presidente advirtió que las descalificaciones y las presiones en su contra van a aumentar.

“Cada vez, además, que vienen elecciones como la del domingo próximo, le suben el volumen. Les puedo garantizar que esta semana va a ser la de más ruido, porque vienen las elecciones, sobre todo la del Estado de México”, advirtió.

Agregó que incluso, hace unos días, la oposición llegó al extremo de solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara su destitución.

“Sí, un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró, Rentería, ese sí muy cercano al pensamiento fascista. Porque ya dije que no hay fascismo como pensamiento dominante, afortunadamente, en nuestro país. Pero ese planteó eso, de que se me destituyera, que la Corte me destituyera, y era tan absurdo que tuvo que retirarla, les echó la culpa a sus asesores. Pero vamos a seguir adelante transformando al país, limpiándolo de corrupción”, expuso el mandatario.

Agregó que la corrupción ha penetrado en el esquema social, provocando no una crisis, sino una decadencia.

“Es que, la verdad, estábamos inmersos en una decadencia. No era una crisis, era una decadencia, un proceso de degradación, degradación progresiva, cada vez peor, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo moral. Por eso no se puede hablar de crisis, sino de decadencia.

“Entonces, ¿cómo enfrentar una decadencia? Pues sólo con una transformación a fondo, arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, no hay más que eso. Y, afortunadamente, se está avanzando y de manera pacífica, sin violencia. Ahora van a haber elecciones el próximo domingo y estoy seguro que todo va a transcurrir en paz y la gente va a participar libremente”, confió.

No confundir legitimación con popularidad, dice Piña

En medio de las críticas que ha recibido desde el Poder Ejecutivo federal y la construcción de una reforma con la que Morena busca modificar la designación de las y los ministros, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, lanzó un llamado a distinguir la legitimación social que requieren las instituciones públicas, del uso que se hace de éstas para obtener aprobación social.

Al participar en la Ceremonia Conmemorativa del 25 Aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Piña Hernández mencionó que instituciones como las que radican en el Poder Judicial están sujetas a la constante aprobación y a la legitimación social.

Sin embargo, hizo hincapié en que se debe diferenciar entre este “necesario” aval entre la sociedad, y el “uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social”, pues recalcó que la “brújula” de ésta es el mandato que la ley da a la propia institución.

“En el camino, en la evolución y adaptación de nuestra Institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado, ni debe estar, en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales”, señaló.

Por otro lado, la ministra presidenta dijo a las y los defensores comprender que la cantidad de trabajo que deben atender es abrumadora, pero afirmó que se trabaja para fortalecer los mecanismos que hagan efectivo el acceso a la justicia.

“Los orígenes de esa dolorosa injusticia no están en nuestras manos. Si en cambio contenerla, eso ocurre en cada decisión que aquí se toma. El resultado de los juicios depende, en buena medida, de que ustedes defiendan los reclamos de las personas de manera ética, novedosa y creativa. Reten al derecho a ser más justo. Reten al sistema que invisibiliza y, frecuentemente ignora, los derechos de los más desaventajados”, exclamó.

Critica violencia afuera de la Corte; regresa plantón

Los participantes en la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excedieron el domingo pasado, porque no debieron retirar el plantón en el que se manifestaban quienes están en contra de los ministros y actuaron con prepotencia, consideró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que se actuó, de parte de los que marcharon, con prepotencia. Porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas”, consideró.

El Presidente se manifestó en contra de la violencia y la confrontación, porque, dijo, son el último recurso cuando se ha perdido la capacidad de diálogo.

“Hay que respetar eso, no creo yo que eso sea correcto; hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón; el que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer”, abundó.

Calificó a los participantes de autoritarios y subrayó que, pese a que la marcha fue impulsada por periodistas destacados, apenas congregaron a tres mil personas.

“Los conservadores son muy autoritarios, no diría fascista porque es distinto de México a lo que pasa en otros países. Los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, pero, sí, también con tendencia autoritaria, o sea, muy poco tolerantes. Ojalá y no pasen estas cosas, todo mundo tiene derecho a manifestarse. Ayer (domingo), a pesar de que Ciro Gómez Leyva y todos los medios convocan a las manifestaciones, pues de acuerdo al informe que tengo, tres mil personas, muy erizo. Tienen que echarle más ganas”, sostuvo.

No obstante, en menos de 24 horas los integrantes del Frente Internacional Obradorista, encabezados por su presidente, Monter Jacinto, regresaron al plantón. Reinstalaron su carpa, mantas y carteles, y su mesa para recolectar firmas para solicitar la destitución de la presidenta de la SCJN, Norma Piña.

“Ministros hacen valer la Constitución”

El PAN en el Senado reprochó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por acusar que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quieren dar un “golpe de Estado técnico” contra sus obras y proyectos.

“López Obrador abusa de las palabras acusando a la Corte de dar un ‘golpe de Estado técnico’. No señor Presidente, no es un golpe de Estado, lo que hizo la Corte fue hacer valer la Constitución.

“La Corte detiene su decretazo porque usted no quiere que haya transparencia, usted lo que quiere es que haya corrupción y que esa corrupción que inunda su gobierno no la conozcan las personas. Usted, Presidente, no quiere cumplir con los requisitos legales para hacer una obra”, aseguró la vicecoordinadora de la bancada, Kenia López Rabadán.

En conferencia de prensa, la legisladora resaltó que el primer mandatario prefiere la opacidad y la corrupción, ya que no quiere decirle a los mexicanos cómo se gastan sus impuestos.

“Ahora resulta que para López Obrador decirle a los mexicanos cuánto cuestan las obras, en qué se están gastando los impuestos, quiénes son los proveedores a los que se les están asignando los contratos, es un golpe de Estado. Qué manera de querer cambiar la realidad, cuánto daño hace este gobierno populista a los mexicanos y a las instituciones”, expuso.

Asimismo, acusó al Ejecutivo federal de generar violencia y división porque no quiere gobernar para todos.

“Por medio de arbitrariedades quiere hacer su voluntad y cuando no le sale, porque la Corte hace valer la ley, se molesta, echa a andar a sus seguidores y todo se vuelve un caos generado desde el Gobierno federal. (El) domingo, miles de mexicanos salieron a las calles (...) para defender la división de poderes, para reclamarle a López Obrador que respete la Constitución y exigirle que cese esta guerra contra las instituciones”, señaló.

También criticó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mida con dos varas a los manifestantes, pues mientras a unos les da facilidades, a otros “les manda granaderos”.

Lanzan iniciativa para blindar obras de la 4T

Luego de que ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de buscar imponer un “golpe de Estado técnico” al suspender las obras de su Gobierno, el diputado morenista Alejandro Robles formuló una iniciativa de ley para “proteger” las obras insignia de la administración ante las determinaciones de la Corte y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Bajo el argumento de que el derecho al acceso a la información no existe, el diputado federal, que en días pasados planteó “obradorizar” el Poder Judicial, presentó su propuesta, después de que la SCJN echó abajo el decreto con el que se declaraba a las obras como de seguridad nacional, concepto bajo el cual se han negado respuestas sobre el uso de recursos y otros detalles de los proyectos gubernamentales.

Para sostener la propuesta que expide la Ley para proteger las obras estratégicas del Estado mexicano, el morenista recurrió al concepto de “lawfare”, de la politóloga Arantxa Tirado, quien lo refiere como una “guerra judicial”, la cual ejemplifica con la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva en ese país.

Robles Gómez acusó que el Inai y la Corte son utilizadas por la “plutocracia nacional”, que ha emprendido una “guerra jurídica” contra el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es peor que el Inai y la SCJN se dejen usar por la oligarquía para frenar el desarrollo nacional y peor aún porque el pueblo de México es quien le paga no sólo sus salarios, sino también sus privilegios”, mencionó.

Al referirse a los gobiernos del PAN y del PRI, el morenista dijo que la “élite política” mexicana está “empecinada en mantener a los estados del sur en la miseria”, dado que es en esta región donde se encuentran proyectos prioritarios, como el Tren Maya.

“En concreto, el Inai, aduciendo un falso derecho a la información, y la SCJN, extralimitándose en su interpretación, tal como el ministro Zaldívar lo mencionó en sus disquisiciones sobre la inconstitucionalidad o no del decreto” presidencial del 22 de noviembre de 2021, dijo el legislador.

Su proyecto de ley consta de ocho artículos en los que se declara como de interés público y seguridad nacional la construcción, funcionamiento, mantenimiento y demás de los espacios, bienes y administración de servicios y polos de desarrollo para el bienestar de la población y obras a cargo del Gobierno de México asociados a transporte e infraestructura.

Dentro de éste no sólo incluye aquellas obras en dicha materia, sino también proyectos fronterizos, medio ambiente, salud “y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

En el último artículo, señala que no se considerará como de seguridad nacional la información derivada de la realización de las obras estratégicas del Estado mexicano.

También, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán otorgar, en un plazo máximo de 15 días, la autorización provisional, los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos y así garantizar su ejecución.

En caso de que no se haya emitido la autorización dentro del plazo señalado, ésta se considerará resuelta en sentido positivo.