Amnistía Internacional exige reabrir caso Acteal

Por Mael Vallejo

Amnistía Internacional convocó a las autoridades mexicanas a realizar una nueva investigación sobre la masacre de Acteal, Chiapas, en la cual mataron 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997.

“Es esencial que la masacre de Acteal se esclarezca inmediatamente, que se sancione a todos sus responsables a través de juicios justos y que se reparen los daños ocasionados”, señaló la organización no gubernamental en un comunicado de prensa.

Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional, aseguró que el caso de Acteal es otra muestra de las deficiencias del sistema de justicia mexicano, incapaz de realizar un proceso justo a los responsables de violaciones de derechos humanos. “Sin justicia, se está condenando a la comunidad al peligro de más violencia”.

Por ello, aseguró, se necesita que las autoridades realicen nuevas investigaciones para que se establezca la verdad y las responsabilidades a todos los niveles, incluyendo a funcionarios de alto rango y miembros del Ejército sospechosos de estar implicados en la masacre.

Según la organización, el 22 de diciembre de 199, en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, varias autoridades armaron a miembros de grupos ilegales o paramilitares responsables de los asesinatos y no evitaron la masacre a pesar de tener amplias oportunidades para hacerlo.

Añadió que la investigación de la masacre de Acteal por parte de la PGR resultó en sentencias condenatorias contra unos 80 individuos indígenas de comunidades vecinas implicados directamente en el ataque.

Entre ellos, 14 funcionarios menores purgaron sentencias de entre tres y ocho años de cárcel por homicidio y lesiones por omisión o por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, continúa AI, funcionarios de más alto rango y miembros del Ejército nunca han rendido cuenta de su implicación en el caso.

Exigen investigar a zedillistas

Senadores del PAN y PRD pidieron investigar a los funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo que, en 1997, fabricaron culpables de la matanza de indígenas en Acteal, Chiapas. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, señaló que lo más importante es que encuentren justicia aquellos que fueron asesinados en aquel tiempo, si hubo violación de derechos, detenciones e incluso invención de cargos.

Dijo que desde el Senado harán la exigencia de que se haga una investigación exhaustiva para encontrar a los culpables de la gente que fue brutalmente asesinada en 1997, “además que paguen los ex funcionarios responsables de aquella investigación”, sostuvo.

El senador perredista Rubén Velázquez se pronunció por resarcir el daño a los indígenas que fueron inculpados falsamente, así como a las familias de los afectados por el daño irreversible que sufrieron.

El senador por Chiapas consideró indispensable revisar además el sistema de procuración de justicia que existe en el país, pues recurrentemente se vulnera el derecho a la justicia de todos los mexicanos.

Calificó como positiva la determinación de la SCJN, “pues los ministros demostraron que el proceso judicial se desarrolló con serias irregularidades”.

Casos controvertidos

Ernesto Zedillo puso en PGR a Antonio Lozano, el primer panista con un alto cargo en un gobierno priista.

La vidente fue la última de los involucrados en dejar la cárcel.

Francisca Zetina, La Paca, fue acusada el 31 de enero de 1997 de haber sembrado restos humanos en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari, junto con otras siete personas, situación que involucró al gobierno de Zedillo en caso político-policiaco-esotérico.

El pasado 12 de agosto, la mayoría de ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte amparó y ordenó la liberación inmediata de alrededor de 20 indígenas que fueron culpados de la matanza de Acteal (1997) argumentando que la PGR fabricó evidencia para inculpar a los detenidos.

El 28 de junio de 1995 se llevó a cabo la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, a manos de la Policía Motorizada. En su momento se acusó al gobierno estatal, encabezado por Rubén Figueroa, de ser los autores intelectuales. En el primer aniversario se presentó el EPR.

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