Anticipan judicialización de la Ley Minera

La Ley Minera que aprobó la mayoría en la Cámara de Diputados puede incurrir en una contradicción constitucional, por lo que no se descarta que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la vía de la acción de inconstitucionalidad o de los amparos, concidieron expertos consultados por La Razón.

Abogados explicaron que la ruta para que esta legislación se judicialice puede ser tanto por fallas en el proceso legislativo mismo, como por el “choque” entre una ley secundaria con la Carta Magna.

El constitucionalista Francisco Burgoa dijo que la iniciativa presidencial es discutible, aunque no por el tema de la nacionalización, ya que el artículo 27 constitucional ya contempla que todo lo que se halle en el subsuelo es propiedad del país.

Sin embargo, señaló que en el 28 de la Carta Magna se menciona el tema de los monopolios; “entonces, que en una ley se pretenda decir que se va a considerar monopolio todo lo relacionado con litio a cargo del Estado, eso sí es un tema de discusión para que llegue a la Corte y determine si es o no es inconstitucional”.

Gerardo Carrasco, especialista en litigio constitucional, expuso que hay un gran desconocimiento de lo que se discute en torno a la Ley Minera, como se evidencia en las redes sociales de los legisladores que presumen que nacionalizarán el mineral: “el litio ya está nacionalizado, ya pertenece a la nación, la nación ya tiene el dominio directo de minerales”.

Dijo que un elemento al que se debe prestar atención, porque podría derivar en amparos por la contradicción que implicaría, es el que se refiere la exclusividad del Estado para explorar, explotar y aprovechar el litio, excluyendo a los particulares, ya que eso sí tiene trascendencia jurídica.

Señala que el párrafo 27 constitucional establece que si bien corresponde a la nación el dominio directo sobre minerales, en el sexto establece que son válidas las concesiones para explotación, uso y aprovechamiento, con excepción de materiales radiactivos, de modo que la nueva ley limitaría lo que establece la Carta Magna.

“Con esto están delimitando este derecho que ejercen los particulares en términos de la Constitución para explorar, explotar y aprovechar el litio, y le están dando un tratamiento de mineral radiactivo, en términos de la Ley en Materia Nuclear. Esto pudiera implicar una contradicción entre la nueva redacción de la ley y la Constitución, y en caso de que particulares soliciten concesiones, (si son) negadas con base en estas nuevas disposiciones, tendrían derecho a acudir al amparo por una contradicción”, explicó.

Fernando Dworak, especialista en temas legislativos, coincidió en que existen dos rutas para que la nueva ley llegue a la SCJN: tanto por la falta de fundamentación constitucional como por las faltas en el proceso legislativo, que, estimó, han sido una de las principales fallas.

“La ley se judicializaría si hay fallas en el proceso legislativo y en la constitucionalidad de la misma, tiene muchas posibilidades de que llegue a ese punto”, dijo.