Avanza ley contra negocios “fantasma” y “factureras”

Diputados de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia aprobaron por mayoría, en lo general y en lo particular, con 33 votos a favor de Morena, PT y MC, seis en contra del PAN, PRI y PRD y dos abstenciones, el dictamen a la minuta del Senado, con proyecto de decreto, que propone sancionar a las empresas “fantasma”, es decir, aquellas personas físicas y morales que facturan operaciones inexistentes, con el propósito de aplicar efectos fiscales, de manera ilegal, en beneficio de otros contribuyentes.

La minuta plantea considerar como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, que ameritarán prisión preventiva oficiosa, que son: el contrabando y su equiparable cuando sean calificados, la defraudación fiscal y su equiparable cuando sean calificados y el monto de lo defraudado supere los 7.8 millones de pesos.

Los legisladores de MC emitieron sus votos a favor en lo general, pero con reservas en prisión oficiosa y seguridad nacional; las abstenciones fueron de Martha Ramírez (Morena) e Iván Pérez (PES).

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En entrevista con La Razón, Ramírez Lucero aclaró que está de acuerdo con la reforma, pero “debemos hacer un trabajo legislativo más meticuloso, delincuencia organizada y seguridad nacional debió hacerse vía la Constitución, además de que el monto por 7.8 millones de pesos, son temas delicados, mi idea es que podamos discutir con más precisión estos temas.

“Como vi que no había intención de posponer el tema, propondré mis reservas, la intención es excelente, tenemos todo para hacer un buen trabajo sin precipitaciones, no con un bazucazo, que espero, no sea la Corte la que nos corrija la plana, dijo.

Uno de los 33 votos en contra fue el de la morenista Lorena Villavicencio, quien argumentó que “el dictamen va en contra de la Constitución”.

La minuta será sometida hoy a la discusión y votación del pleno, y de acuerdo al coordinador de Morena, Mario Delgado, se aprobará como lo envió el Senado.

El dictamen establece sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además, se sancionará con las mismas penas al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

“Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 del  Código Fiscal”, indica el documento.