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Pese a las pruebas del caso, sigue sin haber procesados por el homicidio del juez Foto: Especial

Tres funcionarios del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, investigados por el asesinato del Juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ocurrido en agosto del año pasado, fueron destituidos e inhabilitados por 20 años para el ejercicio de la función pública.

Se trata de los funcionarios que —como La Razón lo reveló— cometían una serie de irregularidades en dicho juzgado y visitaban  a diversos reos en el penal de máxima seguridad del Altiplano sin tener motivos para hacerlo.

Ayer, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que esta sanción administrativa fue tomada por la Comisión de Disciplina la cual encontró elementos suficientes para acreditar irregularidades en el desempeño de las funciones de estos tres servidores públicos,

“Esta instancia del CJF actuó con todo profesionalismo y rigor en las investigaciones administrativas, como lo mandata la Constitución y la normatividad de este cuerpo colegiado. La decisión de la Comisión de Disciplina puede ser recurrida internamente”, precisó el CJF.

  • El Dato: Bermúdez Zacarías tenía apenas dos meses en su cargo cuando descubrió las irregularidades cometidas por su antecesor y dos actuarias.

En su momento La Razón reveló que las investigaciones iniciadas a raíz del homicidio del juez Bermúdez Zacarías involucraban a las actuarias del Juzgado Ana Lilia Coyote Colín y Mayumi Guadalupe Sánchez, esta última esposa del juez Jorge Arturo Porras Gutiérrez, antecesor de Bermúdez Zacarías en la titularidad del Juzgado Quinto.

El juez las denunció y con ello frenó las visitas a los capos, lo cual es la principal línea de investigación de su muerte.

Fue en mayo de 20016 cuando Bermúdez Zacarías detectó las irregularidades en el juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Tenía apenas dos meses de haber llegado al cargo.

De acuerdo con un reporte de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PJEM), al que La Razón tuvo acceso, tras ser nombrado titular del juzgado, Bermúdez Zacarías presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Bermúdez Zacarías descubrió que su antecesor enviaba a su esposa a llevar notificaciones a reos en el penal del Altiplano, pero aprovechaban esta situación para visitar a otros internos que nada tenían qué ver con lo que iban a hacer.

Según su queja, Porras Gutiérrez también mandaba a su chofer a realizar estas notificaciones y visitas irregulares al penal y le proporcionaba lo necesario para que se presentara como actuario. Poco tiempo después el juez fue ejecutado.