Coordinación de esfuerzos, base del éxito contra el crimen: PGR

Notimex

En materia de seguridad, el Gobierno Federal mantiene una política de Estado con líneas de acción general, en donde se requiere de la coordinación y la participación de autoridades locales para combatir con mayor eficacia el crimen organizado, “que tiene orígenes y particularidades en cada región del país”, afirmó el titular de la PGR.

Durante un diálogo con representantes de los medios de comunicación, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, sostuvo que el deterioro del tejido social es la base del problema de violencia en diferentes regiones del país, donde la falta de valores y oportunidades para los jóvenes los hace vulnerables ante las organizaciones criminales.

En su experiencia, el crimen organizado actúa de manera violenta dentro de “una guerra intestina” entre las bandas, la cuales utilizan la violencia extrema para hacerse respetar, “pero con tres objetivos básicos: el primero de ellos es amedrentar y generar temor entre la sociedad, el segundo es el intento de desestabilizar a la autoridad, y el tercero es abrir espacios de impunidad para seguir cometiendo delitos”.

Sin embargo, aclaró que “sería aventurado decir o pensar que en el corto plazo se va a controlar la situación de violencia en el país, porque se trata de un problema que se gestó durante muchos años, quizás décadas y la solución llevará su tiempo”.

Arturo Chávez aseguró que entre los delincuentes y jefes de las bandas, que buscan poder económico y control territorial, reclutan a los jóvenes con pocas oportunidades de educación, en situaciones sociales difíciles.

Dijo que en Ciudad Juárez la situación es similar a la de los Maras en El Salvador, “donde la renovación de los cuadros delictivos es muy rápida, porque utilizan la violencia y la muerte como una forma de escalar las posiciones dentro de las organizaciones y el control del territorio, así como del mercado de las drogas”.

Puso como ejemplo similar la urgencia de atacar a las bandas criminales con una herida y señaló que cuando una persona sufre un accidente, lo primero es detener una hemorragia por todos los medios, “y en el caso de la seguridad el primer momento en que se comenzó a atacar al crimen organizado fue con toda la fuerza del Estado, con la participación de las policías, la Armada de México y el Ejército Mexicano”.

Sin embargo, aclaró que esa estrategia no puede ser permanente, sino que debe haber cambios de tácticas y que a la par se deben fortalecer las instituciones del Estado Mexicano, como se hizo con la Policía Federal, que en los primeros tres años de la actual administración se duplicó su Estado de Fuerza.

Hubo un segundo momento, a su parecer, con la promulgación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal, y las reformas a la Policía Federal, así como a la Ley Orgánica de la PGR, “lo que hace a las instituciones más eficaces”.

El funcionario advirtió que “no se puede pensar que el problema de la violencia se va a acabar con la presencia de la autoridad en las calles, se requiere de acciones en varios frentes y el primero es atacar las estructuras económicas y financieras de los criminales, en los ámbitos financieros, bursátiles e inmobiliarios, para afectar sus finanzas y su poder de operación”.

El titular de la PGR reiteró que el otro elemento básico es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y recordó que en el caso de la Ciudad de Tijuana, Baja California, las condiciones sociales eran muy similares a las de Ciudad Juárez y la coordinación dio resultados favorables.

Tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez, dijo, eran centros de diversión de ciudadanos de Estados Unidos, donde había centros de vicio, conexiones fronterizas, centros de maquila, así como otras actividades económicas y sociales similares que eran propicias para el desarrollo de criminales, pues además en ambas ciudades se asentaron líderes de los más importantes carteles de la droga como los hermanos Arellano Félix y los Carrillo Fuentes.

Por ello, reiteró, los gobiernos locales deben definir, con base en sus características propias, las acciones y estrategias de combate a la criminalidad, para que en coordinación con la autoridad federal y municipal se pongan en marcha programas eficaces.

vms