Debido Proceso

Héctor Guarneros Rubio - Foto: David Saúl Vela

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Héctor Guarneros Rubio perdió trabajo y familia. José Eugenio Álvarez Gil, su ex jefe y dueño de Distribuidora de Lácteos Algil, lo acusa de un fraude contra la empresa por 2.3 millones de pesos.

Y aunque uno de los clientes de la productora de lácteos reconoce que no hay tal fraude y asume como propio el adeudo, una funcionaria de la procuraduría capitalina se ha empeñado en llevar a prisión a Guarneros Rubio, de 65 años.

“Se me hace una burla de las autoridades, y una falla grave al debido proceso, pues no han valorado jurídicamente las constancias y siguen atropellando los derechos de una persona honrada y trabajadora.

“El único error del señor Héctor Guarneros es haber trabajado para una banda de delincuentes”, aseguró a La Razón Julio Mejía, abogado defensor de este hombre de la tercera edad.

Además, supuestos fraude por los 2.3 millones de pesos, Distribuidora de Lácteos Algil inició otra querella por abuso de confianza, pidiendo la devolución de un automóvil que era pagado por el propio Guarneros.

El vehículo, y dos teléfono celulares que usaba el hombre para realizar sus labores cotidianas, están a disposición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde Guarneros inició un juicio labora por el despido injustificado.

Dicha situación ha sido ignorada deliberadamente por Patricia Jaqueline Silva Quintana, agente del Ministerio Público de la coordinación territorial MH-4, quien dio entrada a esta segunda querella y, violando la orden de un Juez Federal, la consignó el 21 de mayo pasado.

Guarneros, sin trabajo, sin dinero y separado de su familia, está enfrentado a Distribuidora de Lácteos Algil, productora de más de 180 productos bajo marcas como La Esmeralda, El Ciervo, Mariposa y Bon Swiss, entre otros.

Entre sus clientes están las trasnacionales como Walmart, Sam´s Club, Comercial Mexicana, Costco, Chedraui, Soriana, City Club, Pizza Hut y Dominos Pizza, según destaca en su página de Internet.

El calvario para Guarneros inició en agosto de 2010 cuando, laborando para la citada empresa como vendedor, tuvo que regresar una mercancía de uno de sus clientes mayoristas, identificado como José Antonio García Santillán.

Con la anuencia de José Eugenio Álvarez Gil, dueño de la empresa, se cambió el producto pues se detectó que tenía hongos y mordeduras de rata.

Como mayorista, García Santillán tenía un crédito por 2.3 millones de pesos por parte de Distribuidora de Lácteos Algil, el cual dejó de pagar cuando se volvió una constante que le mandaban la mercancía echada a perder.

Ello motivó que José Eugenio Álvarez Gil exigiera al vendedor Héctor Guarneros, el pago del dinero que “su cliente” le adeudaba a la empresa.

El hombre de 65 años, con un ingreso por comisión, se negó a pagar esa deuda que no era suya. Pero bajo amenaza de muerte, amigos de Álvarez Gil lo obligaron a firmar un pagaré por la citada cantidad.

El pagaré era una copia de un documento que también firmó Santillán, quien en entrevista con La Razón reconoció el adeudo y fue más allá: “Sí, yo debo ese dinero, pero no me han venido a cobrar, a mi no me han molestado”.

El distribuidor se dijo dispuesto a resolver el problema con Distribuidora de Lácteos Algil. “No sé porque le cobran al señor Guarneros, el de la deuda soy, yo y aquí estoy, no me escondo, que vengan a cobrarme”, insistió.

El 5 de noviembre de 2010, a Guarneros ya no se le permitió el acceso a su centro de trabajo y se le notificaron de palabra que estaba despedido. La empresa también inició una denuncia por fraude por 2.3 millones de pesos.

De inmediato Guarneros promovió un juicio laboral, que quedó radicado en el expediente 10/90/2010. A disposición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje quedó un vehículo Nissan Sentra, modelo 2008 (que está resguardado en una pensión) y dos teléfonos celares que utilizaba para sus labores.

La unidad, de mutuo acuerdo entre Guarneros y la empresa, se adquirió y las mensualidades iban a ser pagadas por Guarneros, sería usado para cuestiones de trabajo y una vez liquidado se le quedaría al empleado.

Sin embargo la empresa desconoció el acuerdo firmado y, al saber que Guarneros la demandó por despido injustificado, promovió de inmediato la segunda denuncia penal radicada en el expediente FMH/MH-1/T2/347/11-01, por abuso de confianza.

Guarneros promovió el juicio de amparo 542/2012 en el Juzgado Segundo de Distrito, quien concedió la suspensión provisional y ordenó con el efecto de que la Ministerio Público se abstuviera de ejercer la acción penal, hasta en tanto no se resolviera el juicio de amparo.

Pese a que no se ha resuelto el asunto, la agente del Ministerio Público consignó el 21 de mayo la averiguación previa contra Guarneros por abuso de confianza equiparado.

Ello ha propiciado a que Guarneros prepare ya una denuncia penal contra la Ministerio Público, Patricia Jaqueline Silva Quintana.

“Estamos estudiando la posibilidad de denunciar a la MP por diversas irregularidades y omitir información al Juez Federal en uno de los juicios de amparo”, dijo el litigante y aseguró que se pedirá que el caso sea resulto por otro Ministerio Público de la procuraduría capitalina.

Además, pidió la intervención del procurador de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, para que evite que se signa violando los derechos de Guaneros y se actúe con forme a derecho.

jcp