Determinará SCJN si existe desorden en guarderías

Notimex

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudó la discusión sobre el caso del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y este miércoles abordó el tema del desorden generalizado que existe en las guarderías del IMSS en todo el país, como concluyó la investigación de la comisión.

El ministro Arturo Zaldívar presentó su posición respecto de este punto, en el que respaldó las conclusiones a las que llegaron los magistrados encargados de la indagatoria, acerca de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha omitido vigilar que los prestadores de servicios cumplan con la normatividad necesaria para operar.

Recordó que de acuerdo con los resultados de la comisión investigadora, una muestra de 160 guarderías de un universo de más de mil 700, sólo 14 cuentan con contratos suscritos con todos los requisitos de la ley, de los cuales 11 fueron regularizados después de celebrado el contrato, en tanto que al resto de la muestra le falta al menos un documento.

Zaldívar dijo que tratándose de que los usuarios de estos servicios son niños, especialmente vulnerables, es lo que provoca que el incumplimiento de las medidas de seguridad sea particularmente grave e intolerable.

En su oportunidad, Sergio Aguirre Anguiano consideró que en la investigación no hay prueba alguna de un desorden generalizado en las guarderías del país, además de que las auditorías practicadas son insuficientes, lo que no prueba que los hechos de la guardería ABC sean resultado de esta falta de orden.

Dijo que dicha conclusión "está basada en una falacia de generalización", y que los riesgos e incidencias indicaría que podría ocurrir una tragedia similar en los universos de guarderías señaladas.

A su vez, Ramón Cossío, no obstante de haber manifestado estar de acuerdo con el proyecto, discrepó del desorden generalizado, pues apuntó que de esta manera debían establecerse muchas más consecuencias y muchas más responsabilidades, y no solamente algunos involucrados.

Sin embargo, reconoció que de haberse cumplido con la normatividad, los daños hubieran sido mucho menores, y que "el cumplimiento de todos los esquemas, sin duda hubieran minimizado el daño y el número de personas afectadas".

agp