Detiene FGR a Murillo Karam; va por 83 más: militares, policías...

Un día después de que en el Gobierno federal declaró que la desaparición de los 43 normalistas en 2014 fue un crimen de Estado, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

En una breve tarjeta informativa, la Fiscalía detalló que elementos de la dependencia cumplieron “la orden de aprehensión solicitada por esta Institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús “M”, quien fuera procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa”.

La diligencia, aclaró, se llevó a cabo en el exterior del domicilio del exfuncionario (en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo) “sin ningún problema; ya que colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”.

El también exgobernador de Hidalgo fue trasladado a la FGR para certificar su aprehensión y posteriormente sería puesto a disposición de un juez. La audiencia inicial se efectuará este sábado, en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, a partir de las 9:00 horas, para que le sean imputados los ilícitos de los que se le acusa.

Fuentes consultadas indican que es posible que se le dicte prisión preventiva debido a la naturaleza de los delitos, así como a su capital económico y político.

El 27 de enero del 2015, en una conferencia de prensa, el entonces procurador planteó la “verdad histórica”.

“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese orden. Ésa es la verdad histórica de los hechos”, dijo en aquel momento.

El jueves, al presentar el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, fue un “crimen de Estado”, que involucró tanto a autoridades federales, locales e integrantes del crimen organizado.

Con esta declaración, el Gobierno federal asumió institucionalmente que la “verdad histórica” presentada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó qué fue lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014.

Encinas Rodríguez mencionó que algunas autoridades estatales y federales fueron omisas y negligentes, al alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a los hechos.

Entre las conclusiones del caso, mencionó que las autoridades tuvieron conocimiento de cada paso que dieron los estudiantes el día de los hechos, y sus acciones y omisiones permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes.

Además, la Comisión corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.

Exlegislador y exgobernador por el PRI, dirigó la PGR de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del gobierno de Peña Nieto. Dejó el cargo cinco meses después del crimen, entre las constantes peticiones de los padres de los estudiantes para que fuera arrestado.

Consultado al respecto, el especialista en seguridad, José Andrés Suamano dijo que lo positivo con la detención es un avance en la investigación respecto a lo que ocurrió con los 43 normalistas y con el proceso que se siguió después, aunque dijo que fue un movimiento político.

“Se le está juzgando por los errores y abuso de la investigación. Qué bueno que estén reclamando a cuentas a los que estaban encargados de la procuración de justicia”, dijo.

Fiscalía va también contra mandos y tropa militares

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores, relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, incluido personal del Ejército.

Se trata de 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

La Fiscalía resaltó que las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.

En su edición de ayer, La Razón dio a conocer que en la presentación del último informe del caso, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que entre los 43 desaparecidos había un soldado infiltrado entre los jóvenes y elementos del Ejército pudieron haber evitado su desaparición.

Julio César López Patolzin estaba bajo el mando directo del teniente de Infantería Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón, “y desapareció, junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”.

La decisión de abandonar al soldado infiltrado es responsabilidad de un mando, que tendrá que rendir cuentas de su omisión, aseguró Encinas Rodríguez.

Cuestiona informe decisiones de 7 jueces y fragmentación de litigios

El Gobierno federal, en el informe que entregó sobre el caso Ayotzinapa cuestiona las decisiones tomadas por, al menos, 7 jueces, en el apartado que denomina “Obstáculos de la investigación”.

El jueves, al dar a conocer el informe, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dijo que las irregularidades en torno al Poder Judicial, no solamente no permiten tener una jurisdicción única para atender el caso, sino que lleva a burocracia, a trámites administrativos y a criterios diferenciados entre los jueces.

“Hay jueces que consideran que el delito de desaparición forzada prescribe cuando está claramente establecido en nuestra legislación que este delito grave de violación a los derechos humanos no prescribe”, destacó.

Un ejemplo es el juez Gabriel Domínguez, del Noveno Distrito en Iguala, quien liberó en noviembre de 2019, tras el pago de una fianza de 10 mil pesos, a Marco Antonio “N”, quien había sido deportado de Estados Unidos y detenido en la frontera norte, y en enero de 2022 modificó una medida cautelar a un policía federal, también vinculado al caso, para llevar en libertad su proceso.

También se refiere al caso del juez Samuel Ventura, en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables por la desaparición, por haber sido torturados; Enrique Beltrán Santes, del Estado de México, ha demostrado desconocimiento sobre el desahogo de testigos con reserva de identidad;, refiere; José Álvaro Vargas Ornelas, en Guerrero, se niega a conocer los asuntos que se le presentan, apunta.

Igualmente, agrega, el Juez César Chávez, en Guerrero, no asume el delito de tortura; Alejandro López Cruz, en Colima, considera que el delito de desaparición forzada es prescriptible; el Juzgado Tercero de Morelos realiza interpretaciones equivocadas, y la magistrada Lambertina Galeana, en Guerrero, ordenó la destrucción de los videos tomados por las seis cámaras exteriores del Palacio de Justicia de Iguala —en donde se podrían ver claramente los hechos— al referir que no eran claros y tenían problemas técnicos.

Por otra parte, da cuenta de la fragmentación de los casos que se encuentran ante el Poder Judicial: en Tamaulipas (10), Estado de México (cinco); Guerrero (cinco), Ciudad de México (cuatro); Colima, Morelos y Querétaro, uno cada uno. 

De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), hasta el momento existen 28 causas penales vinculadas con lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, en dos sistemas procesales distintos, con criterios diferenciados y discrecionales de los jueces en la interpretación de los hechos, lo que ha generado trabas burocráticas y administrativas.

En entrevista con La Razón, expertos señalan que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de concentrar en un sólo lugar la investigación.

El abogado Juan Velásquez dijo que es incorrecto y hasta contradictorio que un caso como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa esté regado en varios juzgados, pues si fue un compromiso del Gobierno federal, la FGR debe investigarlo bajo un mismo criterio.

“A mí no me parece que el asunto de Ayotzinapa debiera de estar en muchos juzgados, porque a final de cuentas la FGR es la que lo está investigando y por ello, debe atraerlo todo en conjunto sin dejar casos en estados, pues para eso lo analiza y también por eso se creó una fiscalía especial”, explicó.

Por separado, Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, aseveró que la FGR tiene la facultad de atraer todos los casos que se encuentren en los juzgados para investigarlos en uno solo, debido a que el fuero federal está por encima del local.

“Si hay elementos suficientes para todos esos elementos que se están manejando para que la FGR los atraiga, debe decretar un acuerdo para atraer los expedientes, pero sí se puede hacer. Ha sido un error no hacerlo, ya que da la pauta para diversificar los criterios incongruentemente y dar lugar a la impunidad”, dijo.

Por otra parte, mencionó que la corrupción de jueces es recurrente en el país y ha sido un problema desde hace años que no termina: “Ha sido un fenómeno que ha lesionado la justicia a nivel nacional, porque la corrupción no se ha quitado. Ese tipo de corrupción de jueces es recurrente en el país y lesiona al sistema”.

Padres de los normalistas rechazan informe oficial

A 24 horas de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), presentara el informe del caso, padres de los 43 normalistas se dijeron a disgusto y rechazaron avalar el documento, al aseverar que no hay pruebas científicas de que sus hijos no estén con vida; además, cuestionaron que sin detenidos, no tiene caso que se diga que fue un crimen de Estado.

“Estamos indignados y no podemos permitir algo sin pruebas científicas, No podemos avalar algo que ellos políticamente ante la ciudadanía están dando, lo nuestro no es político es esclarecimiento de los hechos. Pensamos que confían demasiado en su testigo protegido, El Gil, pero puede estar mintiendo para salvarse de la acción de las autoridades”, aseguró María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo.

En octubre de 2021, la CoVAJ dio a conocer un documento que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que refiere comunicaciones del 26 de septiembre de 2014 —fecha de desaparición de los normalistas— hasta el 4 de octubre, en el que Francisco Salgado Valladares, comandante de la Policía Municipal de Iguala con Gilberto “N”, El Gil, jefe de Guerreros Unidos revela la detención de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En este contexto, María de Jesús Tlatempa aseguró que no se puede concluir que los estudiantes se encuentren sin vida, pues es un informe preliminar, por ello los expertos deben analizarlo previo a cualquier declaración, ya que desconocen los chats de los que hablaron en la presentación del informe.

“No podemos aceptar el informe de gobierno cuando es solamente de un testigo que da su declaración, no sabemos con qué finalidad quiera dar ese testimonio, ya que sabemos que es protegido, pero puede decir para beneficiarse nada más sin decir la verdad”, indicó.

La madre de José Eduardo Bartolo dijo que una de las principales peticiones que han realizado es la extradición de Tomás Zerón de Lucio, pero hasta el momento no se ha logrado nada, aparte que de nada sirve que digan que es un crimen de Estado, cuando ni siquiera hay responsables. “No sabemos qué ha investigado (el fiscal Alejandro) Gertz Manero, por ello mientras no traigan a Tomás Zerón (extitular de la extinta Agencia de Investigación Criminal) y diga las cosas estaremos confiando, pues es irrelevante que digan que es un crimen de Estado”, detalló.

Además, comentó que no desean reparación de daño, sino saber qué fue lo que pasó y el paradero de los estudiantes, pues en la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador no los dejaron hablar, no les pasaron el micrófono y sólo se dedicaron a escuchar el mensaje del Ejecutivo.

“Nosotros pensamos que el Presidente ya cambió; vamos a seguir en las líneas de investigación porque para nosotros no termina ya que son ocho años que no sabemos nada de ellos”, aseveró.

Por su parte, Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, calificó como lamentable la información que dio el Gobierno federal al señalar que no hay indicios que los jóvenes sigan con vida, ya que todas las evidencias acreditan que fueron asesinados.

“No estoy de acuerdo que estén muertos los jóvenes. Hay que agotar todas las líneas de investigación y se quieren salir por la tangente porque se aproxima otro año más sin avance. El gobierno tiene todo para echarle guante a todos los responsables ¿por qué no lo ha hecho? ¿Quiénes son los 33 implicados? Que digan donde están”, manifestó a La Razón el padre de Jorge Antonio.

Detalló que, en su opinión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere impresionar a sus seguidores, al pueblo mexicano y a la comunidad internacional.

“Tenemos a Salvador Cienfuegos libre, igual Tomás Zerón quien era titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) está en Israel”, señaló.

AMLO: caso no está cerrado; falta judicializar denuncias

El informe presentado el jueves sobre el caso Ayotzinapa no representa que se cierre la investigación, pues aún debe llevarse ante los jueces a quienes fueron responsables, incluidos los malos elementos del Ejército que actuaron ese día, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Desde luego, el caso no está cerrado, ayer (jueves) se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho, porque el grupo que trabajo y espero que lo siga haciendo”, afirmó en conferencia.

El primer mandatario no descartó que se insista en la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quien se refugió en Israel. También demandó que se castigue a los elementos de las Fuerzas Armadas que hayan incurrido en algún hecho ilícito, pues de lo contrario, sí se afectaría a la institución.

“No se termina el proceso, es un informe más, esto no prescribe, este tipo de delitos no prescriben. Yo siento que debe de tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace deslinde y se castiga a los responsables, se afecta a una institución cuando se ocultan las cosas”, indicó.

Reconoció que este informe pudo resultar doloroso para las familias de los estudiantes, por lo que, dijo, al reunirse con ellos les expresó su solidaridad, su dolor y tristeza por las conclusiones que presenta, sobre todo porque no hay indicios que hagan suponer que se encuentran con vida.

“Es algo muy triste, mucho muy doloroso para los padres, para las madres, escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese. Los abrazamos, no así de manera directa, pero sí les expresé mi dolor, mi tristeza”, manifestó.

López Obrador les dijo que habría castigo para los responsables, “y también les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque el dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables ayuda para la no repetición, que nunca más se den estos hechos”.