Detienen a René Gavira, cerebro de desfalco
millonario en Segalmex

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, acusado de participar en el desfalco por más de 15 mil millones de pesos en el organismo.

La aprehensión se llevó a cabo tras una larga investigación y, de acuerdo con la FGR, los abogados y familiares del acusado manifestaron el deseo Gavira, identificado como el cerebro de la operación de la mayoría de las irregularidades del caso, de entregarse a la justicia y someterse al proceso correspondiente.

Lo anterior se cumplió ayer, cuando el exdirector de Administración y Finanzas se presentó poco antes del mediodía a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se cumplimentó la primera de seis órdenes de aprehensión en su contra, relacionadas con distintos casos de corrupción en Segalmex y sus filiales, Diconsa y Liconsa. 

La orden de captura de ayer se refiere al caso de 700 millones de pesos del patrimonio de Liconsa, del que presuntamente autorizó ilegalmente que se compraran certificados bursátiles de alto riesgo, a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, la cual no estaba regulada ni fiscalizada por la Secretaría de Hacienda. Por ello, le atribuye el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

El imputado fue puesto a disposición del juez que pidió su captura, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, donde seguirá el procedimiento. Las demás órdenes de aprehensión se irán cumplimentado conforme avance el proceso.

Hasta ahora hay 32 carpetas de investigación por el desfalco a Segalmex, por lo que han sido detenidas 26 personas, excepto el exdirector de la dependencia, Ignacio Ovalle, que sólo ha sido señalado por omisiones en el fraude. 

Incluso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en junio pasado que el desfalco “ha sido el caso más escandaloso” de corrupción en la actual administración, por lo que se comprometió a combatir el delito, pero aseguró que Ovalle fue engañado por sus colaboradores y restó peso a su responsabilidad.

Entre otras acusaciones, a Gavira Segreste se le señala por celebrar contratos ilegales y pagos ilícitos por 142 millones de pesos, por presuntamente adquirir 7.8 toneladas de azúcar, pero que nunca se pudo comprobar su entrega.

Además, de la pérdida de mil 687 millones de pesos tras la entrega de leche bronca a sus proveedores y el incumplimiento de éstos para procesar la materia prima en crema y leche en polvo.

En agosto pasado se dio a conocer que está relacionado también con una querella de la Secretaría de Hacienda, ya que no reportó dos millones 37 mil pesos por concepto de ISR en 2019.

En junio del 2020, René Gavira dejó el cargo, entre los señalamientos de corrupción, y en marzo del 2022 la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el hijo de Gavira adquirió un departamento en San Antonio, Texas, que pertenecía a la hermana del director de Coprolac, empresa beneficiada por Liconsa con tres convenios multimillonarios para el secado de leche.

Bajo su gestión, proveedores de la canasta básica de Diconsa depositaron el tres por ciento de los contratos que ganaban en las cuentas de Film & Marketing, una empresa fachada; el “moche” fue solicitado por la Dirección de Finanzas que encabezaba Gavira. 

Por cohecho, 319% más sancionados con EPN

En lo que va del sexenio actual han sido sancionados 12 mil 748 servidores públicos, mientras que en igual periodo del sexenio pasado fueron 58 mil 952, lo que representa que en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 319 por ciento más trabajadores castigados (cuatro veces más).

Entre las causas de sanción están negligencia administrativa, incumplimiento en la declaración de situación patrimonial, violación de leyes y normatividad presupuestal, procedimientos de contratación y ejercicio indebido de funciones.

La administración actual, una de cuyas metas es el combate a la corrupción y a los malos funcionarios, registró su cifra más alta de penalizaciones en el 2019, con tres mil 677, y en lo que va del año, hasta el 29 de septiembre, suman mil 428.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la que tuvo acceso La Razón, la administración de Peña Nieto reportó el mayor número de sanciones a funcionarios en los últimos cuatro sexenios, con 58 mil 952.

En 2013 fueron 10 mil 495; en 2014 el de más casos, con 16 mil 660; en 2015 hubo nueve mil 960; 2016, ocho mil 355; 2017, siete mil 894, y 2018, cinco mil 588.

Al respecto, Arturo Espinosa, profesor de la Universidad Panamericana y abogado, afirmó a La Razón que “el combate a la corrupción en este Gobierno es totalmente nulo; es un discurso del Presidente en el cual se justifica, porque fue parte de sus promesas de campaña, y es en lo que él dice que es diferente, pero en los hechos se ha abandonado y basta con ver los temas en los que anteriormente al menos se hacía una investigación”.

Opinó que hay un retroceso amplísimo en el combate a la corrupción, pues de entrada, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado poco antes del sexenio de Peña Nieto, está totalmente desmantelado, y el tema “está totalmente ausente de la agenda, perdido, desaparecido, el Gobierno no le da prioridad”.

Durante el Gobierno de la 4T destacan las sanciones e inhabilitaciones de la SFP, todas por 10 años, a los extitulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda, Luis Videgaray; de Desarrollo Social, Rosario Robles, extitular de la Secretaría, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.

No obstante, en el presunto desfalco por más de 15 mil millones de pesos a Segalmex, organismo creado en este sexenio, no han sido sancionados funcionarios de alto nivel, a pesar de los señalamientos en contra de su exdirector, Ignacio Ovalle.

Según la SFP, durante el gobierno del panista Felipe Calderón fueron sancionados, suspendidos, inhabilitados y sancionados 38 mil 219 servidores públicos, y con Vicente Fox fueron 26 mil 101.

Arturo Espinosa acusó a López Obrador de utilizar el discurso de combate a la corrupción con multas políticas para denunciar al pasado, pero que calla cuando esta problemática proviene de su propio Gobierno, como en Segalmex.

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FGR